Marruecos abre la posibilidad de que la devolución de 116 personas no fuera bajo el acuerdo con España

El Gobierno de Marruecos ha evitado pronunciarse sobre si aplicará de aquí en adelante el “Acuerdo de readmisión de extranjeros entrados ilegalmente” firmado con España en 1992 y ejecutado la pasada semana a 116 migrantes expulsados desde Ceuta, según defendió el Ejecutivo de Sánchez. 

En la primera manifestación de postura pública acerca de esta cuestión, el portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa Jalfi, ha enmarcado la readmisión de estas personas como “una medida” que supone “un mensaje fuerte a las redes de emigración clandestina”. Ese “mensaje” significa, ha dicho Jalfi en rueda de prensa, que “lo que estas redes hacen tiene sus consecuencias”.

Las autoridades marroquíes se suman así a los argumentos del Gobierno de España. Este miércoles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también utilizó la palabra “mensaje” para referirse a la expulsión de las 116 personas: “el mensaje” era, dice, que “no vamos a permitir la inmigración violenta”.

Pero preguntado en dos ocasiones si esa medida significaba una reactivación de ese acuerdo, prácticamente “dormido” desde 1992 debido a la negativa del Gobierno alauí para ponerlo en práctica, el portavoz marroquí ha dejado claro que era una medida tomada “independientemente del marco jurídico”, con lo que la desliga del pacto. También se ha negado a dar detalles sobre cuál ha sido el destino de los 116 expulsados, es decir, si han sido reubicados en Marruecos o deportados a sus países.

Este jueves, el diario Asabah pedía la derogación del acuerdo bilateral: “Ha llegado el momento de que el Gobierno marroquí revise el acuerdo de 1992, ya que, por un lado, algunos de sus contenidos van contra el derecho internacional y, por otro, dañan los intereses de Marruecos”.

El Ejecutivo español ha sostenido los últimos días por diferentes canales que las expulsiones de migrantes hacia Marruecos se activarían cada vez que se produjeran saltos presuntamente violentos, pero el portavoz marroquí también se ha negado a confirmar la participación o colaboración de su país en esos casos.

También defendió que la “reactivación”, dice, del acuerdo rubricado en 1992 “es resultado de la buena relación con Marruecos en cuanto a la política migratoria”, explicaron fuentes de Interior. Desde su firma, el acuerdo se ha aplicado en contadas ocasiones. Aunque diferentes gobiernos han tratado de reactivarlo, el Gobierno marroquí se ha opuesto durante los últimos años por diversas razones, como su negativa a reconocer Ceuta y Melilla como ciudades españolas o su desconfianza ante la posibilidad de que las personas devueltas no hubiesen entrado de forma irregular a través de su frontera durante los días anteriores. 

Marruecos reconoce los traslados de migrantes 

En línea con lo que ha expresado últimamente, el portavoz marroquí ha lanzado un mensaje a la Unión Europea (UE): “Marruecos no puede hacerse cargo solo de este peso. Es una responsabilidad compartida. Nuestros socios europeos están invitados a una mayor receptividad”. Jalfi ha afirmado que Marruecos frenó en 2017 un total de 65.000 intentos de personas que trataban de llegar a España de forma irregular. 

Según Jalfi, el Gobierno marroquí ha respondido a la “presión migratoria” con “el traslado (de migrantes) a otras ciudades del país” que no ha precisado. Esta es la primera ocasión en que el gabinete reconoce oficialmente esos traslados no voluntarios de cientos de migrantes en autobuses hacia las regiones del sur y del este, las más alejadas de las costas del estrecho de Gibraltar. Desde la promesa de decenas de millones de euros por parte de Europa, Marruecos ha impulsado las redadas para alejar a estas personas de la frontera española. Dos jóvenes, uno de ellos menor, murió en el marco de estos operativos. 

Jalfi también ha recalcado que la segunda medida del Gobierno ha consistido en “reforzar la política de inserción” de estos migrantes, en relación a los dos procesos de regularización emprendidos en los últimos años y que han proporcionado documentos a cerca de 50.000 personas. Marruecos siempre pone su política de regularización como “un ejemplo” a nivel africano, una idea que sus responsables repiten ante sus interlocutores españoles cuando tratan la cuestión de los flujos migratorios.

El 12 de agosto, el ministro español de Interior celebró una inusual entrevista con su colega marroquí Abdeluafi Laftit en Tánger. Allí, Laftit reconoció que su país estaba “desbordado” por la llegada de migrantes, y fue en esa reunión cuando, supuestamente, Marlaska le pidió un esfuerzo de readmisión como el llevado a cabo once días después. La policía marroquí procedió aquellos días a redadas masivas entre los subsaharianos de Tánger, operaciones que no han cesado hasta el día de hoy, según ha podido comprobar Efe en esa ciudad.