Marruecos solo envía a España informes sobre 75 de los 1.300 niños que llegaron a Ceuta en mayo

Un grupo de jóvenes migrantes marroquíes en fila en las inmediaciones de una nave, a 17 de mayo de 2021, en Ceuta (España).

Gonzalo Testa


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Las autoridades marroquíes han respondido por primera vez a una petición formal de información cursada por España para Ceuta sobre las circunstancias sociofamiliares en origen de menores extranjeros no acompañados llegados a territorio español. Desde finales de agosto del año pasado, cuando la Justicia obligó a cumplir a rajatabla la legislación vigente en España, la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma ha cursado “más de 700” peticiones a la representación diplomática del Reino alauita a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que acaba de recibir 75 respuestas, según han confirmado todas las instituciones involucradas a elDiario.es.

Un juzgado de Ceuta ordena al Gobierno retornar a España a los menores devueltos a Marruecos en agosto

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Fuentes policiales han precisado que se trata de dictámenes “individualizados” -como marca la legislación española- y “bastante cumplimentados”, pero han advertido de que “se desconoce si cubrirán las exigencias de la normativa a aplicar y la Fiscalía de Menores”. En la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo de Ceuta no tienen constancia de “nada” más allá de la existencia de esa cifra de documentos remitidos por Rabat, que siempre ha evitado cualquier trato administrativo oficial, rogatorias judiciales incluidas, relacionado con las dos ciudades autónomas, cuya soberanía reclama al considerarlas “ocupadas”.

Tras la crisis de mayo del año pasado, cuando Marruecos consintió la entrada irregular en Ceuta de alrededor de 12.000 nacionales en menos de 72 horas, algo pareció cambiar. El 11 de agosto, autoridades del Reino alauita aceptaron reunirse con representantes de la Ciudad Autónoma y del Gobierno en dependencias de la frontera del Tarajal para coordinar el “retorno asistido” de los más del mil niños solos que habían entrado en Ceuta tres meses antes.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), valoró políticamente la mera celebración de aquella cita como un reconocimiento implícito sin precedentes de la legitimidad de las autoridades locales y las tres partes acordaron apelar a un acuerdo bilateral firmado en 2007 que nunca se había puesto en marcha y devolver a 15 menores cada día al margen del procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Extranjería. El apaño duró cuatro días: los que tardaron los juzgados locales en exigir de manera cautelarísima, cuando ya se había expulsado a 55 chavales, que se respetase la normativa nacional e internacional.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta puso en febrero la puntilla a las devoluciones de menores realizadas contra la opinión del Área de Menores de la Ciudad y la Fiscalía. “No es que se omitiese alguno de los trámites del procedimiento, es que se omitieron todo: ni existió incoación, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores”, detallaban las sentencias.

La Delegación y el Gobierno regional han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los fallos que obligan a la primera a “adoptar las medidas necesarias” para retornar a España al menos a 14 de los expulsados. Después del primer varapalo judicial, la ciudad autónoma y el Ejecutivo central impulsaron los recursos para intentar expulsar a los menores llegados a Ceuta en la crisis de mayo, esta vez con las condiciones impuestas por la legislación española. La Oficina de Extranjería local se reforzó con 12 funcionarios y la Ciudad contrató a ocho intérpretes y 12 trabajadores sociales cuyos contratos expiran este marzo para gestionar con “la mayor celeridad” la repatriación de los chavales por el cauce ordinario, que nunca se ha utilizado en Ceuta. Este mecanismo solo se ha aplicado de forma esporádica en el conjunto de España, entre otras razones, por las trabas que a menudo impone Marruecos para cumplir con las garantías exigidas por la normativa española.

