Suecia obliga a los funcionarios a denunciar a personas sin papeles en una nueva ofensiva antinmigración
Las autoridades suecas podrán revocar el permiso de residencia y ordenar la expulsión de inmigrantes que el Gobierno considere que tienen una “mala conducta”. La ley no especifica qué tipo de conductas se consideran inaceptables para vivir en el país nórdico, pero el Gobierno ha mencionado como ejemplo los casos en que las personas tengan deudas impagadas, trabajen de forma no declarada o tengan vínculos con organizaciones extremistas, entre otros supuestos.
El Parlamento de Suecia aprobó la ley para que la norma se aplique de forma retroactiva para los permisos de residencia ya concedidos y para los que están aún pendientes de tramitar. Esta medida, que refuerza la represión contra las personas inmigrantes, forma parte del endurecimiento general de las normas de inmigración que el Gobierno conservador de Suecia, con el apoyo del partido ultra Demócratas de Suecia, está llevando a cabo de cara a las elecciones parlamentarias del próximo mes de septiembre.
La ley ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición y por grupos defensores de los derechos de los migrantes por considerarla una norma arbitraria, ya que la retirada de los permisos de residencia se basaría en conductas que no son catalogadas como delito en el código penal. Sin embargo, el Gobierno ganó las elecciones en 2022 con la promesa de reducir la inmigración y combatir la delincuencia, por lo que defiende que las personas que se comportan mal o cometan delitos no son bienvenidas en Suecia: “Quien no se esfuerce por hacer lo correcto no debería poder contar con quedarse”, dijo el ministro de Migración, Johan Forssell, cuando propuso el proyecto de ley en marzo.
Además, el país nórdico aprobó también otra normativa que ya ha sido bautizada por sus detractores como la “ley del soplón”. La medida obliga a algunos empleados públicos a informar a las autoridades sobre cualquier persona que consideren sospechosa de encontrarse en situación administrativa irregular.
Supone un grave retroceso para los derechos humanos en Suecia. Las obligaciones de información impuestas a los organismos públicos generan un clima de miedo que perjudica no solo a las personas indocumentadas, sino a todos aquellos que dependen de estas instituciones, incluidos los funcionarios que trabajan en ellas
Está previsto que estos cambios legislativos entren en vigor a partir del mes de julio, y el Gobierno cree que afectarán a unas 100.000 personas. La Agencia de Migración tendrá la tarea de revisar los permisos de residencia caso a caso, mientras que las decisiones podrán ser recurridas ante un tribunal migratorio especializado. El Ejecutivo ha señalado que la medida no se aplicará a quienes hayan obtenido la residencia por motivos de asilo o reunificación familiar, ni tampoco a los ciudadanos de la Unión Europea, que quedan expresamente excluidos de la normativa.
Todos los partidos en el Parlamento que se sientan en los bancos de la oposición han criticado la medida por no dejar claro en qué supuestos se permitirá a las personas permanecer viviendo en Suecia. En este sentido, el grupo de presión en defensa de los derechos humanos con sede en Estocolmo, Civil Rights Defenders, ha señalado que “la ley de buena conducta genera incertidumbre sobre qué acciones o expresiones podrán ser utilizadas en contra de las personas migrantes”.
La organización ha dejado claro en un comunicado que la norma aprobada “socava el estado de derecho y el principio de igualdad ante la ley”. Además, creen que “da pie a decisiones desproporcionadas basadas en estereotipos, prejuicios o suposiciones incorrectas sobre el estilo de vida o las circunstancias de las personas”. Esto, en la práctica, “comporta el riesgo de que las personas que no tengan la ciudadanía sueca tengan un grado menor de libertad de expresión por miedo a las consecuencias de la ley” dice el comunicado.
Aprobada la “ley del soplón”
La segunda medida que ha generado una fuerte controversia es la que obliga a determinados funcionarios públicos a informar a la policía y a las autoridades migratorias sobre personas indocumentadas o en situación irregular. La disposición ha provocado un debate incluso mayor que la denominada ley de “mala conducta”. Según el texto aprobado, la obligación afectará a trabajadores de organismos como el Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social, el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional, la Agencia de Pensiones y la Agencia Tributaria.
El primer borrador de la ley, presentado por el Gobierno hace un año, contemplaba también que empleados del sistema sanitario, centros educativos y servicios sociales tuvieran que denunciar a inmigrantes sin documentación. Sin embargo, la presión ejercida por profesionales de estos sectores, sindicatos y formaciones políticas llevó finalmente a excluirlos de la normativa.
Los críticos de la medida argumentaron que esta obligación puede generar un efecto disuasorio, haciendo que muchas personas migrantes eviten acudir a servicios esenciales por miedo a ser denunciadas. Según sus detractores, esta situación podría poner en riesgo su salud, su seguridad y el acceso a derechos fundamentales. Por el momento, Suecia mantiene el principio de que cualquier persona, independientemente de su situación migratoria, tiene derecho a recibir atención sanitaria, no solo en casos de emergencia.
Pero a pesar de la excepción añadida en el texto final de la ley, desde la Plataforma para la Cooperación Internacional por los Inmigrantes Indocumentados (PICUM), la portavoz Louise Bonneau, expresó en un comunicado que “supone un grave retroceso para los derechos humanos en Suecia”.
“Las obligaciones de información impuestas a los organismos públicos generan un clima de miedo que perjudica no solo a las personas indocumentadas, sino a todos aquellos que dependen de estas instituciones, incluidos los funcionarios que trabajan en ellas”, dice. Según Bonneau, las excepciones de los servicios sanitarios, las escuelas y los servicios sociales en la ley no ofrecen suficiente protección, ya que “en la práctica la información circulará entre los proveedores de servicios, los organismos y las autoridades de inmigración”, asegura la experta.
En la misma línea, Jacob Lind, investigador en migración internacional en la universidad de Malmö, argumenta que el Gobierno está poniendo en riesgo la propia reputación de las agencias estatales “solo para crear un entorno hostil para los migrantes. Se trata de una política cruel e ineficaz que abre la caja de Pandora de la delación, una característica propia de los Estados autoritarios”, asegura.
Cambio de paradigma migratorio
Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de centroderecha sueco ha impulsado un progresivo desmantelamiento de las ayudas públicas y de las políticas destinadas a la integración de la población migrante. El objetivo del Ejecutivo ha sido endurecer las condiciones de acogida y reducir el atractivo del país para nuevos migrantes, en un giro que contrasta con la imagen de antaño de Suecia como uno de los países europeos más garantistas con los inmigrantes y solicitantes de asilo.
Este cambio de rumbo en la política migratoria ha sido impulsado gracias al respaldo de la extrema derecha, que en 2022 se convirtió en la segunda fuerza política más votada del país y que, desde entonces, actúa como socio parlamentario clave para sostener al gobierno en minoría. Para la campaña de las elecciones en septiembre, los ultras de Demócratas de Suecia continúan vinculando la inmigración a la oleada de violencia protagonizada por el crimen organizado y las pandillas. Este discurso les da buenos resultados, ya que, a pocos meses de las elecciones, los sondeos apuntan a que el partido radical xenófobo continúa teniendo la clave para decidir la formación de un gobierno en el país nórdico.
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