Bruselas se pronunciará sobre la legalización de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla
El Parlamento Europeo pedirá este martes por la tarde a la Comisión, durante el pleno que se celebra en Estrasburgo, que se pronuncie sobre la regulación de los rechazos en frontera de inmigrantes que intentan entrar en Ceuta y Melilla por parte de las fuerzas de seguridad españolas.
Los eurodiputados exigirán además al Ejecutivo comunitario que aclare si la intención del Gobierno de incorporar ,a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, esta nueva figura en la legislación de Extranjería, que las organizaciones humanitarias denominan “devoluciones en caliente” y la Defensora del Pueblo ha claificado como “devoluciones sumarias”, a través de la nueva Ley de seguridad pública se ajusta a la normativa de la UE.
Todos los grupos políticos de la Eurocámara, salvo el PP europeo y los conservadores británicos, han presentado una pregunta oral para forzar a la Comisión a intervenir en el pleno sobre estas cuestiones.
La anterior comisaria de Interior, Cecilia Malmström, que ahora ocupa la cartera de Comercio, pidió explicaciones en diversas ocasiones al Gobierno español por casos como la muerte de 15 inmigrantes frente a la costa de Ceuta el pasado 6 de febrero o las denuncias de un uso excesivo de violencia el pasado 15 de octubre.
El nuevo comisario de Inmigración, el griego Dimitris Avramopoulos, se reunió por primera vez con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el pasado 6 de noviembre en París y se ha comprometido a visitar Melilla.
En la pregunta oral que se debatirá en Estrasburgo -firmada por socialistas, liberales, verdes, Izquierda Unitaria y euroescépticos-, los eurodiputados se hacen eco de las denuncias de ONGs y organizaciones internacionales sobre “el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad españoles contra inmigrantes que intentan entrar en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla”.
También denuncian que la futura regulación podría desembocar en “expulsiones indiscriminadas, sumarias y colectivas de inmigrantes sin aportar ninguna solución efectiva para ellos” y podría vulnerar tanto la legislación española como la europea y el derecho internacional.
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