Israel desmantela las infraestructuras financiadas con fondos europeos y españoles en Cisjordania

En 2016 se han disparado las demoliciones de infraestructuras financiadas por Estados miembros de la UE y por la ONU para ayudar a la población palestina de la Cisjordania ocupada. España aporta cerca de 300.000 euros al año al brazo humanitario de la UE para ayudar a las comunidades palestinas y beduinas, pero el dinero invertido se pierde cuando Israel destruye o confisca refugios, escuelas o pozos de agua que tacha de ilegales.

El Gobierno español pide responsabilidades en el marco de la UE, aunque no se pronuncia sobre posibles medidas en el ámbito bilateral. En las instituciones europeas llevan años estudiando mecanismos de compensación económica sin que hasta hoy se hayan adoptado medidas concretas.

Mientras, para el palestino Abu Atala y su comunidad, poco han cambiado las cosas en el destartalado campamento en el que malviven a las afueras de Jerusalén Este, ocupado por Israel. Hace un año, eldiario.es les visitó cuando acababan de recibir la enésima orden de demolición por parte de las autoridades israelíes. Según la misiva, iban a ser expulsados y reubicados en una de las tres áreas “urbanizadas” que el Gobierno había preparado para ellos, lejos de su emplazamiento y, según Atala, a unos pocos cientos de metros de uno de los vertederos más grandes de Cisjordania.

“De aquí no nos iremos”, aseguraba entonces el portavoz de las 46 comunidades de beduinos amenazadas por un exilio forzoso que, de llevarse a cabo, representaría el segundo éxodo de su historia reciente: en 1951 poco después de la primera guerra árabe-israelí el recién creado Estado de Israel les deportó del que entonces había sido el hogar de sus ancestros, situado junto a la ciudad de Arad.

Un año después Atala y su comunidad continúan en el campamento en la periferia de Jerusalén, pero siguen siendo un obstáculo para las ansias expansionistas del Gobierno de Netanyahu. Según varias ONG locales, lo que pretende el Ejecutivo es lo siguiente: ampliar el asentamiento ilegal de Maale Adumin, el mayor de Cisjordania, sobre el corredor llamado E1, conectarlo con Jerusalén Oeste (la parte israelí de la ciudad), impidiendo la expansión del Este (zona palestina). De esta forma, busca seccionar Cisjordania en dos, lo que desvanece el proyecto de un futuro Estado palestino.

“Les quieren reubicar en zonas teóricamente habilitadas para ellos donde se sabe que no se adaptan bien”, explica una fuente del brazo humanitario europeo en la región que prefiere no ser mencionada “por lo delicado del asunto” y el cerco que están sufriendo las organizaciones locales y foráneas en estas áreas. “Además, es ilegal de acuerdo a la ley humanitaria internacional que prohíbe el traslado forzoso de la población que está bajo ocupación”, añade la misma fuente. “La IV Convención de Ginebra, de la que Israel es firmante, dice que el poder ocupante está obligado a prestar asistencia humanitaria a la población ocupada. En lugar de eso practica una guerra psicológica sobre estas comunidades cuyo fin es provocar que se vayan”.

Alarmante aumento de las demoliciones

Un buen ejemplo de este goteo intimidatorio fue el desmantelamiento y confiscación en febrero de una escuela-caravana financiada con fondos franceses que dejó, casi con el uniforme puesto, a unos cuarenta niños y niñas de Abu NuNawarwar sin tener un techo sobre el que acudir a clase. Ellos, haciendo uso del único arma que conocen, hicieron una sentada con libros –los que no les habían confiscado– y asistieron a clases improvisadas al aire libre en señal de protesta.

Previamente, en enero la Administración Civil (departamento del Ejército israelí que gestiona las relaciones con los palestinos en la Cisjordania ocupada) les incautó seis tiendas de campaña donadas por la comunidad internacional. Y tres días después les retiró otras 10 que les habían facilitado como reposición.

Según datos de la delegación de la Comisión Europea en Jerusalén, las demoliciones se han disparado en 2016. Solo en el primer trimestre del año, 72 inmuebles financiados por la UE en Cisjordania y Jerusalén oriental fueron demolidos o confiscados, casi la misma cantidad que en todo el año pasado (75). Si a esta cifra se le añaden las estructuras financiadas por otras organizaciones y agencias humanitarias la cantidad total supera las 500, dejando a más de 800 personas sin hogar.

La represalia por los etiquetados europeos

La justificación que continúa brindando la Administración Civil israelí —de la que depende la gestión israelí de la zona C, bajo mandato del Ministerio de Defensa— es que los territorios donde se encuentran estas aldeas beduinas “son propiedad del Estado” por lo que construir en ellos sin los permisos necesarios es “ilegal”. “Las estadísticas oficiales israelíes muestran que solo un 1,5% de los permisos de construcción en Área C, que abarca el 60% de Cisjordania, son aprobados, así que, ¿qué otra opción les queda a los palestinos que acatan las leyes?”, señala irónicamente Robert Piper, responsable de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, (OCHA). “El Derecho Internacional es muy claro. Los palestinos de Cisjordania tienen derecho a un alojamiento adecuado y a recibir ayuda humanitaria”, añade.

El incremento general en la demolición de infraestructuras y confiscación de equipamientos se ha producido en represalia por la decisión europea de noviembre de 2015 de etiquetar los productos elaborados en los asentamientos ilegales -con una denominación de origen diferente a la israelí-, según señala el último informe de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (Euro-Med) adelantado por Al-Jazeera. La misma tesis que ya apuntó hace unos meses el primer ministro palestino, Rami Hamdallah.

