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Alemania pide a las nucleares 23.340 millones para almacenar sus residuos
La comisión creada en Alemania para estudiar cómo financiar el apagón nuclear, que se prevé se haya completado en el año 2022, propuso hoy que los consorcios eléctricos transfieran a un fondo 23.342 millones de euros para sufragar los almacenes temporales y permanentes de residuos radiactivos.
Tras meses de negociaciones, la comisión creada por el Gobierno presentó hoy en Berlín sus conclusiones, rechazadas tras un primer análisis por las cuatro grandes empresas afectadas: EnBw, E.ON, RWE y Vattenfall.
La ministra de Medioambiente, Barbara Hendricks, consideró que se ha alcanzado un compromiso justo, ya que las nucleares no se desentienden de sus responsabilidades y, a su juicio, se evitan al mismo tiempo exigencias desmesuradas que podrían poner en peligro su viabilidad.
Con el fondo estatal, al que deberían realizar sus transferencias las eléctricas hasta 2022 para el almacenamiento temporal y definitivo de residuos nucleares, se garantiza la existencia de reservas y se exime de responsabilidades a las empresas.
A la espera de analizar a fondo la documentación utilizada por la comisión para presentar sus conclusiones, las empresas afectadas criticaron las cifras barajadas al estimar que sobrepasan sus capacidades económicas.
En un comunicado, E.ON afirmó que no puede aceptar esas conclusiones por “responsabilidad” ante sus empleados, clientes y propietarios.
Las eléctricas aseguran que están dispuestas a asumir sus obligaciones en el proceso de desmantelamiento de las centrales, aprobado por el Gobierno alemán tras la catástrofe de la central japonesa de Fukushima, pero consideraron que los almacenes de residuos suponen una tarea que corresponde al Estado.
El objetivo principal de la propuesta de la comisión es establecer un reparto de los gastos para el apagón nuclear limitando los riesgos para los contribuyentes.
Con cifras de 2014, la comisión cifró en unos 47.500 millones de euros el coste total del desmantelamiento de las centrales y del almacenamiento de los residuos nucleares.
En ese marco propone que las eléctricas establezcan unas reservas de cerca de 19.800 millones de euros para sufragar el cierre y la demolición de las centrales -hasta 2040- y para el empaquetamiento y transporte de los residuos.
El Estado sería responsable de la construcción y la gestión de esos almacenes, apoyado por un fondo al que las eléctricas deberían transferir los citados 23.342 millones de euros hasta 2022.
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