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El Gobierno alemán presenta un plan para endurecer su política migratoria en pleno auge de la extrema derecha

Una mujer policía permanece de pie durante los controles fronterizos de la Policía Federal en el paso fronterizo entre Austria y Alemania.

EFE

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La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, presentó este jueves en la Cámara Baja del Parlamento su plan de lucha contra la inmigración irregular, una iniciativa que contiene medidas de seguridad, restricciones de servicios a demandantes de asilo y la promesa de ofrecer mayores facilidades para la expulsión de migrantes.

Según el plan del Gobierno, que se debate este jueves por primera vez en el 'Bundestag', los demandantes de asilo perderán la protección del Estado si van de vacaciones a su país de origen. Sin embargo, se aplican excepciones, entre otros, a los refugiados de Ucrania, según la cadena de televisión ntv.

Los demandantes de asilo también dejarán de contar con el reconocimiento de la Administración si son condenados por delitos graves, como antisemitismo, racismo, entre otros. Además, la iniciativa del Gobierno busca acelerar la expulsión de demandantes de asilo que se encuentran en Alemania pero que fueron registrados en otros países de la Unión Europea (UE) de acuerdo con el Convenio de Dublín.

Estos migrantes, según el plan de Faeser, sólo recibirán prestaciones sociales durante quince días en Alemania. Después de ese periodo de tiempo, esos servicios quedarían reducidos a lo más básico pues se cubriría alojamiento, alimentación e higiene si permanecen en territorio germano.

“Este paquete de seguridad cumple con la promesa fundamental de un Estado democrático de cuidar la libertad de los ciudadanos”, ha dicho Faeser en el 'Bundestag', en la intervención que abrió el debate parlamentario sobre unas medidas surgidas a raíz de los ataques de carácter islamista de Mannheim y Solingen, ciudades del oeste germano y del auge de la ultraderecha en el país centroeuropeo.

“No vamos a dejar que se cuestione esa promesa a través de criminales brutales y ataques contra inocentes que confían en la seguridad del Estado. Ataques mortales como los que vimos en Mannheim y Solingen necesitan claras respuestas y esas respuestas las damos nosotros”, añadió la titular de Interior.

Thorsten Frei, representante del principal grupo de la oposición en el 'Bundestag', compuesto por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), ha señalado en su respuesta a Faeser que la intención del Gobierno de expulsar a los refugiados registrados en otro país es “buena”, aunque insuficiente.

“Las expulsiones del sistema Dublín no son devoluciones”, ha añadido Frei, cuyo partido defiende no permitir la entrada en el país de inmigrantes irregulares. Ante las presiones políticas internas, el pasado día 9 Faeser anunció controles fijos y móviles en las fronteras de Alemania con Francia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo, que se sumarán a los ya existentes en los límites con Polonia, República Checa, Suiza y Austria.

También confirmó que se estudia la fórmula legal que permita realizar en un futuro “rechazos masivos” de inmigrantes irregulares dentro del marco legal de la UE, algo que no es sencillo dado que la normativa internacional prohíbe las devoluciones sumarias. Este martes fracasó la reunión de los responsables del Gobierno, de la oposición y de los estados federados para hacer frente al desafío migratorio, dado que las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre qué medidas tomar, especialmente porque la CDU exigía expulsiones en caliente en la frontera que, según el Ejecutivo, violaban el derecho germano y comunitario.

En el paquete de medidas de Interior también se incluye un endurecimiento de las normas relativas a las armas, pues el Ejecutivo busca la prohibición de llevar cuchillos en lugares públicos o afectados particularmente por la criminalidad, en particular, las estaciones de trenes.

A finales del pasado mes de junio moría en Mannheim un policía que intervino para tratar de reducir a un hombre de nacionalidad afgana de 25 años que el 31 de mayo atacó a los participantes de un acto público contra el Islam por lo que los investigadores llamaron “motivación religiosa”. El pasado 23 de agosto murieron tres personas en un atentado con cuchillo reivindicado por la organización terrorista el Estado Islámico cometido por un hombre sirio de 26 años que debía haber sido expulsado del país.

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