Reino Unido dará 28 días a los ciudadanos de la UE para pedir la residencia si no lo han hecho

El Gobierno británico ha dicho que decenas de miles de ciudadanos de la Unión Europea (UE) que viven en Reino Unido que, si en una semana no han solicitado su estatus de residente pos-Brexit, recibirán un aviso formal de que tienen 28 días para presentar la solicitud o se arriesgarán a sufrir consecuencias, entre las que figuran perder sus derechos a la asistencia sanitaria y al empleo.

A una semana del miércoles 30 de junio, cuando se cumple el plazo del programa de asentamiento para ciudadanos de la UE, el Ministerio del Interior británico está redoblando los esfuerzos para llegar a aquellas personas que no se han enterado del cambio en las leyes, incluidos grupos vulnerables como el formado por las personas mayores y los niños tutelados.

Kevin Foster, secretario de Estado de Inmigración, ha dicho que pese al enorme aumento en el número de solicitudes (reciben entre 10.000 y 12.000 por día), se ha descartado ampliar el plazo. “Sencillamente, ampliar el plazo no es la solución para llegar a las personas que aún no lo han solicitado, simplemente volveríamos a encontrarnos en una posición más adelante en la que se nos pediría ampliarlo de nuevo, creando más incertidumbre”.

No obstante, también ha dicho que el 1 de julio no se interrumpirán las prestaciones sociales de los ciudadanos de la UE que no hayan presentado su solicitud en el plazo previsto. También prometió que el Ministerio de Interior será flexible e indulgente.

5,6 millones de solicitudes

El Ministerio de Interior ha recibido 5,6 millones de solicitudes de ciudadanos de la UE para obtener el estatus de residencia, algunas de ellas repetidas. Las autoridades hablan de un retraso de unas 400.000 solicitudes, cuya tramitación podría llevar hasta el final del verano.

El número de teléfono de ayuda ha recibido 1,5 millones de llamadas y en el formulario de contacto de Internet hubo medio millón de solicitudes, lo que habla de la magnitud sin precedentes de la operación y de las dificultades a las que se enfrentan muchas personas.

Con el objetivo de dar cabida a todos los que no hayan recibido en meses una respuesta a su petición, Foster dice que los solicitantes podrán usar un “certificado de solicitud” emitido por el Gobierno “como prueba para mantener su derecho al trabajo o al alquiler”. También podrán usarlo para acceder al sistema sanitario [NHS, por sus siglas en inglés]. “La gente no perderá sus prestaciones la próxima semana”, ha dicho el secretario de Estado en la Cámara de los Lores ante los miembros de una comisión.

El Ministerio de Interior comunicó durante una rueda de prensa el martes que, en lugar de proceder a la deportación, seguirá cada caso particular para averiguar las razones de las personas que no están presentando su solicitud. “Montaremos un servicio de asistencia y orientaremos a las personas para que presenten la solicitud, pero entendemos que podría haber algunas personas que tras esos 28 días todavía no habrán podido presentar una solicitud, y entonces creo que querremos trabajar junto a ellos para entender a qué se debe, y luego volver a ayudarlos para que presenten la solicitud”, dijo un responsable.

Interior ha confirmado que si, transcurridos 28 días, una persona no ha presentado su solicitud, “puede ser objeto de una acción coercitiva y no podrá optar a trabajo, prestaciones o servicios”. Y añade: “La decisión de tomar estas medidas se tomará de acuerdo con las directrices de la política de inmigración relativas a los infractores de la ley de inmigración y tras una cuidadosa evaluación de las circunstancias del individuo”.

La flexibilidad no será permanente

No se espera que esta flexibilidad se convierta en el criterio permanente. Según las normas de inmigración, los ciudadanos de la UE que presenten su solicitud fuera de plazo tendrán que aportar “motivos razonables” que expliquen por qué no lo hicieron. Entre los que recibirán ese aviso formal de 28 días hay ciudadanos de la UE que no puedan demostrar su derecho a trabajar y que podrán ser identificados por los equipos de inmigración que realizan controles a los empleadores.

El Ministerio de Interior dice que el NHS seguirá a disposición de los que presenten un certificado de solicitud y que nunca denegarán “tratamientos de urgencia”. También enviaron un aviso a empleadores y propietarios: no deben hacer controles retrospectivos de sus trabajadores o inquilinos; y podrían ser acusados de discriminación si rechazan a futuros trabajadores o inquilinos por no tener aún el estatus oficial de residente pos-Brexit.

Las nuevas normas se introdujeron a raíz de la salida de Reino Unido de la UE y están diseñadas para proteger a las personas que vivían en Reino Unido cuando el Brexit entró en vigor, el 1 de enero de 2021, así como a los ciudadanos británicos que se habían establecido en la UE antes de esa fecha.

El Ministerio de Interior dice estar preocupado por la posibilidad de que ciudadanos británicos viviendo en algunos países de la UE, como Bulgaria, Italia y Portugal, tuvieran problemas derivados de los derechos recíprocos de residencia, y que así se lo habían expuesto el martes al embajador de la UE. 

La política del Gobierno británico se explica en parte por la promesa del Brexit de “recuperar el control” de las fronteras y reducir la inmigración.

Traducido por Francisco de Zárate.