La muerte de Samba Martine en el CIE de Madrid llega a juicio con dos de los tres acusados prófugos
El caso de Samba Martine llega a juicio casi ocho años después de su muerte bajo custodia policial. El Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid celebra este lunes la primera de tres vistas programadas para estudiar el caso de la mujer congoleña, portadora de VIH, que falleció en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid sin haber recibido la asistencia sanitaria requerida. Previsiblemente, solo uno de los tres acusados de homicidio imprudente, dos médicos y una enfermera de la empresa privada encargada entonces del servicio sanitario del CIE, se sentará en el banquillo, pues los dos sanitarios restantes se encuentran prófugos de la Justicia.
Martine llegó al CIE de Aluche en 2011 después de haber pasado una temporada en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde había sido diagnosticada de VIH. Sin embargo, su expediente médico nunca llegó al centro de detención de Madrid. A pesar de los fuertes dolores y de haber solicitado asistencia médica hasta en cuatro ocasiones, Samba Martine murió sin que el servicio médico privado del centro dependiente de Interior indagase las causas de su enfermedad y, por tanto, sin recibir el tratamiento que necesitaba.
Durante el mes y medio que permaneció encerrada en el CIE, solicitó hasta en once ocasiones atención sanitaria, pero ninguna de ellas recibió la medicación indicada para la patología que causó su fallecimiento.
El único acusado que en principio comparecerá en el juicio, el doctor H. V., atendió en dos ocasiones a Samba Martine y no consideró oportuno el estudio de las causas que provocaban los dolores y los síntomas identificados a pesar de que “los problemas respiratorios persistieron durante 18 días”, según describe la acusación popular.
La enfermera que le inyectó ansiolíticos
Sin embargo, el resto de acusados, una enfermera y un doctor que atendieron en varias ocasiones a Martine, se encuentran prófugos de la Justicia. La sanitaria Y. G. C. está acusada de homicidio imprudente tras haberse constatado que inyectó “nolotil intramuscular y orfidal” a Samba Martine “sin que conste prescripción médica”, cuando “prácticamente no podía mantenerse en pie”. Según concluyó el magistrado de instrucción, “el suministro de orfidal estaría contraindicado contra los síntomas de Samba Martine”, debido a su efecto ansiolítico e hipnótico.
Un informe remitido a la justicia por parte de Cruz Roja, organización subcontratada por el Gobierno para prestar el servicio de asistencia social a las personas internas, evidenció la dejadez con la que el personal sanitario atendió a Samba Martine un día antes de su muerte. “Una de las mediadoras observó cómo dos internas ayudaban a Samba a subir las escaleras para acceder al servicio médico. Apenas podía tenerse en pie. El doctor aún no había llegado a la consulta y la enfermera le suministró un ansiolítico… Nuevamente, fue ayudada por sus compañeras para bajar hasta la sala, donde se tumbó en el suelo. No vio al médico”, detalla el documento.
“Por la tarde, la mediadora notó que su estado había empeorado. Estaba tumbada en el suelo, tapada con mantas y quejándose del humo de la sala. La mediadora subió al servicio médico para informar a la enfermera del empeoramiento de Samba. La sanitaria refirió que no podía hacer nada más…”, reza el informe de Cruz Roja.
El doctor prófugo en Paraguay que no buscó las causas
Por otro lado, el segundo doctor imputado en la causa, el médico J. E. O., quien reside en Paraguay, tampoco podrá ser juzgado por el momento. “Después de que se le notificase la apertura de juicio oral ha dejado de responder a las notificaciones”, apuntan fuentes próximas a la acusación popular.
Este médico atendió en cuatro ocasiones a Samba Martine, incluida la primera consulta tras su internamiento en el CIE, así como la que tuvo lugar el día en del fallecimiento de la congoleña. Según se desprende de la investigación, el examen médico se realizó sin traductor y de forma deficiente. El doctor no preguntó a la mujer su lugar de origen ni detalles sobre su ruta migratoria, detalla la acusación popular, incumpliendo así los protocolos de atención sanitaria a personas migrantes.
“A pesar de la persistencia de su mal estado de salud y de la reiteración de la solicitud de asistencia, a pesar de los múltiples síntomas incluidos en los partes de consulta, el Dr. Ojeda no llevó a cabo ninguna indagación tendente a valorar las causas”, denuncian desde la acusación popular.
La directora del servicio médico no está imputada
Por su parte, el juzgado retiró la imputación de la directora de SERMEDES -la empresa encargada del servicio médico del CIE entonces-. Tanto la acusación particular como la popular recurrieron la decisión judicial pues entendían que exisitía “una mala praxis” en la propia forma en la que se organizaba el servicio, como en los informes médicos iniciales.
“La muerte de Samba no tiene las causas únicamente en la falta de diligencia de médicos concretos, sino también en mala organización del servicio médico del CIE”, lamentan fuentes jurídicas próximas a la acusación popular.
Desde la ONG Ferrocarril Clandestino consideran que la investigación del caso “ha sido lánguida y costosa” y critican la posición del Ministerio Fiscal al respecto. “En estos años no ha solicitado una sola diligencia de investigación”, ha denunciado la organización personada en la causa en un comunicado. “En estas condiciones difícilmente la familia de Samba pueda obtener la justicia que merece, y que el Estado español le debe”, apuntan desde la organización, que también solicita al ministro del Interior el cese del actual director del CIE de Aluche, Antonio Montes Rodríguez, quien ocupaba el puesto de jefe de seguridad durante la época del fallecimiento de Samba.
