El 42% de los municipios está en riesgo por despoblación, según un informe del Banco de España

La despoblación ha colocado en riesgo de desaparición a 3.403 municipios en España. Es el aviso que hace el Banco de España en su estudio La distribución espacial de la población en España y sus implicaciones económicas, que publica dentro del Informe Anual 2020 del organismo regulador. Es la primera vez que la autoridad monetaria aborda el problema de la España vaciada con tanta profundidad en una de sus publicaciones. El Banco de España asegura que “la incidencia de municipios en riesgo de despoblación en España se sitúa muy por encima de la del conjunto de la eurozona”, ya que atendiendo a los criterios de pérdida de población y densidad reducida el 42% de los municipios de España podrían desaparecer. Estamos hablando del 2,3% de la población, aproximadamente un millón de habitantes. La institución monetaria incide en que este problema acentúa la fuerte desigualdad que ya sufre nuestro país.

España supera con creces a la eurozona en el porcentaje de municipios en riesgo, ya que con peligro de despoblación son solo el 10% en la zona euro. Así, mientras en España son el 42% de los pueblos los afectados por la despoblación, en Alemania, Francia e Italia los municipios que pueden desaparecer suponen tan solo el 1%, el 7% y el 4%, respectivamente.

El organismo monetario apunta que la supervivencia a largo plazo para este conjunto de municipios rurales “podría verse amenazada en caso de que sus dinámicas poblacionales recientes no se reviertan”. Entre otras cosas porque se observa la existencia de un número elevado de municipios rurales que no solo presentan un crecimiento vegetativo negativo año tras año, sino que además han ido perdiendo población de forma continuada a lo largo de las dos últimas décadas. La despoblación no solo es un problema por la desigualdad que genera, “la desaparición de estos municipios podría representar asimismo una amenaza sobre el medio ambiente, en términos, por ejemplo, de aumento en la incidencia de incendios y una disminución de la biodiversidad, si no se articulasen medidas mitigadoras”.

El territorio deshabitado juego un papel determinante. España está en línea en municipios en riesgo de despoblación con países como Estonia, Finlandia y Letonia, con porcentajes en el entorno del 50%. Estos países coinciden con España en que tienen un elevado porcentaje de territorio deshabitado. Así se explica las dificultades “para atraer y retener población en los municipios rurales más pequeños, al estar rodeados de grandes extensiones de territorio vacío que redundan en un mayor aislamiento”.

¿Qué les ocurre a estos municipios en riesgo de despoblación? Que se acentúa las brechas que ya existen entre municipios rurales y urbanos. De esta manera, los municipios con problemas de pérdida de población tienen una tasa de dependencia (ratio entre la población de más de 64 años y la población de entre 16 y 64 años) del 0,72, frente al 0,37 del resto de los municipios rurales y al 0,23 de los municipios urbanos. En los municipios en riesgo de despoblación hay prácticamente un habitante en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años, mientras que en el resto de los municipios rurales y en los municipios urbanos esta proporción es de casi tres personas en edad de trabajar por cada cuatro habitantes mayores de 65 años. Respecto a la accesibilidad a servicios, el déficit en los núcleos rurales en riesgo de despoblación es mucho más acusado: su habitante medio ha de recorrer más de 30 kilómetros (km) hasta el colegio, ambulatorio, gasolinera o polideportivo más cercano, frente a los 14 km del habitante medio en el resto de los municipios rurales y a los 2 km del habitante urbano.

En lo relativo a los servicios financieros, el 79% de los municipios en riesgo de despoblación no disponen de sucursal bancaria, muy por encima del 42% del resto de los municipios rurales y del 0% de los urbanos. Por último, con respecto al acceso a servicios digitales, tan solo el 5% de los hogares tienen acceso a banda ancha de 100MB en los municipios en riesgo de despoblación, frente al 33% y al 83% del resto de los municipios rurales y de los municipios urbanos, respectivamente.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

La tasa de urbanización española se situaba en el 80,8% en 2020, ligeramente superior a la del conjunto de la eurozona, pero por debajo de la del resto de los países considerados desarrollados. La concentración de la población en España es muy elevada en comparación con la del resto de los países europeos: la densidad que experimenta el ciudadano medio (de 13.369 y de 946 habitantes por kilómetro cuadrado en las áreas urbanas y rurales de España, respectivamente) es superior a la del conjunto de la eurozona, con densidades de 6.839 y de 816 habitantes por kilómetro cuadrado, respectivamente 

Además de existir una elevada concentración de la población en la superficie habitada, una amplia porción del territorio español está deshabitada, de forma que tan solo el 12,7% de su superficie está poblada, frente al 67,8%, 59,9% y 57,2% de países como Francia, Alemania e Italia, respectivamente.  

