El nuevo sistema español para deportar a menores inmigrantes no funciona en París

La misma semana en la que los candidatos a presidente del Gobierno se enfrentaban a los últimos días de campaña electoral, una delegación marroquí se encontraba en Madrid para activar un nuevo proceso de deportación “voluntaria” de menores migrantes no acompañados. El mecanismo del Gobierno español tiene como precedente un plan similar de repatriación de niños marroquíes impulsado en París, pero sus resultados han dejado a su paso denuncias de irregularidades y vulneraciones de los derechos de la infancia.

La fiscalía de París empezó a colaborar en la primavera del año pasado con la policía de Marruecos para favorecer las deportaciones de menores marroquíes. Instalados en la zona de la Goutte d'Or, en el norte de la capital francesa, muchos de ellos sufrían problemas de drogadicción, a menudo dormían en la calle y su situación de exclusión los empujaba a ser víctimas o autores de actos de delincuencia (robos, tráfico drogas, prostitución, etc).

Seis funcionarios marroquíes, entre ellos cuatro agentes de policía, se desplazaron en junio de 2018 a París para identificarlos y favorecer su retorno. Este acuerdo de colaboración mantiene ciertas similitudes con las deportaciones impulsadas a finales de abril de este año por el gobierno español con la ayuda de una delegación marroquí. En el caso de Francia, ¿la cooperación con Marruecos ha dado sus frutos? ¿Ha permitido mejorar la suerte de estos adolescentes que vivían en condiciones deplorables y alteraban el orden público?

“Es evidente que este acuerdo no ha resuelto el problema”, asegura Alexandre Le Clève, miembro de la asociación Trajectoires, que describió la situación de estos jóvenes marroquíes en un extenso estudio realizado para el Ayuntamiento de París. “Ha favorecido que los jóvenes que estaban en la Goutte d'Or se dispersen por otras ciudades en el oeste de Francia, como Rennes, Tours o Brest”, añade Jean-François Martini, jurista experto en los menores extranjeros no acompañados y miembro de la asociación Gisti, que reveló el año pasado el acuerdo alcanzado de forma poco transparente entre las autoridades francesas y marroquíes para favorecer las deportaciones de estos niños y adolescentes.

Al menos una veintena de estos menores, la mayoría de ellos marroquíes, deambulaban por la Goutte d'Or, unas de las zonas más populares y multiculturales de la capital francesa, por la que han pasado en los últimos dos años más de 300 niños y adolescentes migrantes. La mayoría de ellos se resguardaban de las bajas temperaturas pasando las horas dentro de una lavandería que frecuentan desde 2017. Muchos de ellos han vivido antes en España y hablan castellano con fluidez. “Hemos venido para buscarnos un futuro”, afirma uno de ellos, que asegura residir en París “desde hace un año”. Actúan con desconfianza y cierta agresividad hacia otros adultos. Sus rostros no solo están marcados por el cansancio, también por las heridas.

“Las deportaciones voluntarias no han dado sus frutos”

“Tras unos meses en los que disminuyó su presencia, estos vuelven a ser bastante numerosos”, explica Christian Megerand, de 66 años, propietario de un restaurante en la calle Jessaint, donde se reúnen estos adolescentes, mal llamados “niños de la calle”, dado que muchos de ellos tienen familia en Marruecos, aunque sus vínculos familiares resulten frágiles. “La situación ahora es menos tensa”, reconoce Elena Tabera, sentada en un banco en el parque Alain-Bashung.

Aunque su presencia se ha vuelto un poco más discreta, algunos de ellos siguen viviendo en Francia y muy pocos regresaron a Marruecos. Según datos del Gisti, la policía marroquí identificó a 85 jóvenes de un total de 122 hasta finales del año pasado, 50 de ellos fueron considerados menores de edad y 35, mayores de 18 años. “Entre todas las familias que fueron localizadas, ninguna de ellas deseó recuperar a su hijo”, explica Martini. “La idea de que se podían lograr deportaciones voluntarias no dio sus frutos”, añade.

