La comunidad amazónica de la reserva natural del Yasuní que acabó dividida por el petróleo

Llanchama, la comunidad de la Amazonía ecuatoriana que más fuertemente se opuso a la llegada de las petroleras a la reserva natural del Yasuni, es hoy un territorio dividido. La compañía estatal Petroamazonas consiguió que los habitantes de este poblado a orillas del río Tiputini, dentro del Parque Nacional Yasuní, accedieran a la explotación petrolera.

Convencidos por las promesas de empleo e inversiones sociales, los moradores de Llanchama votaron a favor de la entrada de la industria del crudo a su territorio en el proceso de consulta previa organizado por el gobierno ecuatoriano, que planea obtener el primer barril de la reserva en julio.

Ahora, muchos se arrepienten de su decisión, según declara Holmer Machoa, originario de esta comunidad. “Las personas que estaban a favor han llegado a un límite de darse cuenta de que todo lo que la empresa ofrecía eran solamente engaños, no los cumplieron”, asevera este joven de 26 años mientras sostiene entre sus brazos a su hija Sacha, de tres.

Desde que el presidente ecuatoriano Rafael Correa anunciara en 2013 el inicio de la explotación en el bloque 43 –donde se encuentra una parte del territorio de Llanchama–, Holmer fue uno de los habitantes que más firmemente se opuso a la extracción del petróleo. Contó con la ayuda de grupos ecologistas como Yasunidos y su resistencia tuvo un precio: tuvo que huir temporalmente de su comunidad para que las fuerzas de seguridad no lo capturaran.

“En 2013 denunciamos a Petroamazonas por ingresar ilegalmente al territorio de Llanchama, aunque el juez falló a favor de la empresa. Los militares y la policía me apresaron, pero más tarde me dejaron libre”, narra un Holmer convencido de que el Estado hizo uso de juego sucio para acallar su voz.

Hoy Holmer vive en Tiputini, un pequeño pueblo a orillas del río Napo a una hora en lancha de Llanchama. Allí trabaja como conductor de canoas para el gobierno municipal de Aguarico. Surca los ríos de la Amazonía, por donde navegan a diario grandes embarcaciones cargadas con los materiales necesarios para explotar el petróleo.

La oposición de Holmer no fue suficiente para convencer a la mayoría de los habitantes de Llanchama, quienes a cambio de votar a favor de la entrada de la petrolera han recibido, entre otras cosas, dos hidrodeslizadores mucho más rápidos que las canoas tradicionales. “La empresa consiguió dividir a la comunidad al sobornar a la directiva, les dieron un puesto bien pagado y les compraron la conciencia”, denuncia Holmer.

El resto de los habitantes no salieron tan beneficiados. “Dentro de la comunidad solo trabajaron cinco personas, el resto nada. Y los que trabajaron lo hicieron por tres o cuatro meses, después se acabó todo, a pesar de que la empresa decía que el empleo iba a ser estable”, continúa. eldiario.es ha contactado al gobierno ecuatoriano y a Petroamazonas para recabar su punto de vista, pero ninguna entidad aceptó ser entrevistada.

El fin de la iniciativa Yasuní-ITT

Llanchama se ubica dentro del Parque Nacional Yasuní, un territorio declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1989. Las riquezas de este paraje selvático no se reducen a los combustibles fósiles que yacen bajo su suelo. El Yasuní, la mayor reserva natural de Ecuador con más de 900.000 hectáreas, es considerada una de las regiones más biodiversas del mundo, tanto en flora como en fauna. Es además el hogar de dos de los últimos pueblos indígenas en el mundo que se mantienen en aislamiento voluntario. Todo ello hace que la explotación petrolera en este territorio sea muy sensible.