El porcentaje de población residente en áreas urbanas ha aumentado de forma significativa en España desde 1950, aunque se pueden distinguir dos etapas bien diferenciadas. En un primer periodo se daría el éxodo rural, entre 1950 y 1991, donde la tasa de urbanización aumentó del 59,6% al 79,6%. Hubo un proceso migratorio rural-urbano que se tradujo en un cambio con la pérdida de peso económico del sector agrario en favor de la industria y de los servicios. En una segunda etapa, que comenzó en la década de los noventa del siglo pasado, la tasa de urbanización continuó creciendo pero a un ritmo menor. La tasa de urbanización avanzó casi 2 puntos porcentuales. Pero la característica principal de este periodo es el crecimiento de la población en las áreas urbanas frente a la pérdida de población de las zonas rurales debido al envejecimiento de la población. 

Al analizar cómo las grandes ciudades hacen un efecto tractor que acentúa la despoblación de determinadas zonas el Banco de España ha concluido que las provincias con mayor incidencia de municipios en riesgo de despoblación son aquellas en las que la capital de provincia presenta un menor tamaño. La pérdida de dinamismo de algunas ciudades españolas, de tamaño medio, a lo largo de los últimos años ha acentuado el proceso de despoblación rural en algunas provincias.

El efecto tractor de las áreas urbanas sobre los municipios rurales ha sido particularmente intenso en las décadas más recientes, a medida que se han reducido los costes de desplazamiento entre las zonas rurales y las áreas urbanas. A lo largo de las últimas décadas, las migraciones interiores desde las ciudades más pequeñas hacia las grandes urbes ha contribuido al menor dinamismo de los municipios rurales alrededor de las ciudades más pequeñas.

El conjunto de las ciudades españolas aumentaron su población durante la primera década del siglo XXI, debido, sobre todo, al saldo positivo de los flujos migratorios internacionales. Sin embargo, a partir de 2011 las ciudades de menor tamaño perdieron población. Se da una persistencia en el patrón de pérdida de población de las ciudades más pequeñas, debido a las migraciones interiores hacia las ciudades más grandes. El hecho diferencial que emerge con respecto a la primera década del siglo XXI es que el saldo neto de migraciones internacionales se redujo de forma drástica tras la crisis financiera iniciada en 2008. De este modo, estas migraciones dejaron de compensar la pérdida de población en las ciudades pequeñas, como resultado de las emigraciones hacia ciudades de mayor tamaño, lo que redunda en una pérdida de población en prácticamente la mitad de las áreas urbanas españolas entre 2011 y 2018, según explican los investigadores del Banco de España.

El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos aborda el problema de la despoblación como un elemento más que impulsa en la desigualdad. En este sentido, el gobernador del Banco de España ha apuntado que “es importante considerar tanto políticas de mitigación de la despoblación —que persiguen frenar el declive demográfico y fomentar el desarrollo a medio plazo de las zonas rurales— como políticas de adaptación a la despoblación —cuyo objetivo es el mantenimiento de un nivel mínimo de servicios que garantice el bienestar de los habitantes del mundo rural—”.

El Banco de España recuerda que las políticas públicas basadas en criterios de ubicación geográfica ya representan una parte significativa de los presupuestos públicos -el 33% del presupuesto UE se destina a cohesión económica, social y territorial- pero hace una serie de propuestas, bastante generales, tanto en políticas públicas de adaptación a la despoblación como en políticas de mitigación de la despoblación. Respecto a las políticas de adaptación, se propone mejorar la delimitación de las competencias entre los diferentes niveles de la Administración, así como a un mayor nivel de colaboración entre municipios para explotar las economías de escala: las mancomunidades pueden desempeñar un papel destacado para paliar las dificultades que afrontan los municipios rurales en la provisión de servicios; además de la tanto de servicios digitales y financieros y programas de formación en competencias financieras y digitales.

En cuanto a las políticas de mitigación  están la a la adaptación de la oferta educativa a las necesidades del tejido empresarial, la coordinación de las acciones formativas con otras políticas de promoción del emprendimiento a escala local, la agrupación y reducción del número de municipios, el diseño y la coordinación de diferentes proyectos financiados con fondos estructurales y de inversión europeos para acometer políticas de desarrollo local e innovación en la provisión de servicios en zonas rurales.

Estamos en un momento en el que la irrupción de la pandemia ha acelerado el proceso de cambio estructural en dos ámbitos ligados a las decisiones de ubicación geográfica de la población: la digitalización y el teletrabajo. Con la llegada de los fondo europeos para luchar contra el impacto de la COVID, el Banco de España identifica tres líneas de trabajo en políticas públicas para frenar el proceso de despoblación que son La digitalización, el envejecimiento poblacional y la transición energética plantean nuevos retos, pero también oportunidades para el desarrollo del mundo rural.

Por un lado, La brecha digital entre las zonas rurales y urbanas podría justificar un esfuerzo inversor en redes de banda ancha, para facilitar el acceso a servicios digitales y al teletrabajo, y los canales de venta online de las empresas del mundo rural. El entorno rural puede presentar ventajas en la provisión de algunos servicios (residenciales, ocio,…) demandados por la “silver economy”, es decir, para cubrir las necesidades de una población cada vez más envejecida. Finalmente, los proyectos vinculados al desarrollo de fuentes de energía alternativas con elevado contenido innovador representan una oportunidad para el mundo rural y las ciudades de menor tamaño.