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Human Rights Watch acusa a la policía francesa de “rociar con gas pimienta” a refugiados en Calais

Un refugiado observa el desmantelamiento del campamento "La Jungla" en Calais, Francia, en marzo de 2016.

Desalambre

Agencias —

“Esta mañana estaba durmiendo bajo el puente. Llegó la policía. Nos rociaron con el espray por toda la cara, el pelo, los ojos, la ropa, el saco de dormir y la comida. Muchos estaban durmiendo. La policía roció todo”. Es el testimonio, recogido por Human Rights Watch (HRW), de Moti W., un chico de 17 años de la etnia oromo de Etiopía.

“No dijeron nada, solo rociaron”, añade Mirwas A. un hombre afgano. “Nos despiertan. Allez, allez ('vamos, vamos'), dicen. Pero, ¿dónde puedo ir? Después de eso, vienen con espray”, asegura Eba J., otro adolescente oromo de 15 años.

Moti W., Mirwas A. y Eba J. son solo algunas de las personas entrevistadas por HRW, que ha acusado este miércoles a la policía francesa de “abusos sistemáticos” contra migrantes y solicitantes de asilo en Calais, al norte de Francia. Entre 400 y 500 refugiados y migrantes viven en las calles y en los bosques de la ciudad francesa, según la ONG, nueve meses después del cierre definitivo del gran campo de refugiados conocido como “la jungla”, situado a las afueras, que llegó a albergar a miles de migrantes y refugiados.

La organización internacional de derechos humanos ha documentado en un informe titulado Como vivir en el infierno que las fuerzas del orden francesas “rocían con gas pimienta” a los inmigrantes, niños y adultos, mientras duermen o en otras circunstancias en las que “no representan ninguna amenaza”. 

“La policía también rocía o confisca sacos de dormir, mantas y ropa, y a veces echa el espray sobre su comida y agua, aparentemente para forzarles a abandonar la zona. Tales actos violan la prohibición de un trato inhumano y degradante y los estándares internacionales de conducta policial”, añade la ONG en el documento. El estudio está basado en entrevistas a más de 60 refugiados y migrantes, entre ellos 31 menores no acompañados, en Calais y Dunkerque, una zona cercana, este mes y el pasado junio. 

“Esta conducta policial en Calais y sus alrededores es un abuso de poder”, sentencia la ONG que recuerda que las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las normas internacionales, “solo deben utilizar la fuerza cuando es inevitable, y solo con moderación, en proporción a las circunstancias”.

“No hay lugar para dormir o comer”

Human Rights Watch denuncia que cerca de 400 demandantes de asilo y migrantes, la mayoría de Eritrea, Etiopía y Afganistán, viven en calles de la ciudad y en zonas boscosas circundantes, de los cuales unos 200 son menores no acompañados. A ellos se les suman, según sus cálculos, al menos otros 300 adultos y niños instalados en campamentos de inmigrantes y en los alrededores de Dunkerque y Grand Synthe, en el este de Calais.

Tras el desmantelamiento del campo en octubre de 2016, las ONG que operaban en la zona reclamaron alternativas para las 9.000 personas que, según sus cálculos, se encontraban “hacinadas” en lo que quedaba del campamento. “Desde que destruyeron [el campo de Calais] el año pasado, no hay lugar para dormir o comer. Es como vivir en el infierno”, afirmó a finales de junio en otro de los testimonios recabados en el informe Yeakob S., un hombre etíope de 29 años. 

“Las autoridades locales se han opuesto a los llamamientos para establecer un refugio para inmigrantes o una oficina de asilo en Calais, alegando que alentaría a más migrantes a viajar al norte de Francia”, sostiene la ONG, que critica que las autoridades respondan a la “creciente” llegada de migrantes “impidiéndoles” el acceso a la comida, el agua y las necesidades básicas.

También denuncia que la policía ha impedido en ocasiones a los trabajadores humanitarios fotografiar o filmar este tipo de episodios. “Dicen que la policía a veces confiscó, por poco tiempo, sus teléfonos, borrando o examinando el contenido sin permiso”, señala la organización.

El Gobierno niega las acusaciones

La delegación local del Gobierno, según recoge la Agencia Efe, considera que la denuncia sobre los abusos policiales es “calumniosa” e “infundada”. La Prefectura de Pas ha lamentado las acusaciones y ha subrayado, según Efe, que los agentes “actúan dentro” de las normas del Estado de Derecho, “con el único objetivo de hacer respetar el orden y la seguridad pública”, y asegura que se presta especial atención a las personas vulnerables.

HRW asegura que se ha reunido con los representantes de la delegación local, del Ministerio del Interior y de asociaciones humanitarias que operan en la zona. “Las autoridades han hecho caso omiso de los informes generalizados de abuso policial contra solicitantes de asilo y otros migrantes”, apunta. 

La organización recuerda que el presidente Emmanuel Macron “se comprometió a adoptar un enfoque humano para los refugiados y los solicitantes de asilo”. El 12 de julio, el Gobierno francés anunció iniciativas que mejorarían el acceso a los procedimientos de asilo y proporcionarían alojamiento adicional. Unas medidas que, a juicio de HRW, “contrastan con el tratamiento” que los refugiados reciben en Calais.

La ONG reclama al Gobierno que elimine “los obstáculos” a la protección de los refugiados, que garantice que los menores acceden a los servicios de protección, y transmita que el abuso policial no será tolerado, “obligando de inmediato e inequívocamente” a la policía a respetar las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.

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