“Las familias de las víctimas de las muertes de Ceuta se han quedado sin palabras al leer el auto”

“Buenas noticias”. Son las palabras escogidas por la Guardia Civil para celebrar el archivo provisional de la causa que investigaba la muerte de 15 personas en aguas fronterizas de Ceuta. “Hay madres destrozadas para las que no son buenas noticias. Un padre que se ha quedado sin su hijo mayor, que también dice que no son buenas noticias. Para ellos, para los derechos humanos y para la democracia, no son buenas noticias”, dice Helena Maleno, activista y premio de Derechos Humanos de la Unión Progresista de Fiscales y del Consejo General de la Abogacía Española, entre lágrimas, después de hablar con las familias de algunas de las víctimas del 6 de febrero de 2014.

“Conseguiremos justicia donde sea. Confiamos y tenemos la seguridad de que la muerte de mi hermano no va a quedar impune y vamos a salir adelante”, han señalado desde Camerún los familiares de algunos de los fallecidos a la portavoz de Ca – Minando Fronteras tras conocer la noticia del sobreseimiento provisional de la causa que investiga la muerte de sus allegados. Algunos de los supervivientes del 6 de febrero que alcanzaron Europa posteriormente han perdido su creencia en la justicia. “Ellos nos han dicho que sabían que esto iba a ocurrir, que han visto cómo tratan a los migrantes en las fronteras”, traslada Maleno.

Al otro lado, la Unión de Oficiales de Guardias Civiles ha mostrado su satisfacción por la decisión judicial y destaca que “el derecho a la presunción de inocencia de los 16 imputados debe prevalecer”. “La jueza ha concluido que no hay ninguna relación causa y efecto entre la actuación de los guardias civiles y las muertes. Los agentes imputados solo han cumplido la ley”. “Hemos devuelto la tranquilidad por este sin sabor de los imputados y de sus familias”, afirma a eldiario.es Jesús Martín Vázquez, portavoz de la asociación de mandos y letrado del capitán de la Guardia Civil de Ceuta, imputado en la causa.

El pasado 6 de febrero 15 personas murieron en las aguas fronterizas de Ceuta en un intento de entrada repelido por la Guardia Civil con botes de humo y pelotas de goma. La jueza encargada del caso, María del Carmen Serván, ha decretado este jueves el sobreseimiento provisional de la causa contra 16 guardias civiles por los delitos de homicidio y lesiones. La magistrada concluye que los agentes de la Guardia Civil emplearon el material antidisturbios “con efecto disuasorio” y afirma que “no existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material”.

El auto también sostiene que los “los inmigrantes no eran personas en peligro en el mar” porque, dice, “asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso de las fuerzas marroquíes y de la guardia civil”. Y cuestiona que los cuerpos localizados en aguas ceutíes los días posteriores correspondiesen a aquellos que perdieron la vida el 6 de febrero.

“Las familias ya tienen el auto y se han quedado sin palabras”, dice la defensora de derechos humanos Helena Maleno, quien se hizo eco desde el primer momento de la versión de los migrantes. “Los defensores de los derechos humanos también vamos a seguir adelante”, insiste la activista.

A lo largo del auto, la jueza dedica varias hojas a desacreditar el informe de la ONG Ca–Minando Fronteras y cuestiona su metodología. “No es un informe jurídico. Es un informe elaborado para arrojar luz sobre nuestras políticas fronterizas. Nos lo pidió el juzgado y, de buena fe, lo entregamos debido a que no había ningún testigo en el lado español. Todos fueron devueltos en caliente”, afirma Helena Maleno al respecto.

“La magistrada lo analiza como si fuese un documento jurídico cuando no lo es. Usamos la metodología de nuestro colectivo, que es participativa y consiste en discutir a partir de la versión aportada por la otra parte para interaccionar con la red”, añade Maleno.

“Nuestro informe se ha usado para desprestigiar la labor de los defensores de derechos humanos y a las víctimas, destacando únicamente determinados testimonios, de forma segada”, lamenta. “Este auto puede agravar la situación de inseguridad que ya teníamos los defensores de derechos humanos”, añade la activista que ha sufrido varios ataques y amenazas por la labor de defensa de los derechos humanos que realiza en Marruecos.

Una de las frases del auto provoca un dolor más pronunciado en Helena Maleno.

“Los inmigrantes no eran personas en peligro en el mar que precisasen ayuda (...). Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil”.

“Eso va contra nuestras leyes. Para eso tenemos a Cruz Roja y a miles de personas que se lanzan a salvar a los migrantes. El 6 de febrero hubo gente que se tiro al agua. A algunos les salvaron sus compañeros. Hubo militares marroquíes que se lanzaron al agua”, recuerda Maleno. “Qué dolor más grande. ¿Con eso la jueza está diciendo que si tu hijo se tira a la piscina no le vas a rescatar? ¿Con esto la jueza dice que se tiene que tratar a los migrantes como perros? Legalmente no tiene ningún sentido. Es un auto 'contra invasores”, añade la activista.

Desde la acusación popular, la letrada de una de las ONG personadas, Coordinadora de Barrios, también ha mostrado su “disconformidad” con el contenido del auto. “No entendemos que un juzgado haya acogido como válidas las versiones exculpatorias de los imputados cuando se ha visto que mintieron en sus declaraciones”, defiende Patricia Fernández.

“El auto no se ajusta a derecho y es incompatible con un estado democrático y de derecho pero, además, es cuestionable desde el punto de vista humano. Trasladar la culpa a los fallecidos es inhumano. Nosotros podemos entender muchos pronunciamientos judiciales pero hay algunos que no los podremos compartir jamás”, valora Gonzalo Boye, letrado de Observatori DESC, plataforma personada en la causa.

Por su parte, desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil insiste en que los agentes imputados “han cumplido en todo momento la ley”. “Ellos nos protegían también a nosotros de una avalancha, de un ataque anterior y de una vulneración del régimen de la frontera”, indica Matín Vázquez.