En Bruselas mantienen la cautela a golpe de comunicado. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, condenó el 19 de mayo “la lamentable tendencia al alza de demoliciones y confiscaciones, entre ellas las financiadas con ayuda humanitaria europea”. Nuevas condenas que caen en saco roto, dicen desde las organizaciones humanitarias, dado que las condiciones de vida de estas comunidades siguen empeorando.

50 millones europeos perdidos en 15 años

Y no solo eso. A las instituciones europeas les cuesta dinero: cerca de 320.000 euros desde 2009 en escuelas -caravana demolidas o confiscadas por el gobierno israelí en área C (cada una puede valer 30.000 euros), tiendas de campaña (entre 3.000 y 6.000), tanques de agua o clínicas. “Solo en los dos últimos años la UE ha destinado 10 millones de euros en desarrollar guarderías, clases, carreteras o infraestructura básica en estas comunidades”, comenta Shadi Othman, portavoz de la delegación de la Comisión Europea.

Un gasto que parece menor si se tienen en cuenta los 50 millones de euros de ayuda europea invertidos en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este durante los últimos 15 años y que han terminado, de una forma u otra, tirados por la borda a instancias de los distintos gobiernos israelíes. En esta suma se incluyen los más de 20 millones aportados por la Agencia Española de Cooperación (AECID) para dotar de equipamiento al aeropuerto internacional de Gaza, que terminó destruido por sucesivos bombardeos israelíes en 2001 y 2002. Hoy sigue siendo una maraña de escombros.

“En Bruselas se lleva años debatiendo la posibilidad de implantar un mecanismo de compensaciones económicas para que Israel pague por todas estas pérdidas, pero aún no hay nada concretado”, aseguran otras fuentes del brazo humanitario europeo en la región.

El problema vuelve a ser el mismo: la incapacidad de Europa de poner en marcha políticas comunes que deben ser aceptadas por cada uno de los 28 Estados miembros de la Unión. “Esto alarga mucho el proceso y a veces también ocurre que un Estado miembro cambia su posición, lo que complica aún más la toma de decisiones”, señalan. “No olvidemos que Israel es un socio importante para la UE con quien mantiene un acuerdo de asociación. Existe lo que se llama un diálogo estructural, pero hasta la fecha no se ha visto que se haya suspendido ninguna demolición por lo que haya podido salir de él”, denuncian.

La posición española

En cualquier caso, las cuantías exactas de las pérdidas económicas de Europa son difícilmente accesibles tanto para los medios de comunicación como para organizaciones de derechos humanos. “Pueden verse como una vergüenza para la UE por no proteger apropiadamente los servicios que financia”, apunta Cécile Choquet, una de las investigadoras del informe. Lo que, dice, “podría explicar lo inaccesible de esta información”.

Por su parte España, que contribuyó con cerca de 300.000 euros en 2015 al mecanismo de ayuda europeo en área C como segundo país donante (solo después Bélgica y por delante de países como Italia, Luxemburgo o Suecia), deriva cualquier exigencia de responsabilidad al marco legal y político de las instituciones europeas. Las citadas pérdidas económicas no solo las sufre el erario español, también los de otros Estados miembros, alegan fuentes diplomáticas españolas que prefieren no ser citadas. “Hemos hecho condenas públicas anteriormente, comunicados y se ha trasladado esta preocupación, pero lo que nos interesa es trabajar en conjunto con los demás países”, aseveran.

A la pregunta de si España, que conmemora este año el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, piensa adoptar en el ámbito bilateral alguna medida para prevenir estas demoliciones, el gobierno actual no se pronuncia sobre si exigirá explicaciones o medidas compensatorias a Israel. El diletantismo reinante en el ámbito europeo y español está siendo aprovechado por el actual ejecutivo israelí, denuncian organizaciones y agencias humanitarias, que hace y deshace a su antojo sin que Europa le exija hasta el momento responsabilidades concretas.

Miedo y pacto de silencio entre las ONG

Desde el actual gobierno –el más derechista en la historia de la democracia israelí—, se han intensificado en el último año las políticas que acosan a ONG israelíes consideradas como “antipatrióticas”, según han denunciado recientemente sus portavoces. Organizaciones internacionales y agencias donantes denuncian estar sufriendo la misma persecución.

“En comunidades como Abu Nuwar las agencias en el terreno no pueden mover un dedo y hay miedo”, cuenta un trabajador humanitario de la zona. El temor a las represalias –en forma de nuevas confiscaciones, denegación de visados para los expatriados etc.– llega hasta los cooperantes europeos e internacionales que prefieren mantenerse en el anonimato.

Aseguran sentirse cada vez más observados por el ejército y por organizaciones de derechas israelíes como Regavim, especialmente hostil hacia la UE. Esta ONG promueve la aplicación estricta de la normativa urbanística a palestinos y beduinos mientras ignora la construcción de nuevas colonias israelíes (ya son 230 los asentamientos levantados en los últimos 50 años por Israel en Cisjordania y Jerusalén oriental). “A veces se llevan las estructuras pieza a pieza”, comenta el mismo trabajador. “Están pendientes de lo que se repara o se repone para tirarlo inmediatamente después”, añade.

De las negociaciones entre la UE e Israel depende que Abu Atala y las decenas de comunidades beduinas que reciben ayudas de Europa puedan continuar viviendo en el entorno que conocen. La inacción diplomática, tanto bilateral como europea, mantiene que los impuestos de los ciudadanos europeos caigan en saco roto.

Desde la Red Euromediterránea de Derechos Humanos advierten de que la respuesta de algunos donantes consiste en retirar los fondos ante la premisa de que cualquier infraestructura reconstruida será nuevamente demolida por las autoridades israelíes. “Por qué en lugar de eso no se toman cartas en el asunto con Israel, en lugar de penalizar a unos palestinos corrientes?”, pregunta Pam Bailey, secretaria internacional de esta organización sin ánimo de lucro.