“La biodiversidad en el Parque Nacional Yasuní es muy alta. Por ejemplo, es la región con mayor número de especies de anfibios del mundo, la segunda en reptiles y está entre las de mayor riqueza de aves, mamíferos y plantas”, afirman los biólogos Janeth Lessmann y Javier Fajardo, autores de un reciente artículo sobre la expansión de la industria petrolera en la Amazonía ecuatoriana. “Además, gran parte del parque permanece inexplorado y muchas de sus especies son todavía desconocidas para la ciencia”, continúan.

Tratando de mantener intacta una de las zonas más remotas del Yasuní, el bloque 43 o ITT (llamado así por las siglas de los tres yacimientos que lo integran: Ishpingo, Tiputini y Tambococha), el gobierno de Correa promovió la iniciativa Yasuní-ITT. A través de esta propuesta demandó a la comunidad internacional una compensación económica a cambio de no extraer el crudo de la zona, estimado en 920 millones de barriles. Sin embargo, la lentitud en las contribuciones de los países industrializados y la impaciencia del ejecutivo ecuatoriano hicieron que la innovadora propuesta fracasara. Tras anunciar el fin de la iniciativa, Correa prometió que los impactos ambientales serían mínimos y que las poblaciones locales se beneficiarían de los ingresos petroleros.

Pese a todo, los expertos aún mantienen su preocupación por las consecuencias ambientales de la explotación. Atendiendo a lo ocurrido en otras zonas del país en las que la industria del crudo lleva décadas funcionando, el panorama no es muy alentador.

“El historial de la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana está salpicado por numerosos problemas, incluyendo derrames y violaciones de los estudios de impacto ambiental, lo que ha producido una fuerte transformación de la región con importantes consecuencias para su diversidad y la vida de los pueblos indígenas”, explican Lessmann y Fajardo.

“Es muy llamativo cómo la apertura de pozos petroleros ha ido siempre acompañada en Ecuador de la llegada de otros colonizadores, lo que lleva asociado el incremento de la deforestación, el aumento de la cacería de especies silvestres y la aparición de mercados para la venta de productos sacados de la selva”, resaltan estos investigadores de la Universidad Tecnológica Indoamérica.

La explotación del ITT ha sido especialmente polémica por lo que este territorio representa en el imaginario colectivo ecuatoriano. Tras el fin de la iniciativa Yasuní-ITT se produjeron grandes protestas a favor de la conservación ambiental. El colectivo Yasunidos, formado en su mayoría por jóvenes ecologistas urbanos, recogió más de 750.000 firmas, tratando de obligar al gobierno a celebrar una consulta popular sobre la explotación del bloque 43. 

Cuando se entregaron, el Consejo Nacional Electoral invalidó más de la mitad de las firmas, en lo que Patricio Chávez, portavoz de Yasunidos, piensa que fue “una verificación de las firmas oscura, tramposa e ilegítima”. Finalmente, el referéndum no se celebró y los trabajos de extracción iniciaron. 

Sí se realizó en cambio una consulta previa en las comunidades afectadas. Como exige la Constitución ecuatoriana de 2008, la primera en el mundo que garantizó derechos a la naturaleza, el Gobierno organizó un proceso de consulta a los habitantes de la zona, en la que la mayoría de la población dio luz verde a la llegada de Petroamazonas.

Celso Izurieta, originario de la comuna de Chiro Isla, en el contiguo bloque 31 –cuyo territorio también abarca una parte de Llanchama–, piensa que no fue un proceso justo. “No hubo una concienciación legal, fue todo a la ligera, breve y en ocasiones solamente cogiendo a dirigentes, llevándoles a ciertos lugares para explicar qué se iba a hacer. Cuando nos dimos cuenta ya teníamos el problema”, recuerda.

Por su parte, Petroamazonas asegura que se trató “de un proceso de información, diálogo y consenso” en el que la asamblea de Llanchama firmó el acuerdo con la compañía “de manera libre y voluntaria”.