Contactados por eldiario.es, la embajada de Marruecos y la prefectura de la policía de París no han precisado el número de adolescentes identificados ni cuántos de ellos han sido deportados. Según el diario digital Street Press, al menos nueve adolescentes marroquíes fueron expulsados antes de finales de 2018. Aunque el consulado marroquí dijo al medio francés que todos ellos eran mayores de edad, cuatro de ellos poseían certificados de nacimiento que indicaban ser menores.

Las deportaciones desembocaron en casos controvertidos como el de Rachid B. Este joven marroquí fue detenido el pasado 8 de octubre en el norte de París. Después de interrogarlo durante su encierro en un centro de retención administrativa (el equivalente de un CIE en Francia), el grupo de agentes marroquíes lo interrogaron consideró que tenía más de 18 años, aunque Rachid B. poseía un certificado de nacimiento de diciembre de 2001.

En base a sus documentos, un tribunal administrativo francés reconoció su minoría de edad, pero la sentencia fue recurrida por la Fiscalía, lo que provocó su permanencia en el centro de internamiento. “La fiscalía de París se opuso a que mostrara su certificado de nacimiento durante la audiencia”, lamentó su abogada Olfa Ouled en declaraciones a Street Press. Solo dos días después de este segundo juicio, fue deportado a Marruecos.

Una base jurídica frágil

Como en España, los menores extranjeros no acompañados no pueden ser deportados sin el consentimiento del adolescente ni la autorización de un juez. A pesar de ello, el documento del acuerdo entre la policía de París y las autoridades marroquíes, filtrado por el Gisti, establecía como objetivo “su retorno a Marruecos”. La base jurídica para materializar las repatriaciones, reconocían los firmantes,“debe ser objeto del trabajo de los expertos”. El pacto citaba como ejemplo otro un polémico acuerdo bilateral entre Francia y Rumanía alcanzado a principios de los años 2000 para favorecer las expulsiones de adolescentes rumanos.

“El proyecto para impulsar las deportaciones de menores marroquíes es una copia de lo que se intentó hacer con los menores rumanos”, asegura Leclève, quien recuerda que el Consejo Constitucional (el equivalente del TC en Francia) declaró inconstitucional buena parte del pacto, que permitía las expulsiones de menores a través de una mera autorización de los delegados del gobierno. En el caso de la cooperación con Marruecos, las autoridades francesas avanzan con mayor prudencia y secretismo jurídico.

“Tememos que presionen a estos adolescentes para darles a entender que no tienen otra opción que su deportación”, reconoce Martini. Según el miembro del Gisti, los interrogatorios de los menores se han producido sin la presencia de sus abogados. “Los agentes marroquíes han podido registrarles incluso sus teléfonos móviles”, lamenta. Un modo de actuación que roza la ilegalidad.

“El principio que debería prevalecer es que un menor extranjero no acompañado no es expulsable”, afirma Leclève. Pese a las dificultades que comporta, “estos jóvenes lo que necesitan es asistencia social”, defiende Martini. Sin embargo, los departamentos franceses (el equivalente de las provincias), encargadas de la acogida de los menores extranjeros no acompañados, se muestran cada vez más reticentes a la hora de ofrecer asistencia social a los inmigrantes adolescentes. En Francia, hay 17.000 menores extranjeros no acompañados, según los últimos datos (2018) de la Protección Judicial de la Juventud.

Las autoridades francesas apostaron por una solución policial ante el caso problemático de los menores marroquíes de la Goutte d'Or. Un proyecto que resulta un modelo controvertido para las autoridades españolas, tanto por su escasa eficacia como por las posibles vulneraciones de derechos de los menores de las que ya empiezan alertar organizaciones especializadas en infancia y migraciones, como la Red Española de Inmigración o Save The Children.