Antes de incoar formalmente ningún expediente, la Delegación debe tener un informe “sobre las circunstancias familiares” de cada menor de su país de origen. El Gobierno ha enviado desde septiembre a Marruecos 700 requerimientos de información en los que incluye el nombre del niño y de sus padres, sus profesiones, dirección y teléfono. De ellos, solamente ha contestado en seis meses a 75 solicitudes, que equivalen a un 5% de los menores filiados en Ceuta durante los días, semanas y meses posteriores a la crisis de mayo.

En aquellos días, 1.343 menores (1.256 niños y 87 niñas) fueron registrados en total, una vez que el Gobierno local detectó a algunos de los que se habían refugiado en casas de amigos o familiares. Son el equivalente a dos generaciones completas de una de las regiones más jóvenes de España, donde en 2021, con la frontera cerrada, nacieron menos de 700 bebés.

Además de la información solicitada a Marruecos, la Delegación del Gobierno también debe recabar “cualquier información” sobre su situación “de la entidad que tenga atribuida la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda”, es decir, del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad. A esta entidad se le han pedido 585 expedientes, de los cuales un 90% ya han sido tramitados. El resto se terminará “antes de abril”.

Con ambos dictámenes sobre la mesa, la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, que siempre ha defendido que “lo mejor” para esos más de 1.300 niños sería volver a sus casas, tendrá que decidir si promueve o no su repatriación formal, en cuyo caso deberían pronunciarse de nuevo tanto el Área de Menores como la Fiscalía, así como dar audiencia a los chavales (todos tendrán letrado de oficio, para lo que el Colegio de Abogados desarrolló con Save The Children unas jornadas específicas de formación) y designar a defensores judiciales imparciales. Todas las fuentes consultadas coinciden en que, por mucho que Mohamed VI dijese tras la reprimenda de la UE que quería de vuelta a los niños, es improbable o imposible que vuelva ninguno.

Las trabas de Marruecos

Cuando, en mayo, el Gobierno intentó facilitar a “cinco menores” el reencuentro con sus familiares de manera voluntaria, las Fuerzas de Seguridad del país vecino no lo permitieron en las condiciones que pedían los técnicos españoles, que exigían ser testigos del momento en que se producía el reencuentro para darle su visto bueno. “A los niños no se les puede devolver como si fueran chorizos, que es lo que se quiso hacer”, apunta una funcionaria con experiencia. Hoy, tres de esos cinco niños “ya no quieren regresar” y dos han dejado de estar bajo la tutela de la Ciudad, como muchos otros, por cumplir la mayoría de edad.

Bajo la tutela de la administración autonómica, que sigue recibiendo un menor migrante solo cada dos días de media, solamente hay en estos momentos 344 niños. Es habitual ver en el puerto, viviendo en la calle, a los que rechazan la atención institucional.

“Tras las expulsiones de agosto, cuando había unos 900 acogidos en los distintos equipamientos de emergencia habilitados, muchos huyeron por temor a ser expulsados e hicieron ‘riski’ para cruzar el estrecho irregularmente en barcos o camiones, otros han ido cumpliendo los 18...”, explican fuentes de las organizaciones no gubernamentales que siguen de cerca su devenir. “Decenas” han dejado de acudir también a los institutos de la ciudad y a las clases organizadas por el MEFP en Piniers, donde se invirtió casi un millón en aulas prefabricadas para los chicos con entre 16 y 18 años.

El Gobierno de Ceuta ha trasladado a 199 menores a otras autonomías gracias al acuerdo alcanzado por el Ministerio de Derechos Sociales para el reparto de los que ya había en la ciudad antes de la avalancha y, además, ha reubicado a decenas con perfiles “extremadamente vulnerables” en distintos puntos de la península y reagrupado a otra parte con familiares asentados en territorio europeo.

“No se sabe si las 75 respuestas de Marruecos”, apuntan desde los juzgados, “corresponden a niños que siguen en Ceuta o ya están en otras autonomías, en cuyo caso sería la Delegación de cada territorio la competente para decidir sobre su posible repatriación”. Solamente en Madrid se ha registrado la aparición de cerca de 70 de los llegados en mayo.

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