Estragos para las culturas indígenas

Desde la llegada de la explotación petrolera, la pérdida de algunas tradiciones indígenas ya se ha sentido. Algunas comunidades que antes tomaban sus decisiones colectivas en asambleas han dejado de celebrarlas, o las han vaciado de contenido. En otros lugares ya no se elabora la chicha, una bebida amazónica a base de yuca fermentada utilizada por pueblos indígenas como el kichwa en sus celebraciones.

“Tras la llegada de las petroleras hemos cambiado bastante nuestras costumbres”, afirma Izurieta, de ascendencia kichwa. “Ya no utilizamos nuestro idioma como antes”, lamenta. Por su parte, Holmer considera que se han roto los lazos comunitarios: “Ahora hay más individualismo”, sostiene. “Antes existía una confianza más grande entre nosotros, ahora cada uno hace lo que le place”, manifiesta este indígena kichwa, padre de dos hijos y casado con una mujer de la Amazonía peruana.

El portavoz de Yasunidos también considera que los impactos provocados por las petroleras son claros, e irreparables. “Hay daños a nivel de la naturaleza, daños a nivel social, a nivel de la salud de las personas, de la organización política de las comunidades”, declara Chávez. “Se crea una división incluso en el interior de las familias, entre los que están a favor y los que están en contra de la industria petrolera, enfrentando a padres con hijos o entre hermanos”, asegura.

Como en Llanchama, donde los niveles de división llegaron a hacer insostenible la convivencia. Cada facción de la comunidad era apoyada por un colectivo. Mientras los habitantes que veían con buenos ojos la extracción de crudo recibían el soporte de Petroamazonas, la población conservacionista contaba con el sustento de los grupos ecologistas. En una cultura como la kichwa, acostumbrada a la conciliación y al consenso, esa oposición de intereses patrocinada por actores foráneos supuso un gran perjuicio para el tejido social.

Haciendo un balance sobre la actividad petrolera en el cantón Aguarico, el concejal Juan Carlos Orellana tiene claro que la balanza pesa más del lado de los impactos negativos que de los positivos. “La explotación genera empleo y recursos, pero lo que llega a la gente local es poco y solo a corto plazo”, opina desde el despacho de su casa de madera en el poblado de Tiputini. “Las comunidades están perdiendo su cultura, se producen daños ambientales y Petroamazonas no cumple lo prometido”, protesta.

No todos piensan como él en Tiputini. Arcadio Mina, un colombiano originario de Cali que lleva varios años trabajando con petroleras en la Amazonía ecuatoriana, afirma que “el petróleo es progreso, trae desarrollo”. Mina regenta un restaurante y las petroleras son sus principales clientes. Con la caída de los precios del crudo, su negocio ha sufrido un retroceso.

Mientras, en Llanchama la vida sigue. En esta comunidad perdida en uno de los rincones más remotos de la Amazonía ecuatoriana, la población continúa con sus vidas a pesar de los estragos causados por la petrolera. Los habitantes tratan de salir adelante como pueden, divididos y enfrentados por dos concepciones antagónicas sobre su percepción del desarrollo comunitario.

La exploración sísmica llevada a cabo por la empresa ha acabado con muchos de sus cultivos de yuca o plátano. La mayoría de los animales, su principal fuente de alimento, se ha alejado huyendo del ruido de los taladros y se han llevado consigo las posibilidades de éxito de su proyecto de turismo comunitario. Han visto como muchas de sus tradiciones se han evaporado ante la llegada de una industria que requiere mano de obra barata y temporal, que inyecta dinero en una sociedad antes acostumbrada a la auto subsistencia.

A todo ello se suma la crisis de los precios del petróleo, que ha ralentizado la actividad petrolera dificultando aún más que la comunidad se beneficie de los ingresos derivados del crudo. Holmer, a pesar de todo, cree que los habitantes de Llanchama han aprendido una valiosa lección: “La gente está cambiando bastante, ya no volverá a dejarse engañar”.