La gestión de los conciertos sanitarios que investigó 'Privados de Salud' desata nuevas sospechas

Despiertos

Santa Cruz de Tenerife —

Los conciertos sanitarios que Canarias arrastra con hospitales privados desde época preconstitucional han vuelto al centro de la polémica. Después de que las informaciones de Canarias Ahora y el documental Privados de Salud de Despiertos pusieran la lupa sobre los contratos que la Consejería de Sanidad tiene firmados con las centros privados del Archipiélago, las derivaciones de pacientes regresan a la primera línea de la actualidad y ponen bajo sospecha la gestión del actual consejero, José Manuel Baltar, exdirector de Operaciones de las Clínicas San Roque.

Tal y como se plasma en el documental, el Gobierno autonómico mantiene conciertos sanitarios con las clínicas privadas que incumplen la legislación estatal de contratos del sector público. Un hecho reconocido en el programa por el exconsejero Jesús Morera, que puso en marcha un grupo técnico para sacar a concurso unos contratos que se han prorrogado, en algunos casos, desde época preconstitucional. La ruptura del pacto regional entre Coalición Canaria y el PSOE provocó la reestructuración de los puestos de mando de la Consejería de Sanidad, que pasó tener como cabeza visible a José Manuel Baltar, exalto cargo de la empresa que más se beneficia de la derivación de pacientes en Gran Canaria y exvicepresidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española.

La gestión de Baltar ha sido cuestionada por los partidos de la oposición al aumentar un 40%, en términos absolutos, las intervenciones quirúrgicas derivadas a los Hospitales San Roque desde la sanidad pública durante 2017. En el año y medio que lleva en el cargo, el actual consejero también ha continuado con la medida iniciada por Jesús Morera y ha impulsado la convocatoria de un concurso para legalizar los conciertos sanitarios para pacientes de media estancia en Tenerife y Gran Canaria, valorado en 220 millones de euros para cuatro años.

Aunque en un primer momento Baltar se abstuvo de participar en el procedimiento, el consejero acaba de firmar una orden que da un año más de plazo a las clínicas que concurran al concurso para adaptarse a los requisitos que fija el Decreto 105/2006, que desarrolla el régimen jurídico de los conciertos sanitarios y establece las condiciones que deben cumplir los centros beneficiados.

En el programa de Despiertos Privados de Salud, la exconsejera de Sanidad Mercedes Roldós, actual delegada del Gobierno en Canarias, pese a que reconoció que los conciertos se han adjudicado históricamente “a dedo”, aseguró que “todos están adecuados a las condiciones que debe imponer la Consejería de Sanidad sobre criterios de calidad, de seguridad, de número de profesionales, de número de camas, etcétera, etcétera”.

Extracto de la entrevista a Mercedes Roldós en Privados de Salud

Esas condiciones están reguladas, precisamente, en el Decreto 105/2006. Es decir, a pesar de que la norma lleva en vigor cerca de 12 años, el actual consejero ha ampliado el plazo para que las clínicas homologuen sus instalaciones, lo que permitirá a las futuras adjudicatarias del concurso recibir pacientes de media estancia sin haber acreditado el cumplimiento de los requisitos legales.

Las declaraciones de Roldós en Privados de Salud no sólo confrontan con la última decisión de Baltar. Una investigación abierta por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Telde, a raíz de la denuncia de una empresa perjudicada, ha desvelado que el Gobierno de Canarias paga más de cinco millones al año a una clínica sin homologar. En las diligencias, por las se que investiga al Servicio Canario de Salud y al Hospital ICOT Ciudad de Telde, se ha puesto de manifiesto que, al menos hasta 2017, solo dos centros de Gran Canaria cumplían con el Decreto 105/2006. Mercedes Roldós fue consejera de Sanidad entre 2007 y 2010.

Puertas giratorias

A la espera de conocer el resultado del nuevo concurso de hospitalización de media estancia, sobre Baltar planea la duda de qué ocurrirá cuando el consejero deje el cargo. Formaciones políticas como PSOE y Podemos han cuestionado la incompatibilidad que supondría su posible regreso a las Clínicas San Roque después de haber aumentado los conciertos sanitarios que recibe la empresa propiedad de Mario Rodríguez, expresidente de la patronal empresarial de Las Palmas, y de haber firmado una orden que aumenta el plazo para la homologación de los centros privados. En Canarias ya hay un precedente.

Brígida Mendoza, consejera de Sanidad por Coalición Canaria entre 2011 y 2015, llegó al cargo tras un breve paso por el Materno Infantil de Gran Canaria, a donde llegó procedente del Hospital Perpetuo Socorro, otra de las empresas que se benefician de los conciertos ilegales. Tal y como desveló Privados de Salud, durante los cuatro años que estuvo en el cargo, el dinero que recibió la clínica privada a la que pertenecía de la sanidad pública aumentó en más de un millón de euros. Brígida Mendoza regresó al Hospital Perpetuo Socorro nada más finalizar su mandato.

El retorno de Mendoza a la privada a través de una puerta giratoria se produjo a pesar de lo estipulado por el artículo 12 de la Ley de Incompatibilidades, que establece que “no podrá ejercer actividad privada quien haya intervenido en la actividad por razón de su cargo público en los últimos dos años”. La Ley Canaria de Ordenación Sanitaria, en el artículo 100, deja claro que “no se podrán firmar conciertos con hospitales que incumplan la Ley de Incompatibilidades”. Perpetuo Socorro no ha dejado de recibir pacientes después del retorno de Brígida Mendoza a su plantilla directiva.

Las derivaciones de pacientes desde la sanidad pública vuelven al centro de la polémica, aunque lo cierto es que están bajo sospecha desde que Coalición Canaria decidió romper el pacto con el PSOE y colocar de consejero a un representante de las clínicas privadas. En el segundo capítulo de Despiertos, el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, mostró su confianza en que el entonces consejero, Jesús Morera, finalizase con el proceso de legalización de los conciertos. Al ser preguntado sobre si iba a poder, el representante de los profesionales sanitarios lanzó una advertencia: “Hay tanto polvo debajo de las alfombras que ya casi no hay alfombras”. Y el polvo acabó por enterrar al político socialista.

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