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DESALAMBRE

Los juristas españoles expulsados por Marruecos: "No quieren mostrar cómo están los presos saharauis"

Los ocho observadores internacionales que han sido expulsados de Marruecos denuncian la "desprotección" de el Gobierno español

“La actuación del cónsul general de Rabat ha dejado mucho que desear”, dice Francisco Serrano

Los juristas expulsados studian presentar medidas legales ante la Unión Europea y el Congreso de los Diputados

Algunos de los abogados expulsados de Marruecos a su llegada a Algeciras. | Sergio Rodrigo

Algunos de los abogados expulsados de Marruecos a su llegada a Algeciras. | Sergio Rodrigo

Los ocho juristas internacionales pertenecientes a la delegación de observadores de derechos humanos, que han sido expulsados de Marruecos fueron expulsados este jueves cuando pretendía visitar a 13 presos saharauis en huelga de hambre, estudian presentar medidas legales ante la Unión Europea y el Congreso de los Diputados. 

“Nos parece mal que un país que es preferente para la Unión Europea no se le pida ninguna contraprestación en materia de derechos humanos”, ha declarado Juan Carlos Gómez, abogado del grupo internacional, quien además apostilló a su llegada en el Puerto de Algeciras que el grupo estudiará medidas que pretenden presentar en el Congreso de los Diputados ante una “expulsión muy grave” ya que la delegación había anunciado desde un primer momento que iba en calidad de observadores y no de turistas como se les acusa.

Francisco Serrano (ex alcalde del municipio sevillano de Montellano) ha informado poco minutos después de su expulsión que el grupo devuelto se volverá a reunir para tomar algunas medidas contra le Unión Europea y España. “Medidas va a haber. Hay que estudiarlas entre todo el grupo. Primero habría que recurrir a la Unión Europea, porque hemos sido detenidos ilegalmente, y nos han expulsado ilegalmente”, ha aclarado el jurista quien destacó que las autoridades alauíes no les han permitido realizar una observación internacional, ya que según han indicado el objetivo de la visita era realizar un informe en el que incluían en su agenda la visita del Tribunal marroquí, Asociaciones de Derechos Humanos y representantes de la Unión Europea en Marruecos, así como un encuentro con el embajador de los Estados Unidos.

Pero el Gobierno Civil de Rabat, ha señalado en un comunicado tras la expulsión administrativa, que los observadores internacionales pretendían  "entrar en Marruecos para sembrar la discordia y atentar contra el orden público". 

Por su parte, fuentes diplomáticas españolas han informado de que la Embajada en Rabat ha estado pendiente desde el primer momento que tuvo noticias de este asunto y que hizo varias gestiones, pidiendo explicaciones oficiales de lo ocurrido. Sin embargo, los observadores denuncian que el cónsul se reunió siete horas después de la detención y que han sentido “desprotección”. “La actuación del cónsul general de Rabat ha dejado mucho que desear”, ha apostillado Serrano quien ha destacado que el cónsul les advirtió de  que: “no habláramos con la prensa hasta que pasara unos días porque si hablábamos nos podrían detener”. 

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado un comunicado a través de la Oficina de Información diplomática donde confirma que España ha pedido “explicaciones oficialmente a la Embajada de Marruecos en Madrid” y ha mostrado su “preocupación por la expulsión administrativa”, de cinco juristas españoles. Información que obtuvieron los dos abogados andaluces durante el trayecto desde Rabat hacia el Tánger-MED en una patrulla con tres agentes marroquíes

“Nos quitaron el pasaporte en el hotel” 

A las cinco de la tarde del miércoles, y tras pasar varios minutos en la habitación en un hotel de la capital marroquí, el grupo de 8 juristas europeos (cinco españoles, dos franceses y un belga) que viajaron al reino alauí para preocuparse por la situación de los presos saharauis de Gdeim Izik, comenzaron a escuchar fuertes golpes en sus puertas.

“Acordamos descansar un poco antes de la cena para organizar la agenda de los próximos días, cuando escuchamos aporrear la puerta”, relatan los abogados que según han contado a eldiario.es salieron a abrir la puerta cuando se encontraron a los agentes de paisanos que les “invitaron a ir a comisaría”. Antes, les requisaron les pasaportes, y les acompañaron “forzosamente”.

“Una vez al llegar a la comisaría nos requisaron los teléfonos y nos tuvieron incomunicados durante cinco horas”, relata Francisco Serrano, quien señaló que los agentes les tomaron declaración. “Nosotros pusimos en la tarjeta de embarque que veníamos a trabajar, ellos alegan que veníamos de turismo y que mentimos” señala el jurista quien ha calificado la expulsión de “ilegal”.

Tras pasar más de cinco horas en comisaría las autoridades les informaron que iban a ser expulsados, “en primer lugar nos pretendían traer hasta Tánger a las 22:30, pero finalmente nos llevaron al hotel, donde estuvimos detenido hasta las 6 de la mañana”, ha explicado el abogado.  Durante toda la noche, diez agentes los vigilaban. Momento en el que se encontraron con el cónsul español a expensas de la inminente expulsión de los abogados andaluces y entre ellos el magistrado Jesús María Martín, la abogada francesa Ingrid Metton, el profesor de derecho internacional Eric David (Universidad Libre de Bruselas) y las abogadas españolas María Nieves Cubas y Altamira Gonzalo.

“En la mañana nos han llevado tres policías desde el hotel en una patrulla hasta el puerto de Tánger-MED, allí nos ha escoltado un policía hasta el Puerto de Algeciras, donde nos han entregado los pasaportes”, destaca Serrano a su llegada al puerto gaditano quien ha confirmado que desde las cinco de la tarde hasta que llegaron a Algeciras no les habían devuelto sus documentos.

El colectivo ha resaltado que “la expulsión se ha debido a que Marruecos no quiere que conozcamos la situación en la que están los presos de Gdeim Izik” en el que los observadores denuncian desde hace años “el juicio es nulo de pleno derecho” ya que según han explicado “la constitución prohíbe los juicios de excepción, y estos presos fueron juzgados en un tribunal militar”. 

El 17 de febrero de 2013 un tribunal militar marroquí condenaba a 25 civiles saharauis por su participación en el campamento de protesta de Gdeim Izik, que se dispersó violentamente por las fuerzas marroquíes el 8 de noviembre de 2010. Tres años después, 13 de los presos mantuvieron una huelga de hambre desde el 1 de marzo al declarar “nulo de pleno derecho” e “imparcial” el juicio al que han sumado su rechazo organismos internacionales como Amnistía Internacional.

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