Brasil acumula hasta noviembre un déficit de 2.372 millones de dólares

El sector público brasileño acumuló hasta noviembre un déficit fiscal primario de 78.300 millones de reales (unos 2.372 millones de dólares), frente a los 85.100 millones de reales (unos 25.787 millones de dólares) del mismo periodo de 2016, informó hoy el Banco Central.

El saldo negativo en entre ingresos y gastos del sector público, incluyendo el gobierno central, los regionales, los municipales y las empresas pública, llegó hasta los 149.000 millones de reales (unos 45.151 millones de dólares) en los doce meses finalizados en noviembre, el 2,29 % del PIB.

El saldo primario no incluye lo que Brasil gasta con el pago de intereses por la deuda pública pero es usado como referencia de las cuentas públicas del país y para definir las metas fiscales anuales.

En noviembre, el déficit fue de 909 millones de reales (unos 275,4 millones de dólares), frente al superávit de 4.758 millones de reales (1.441 millones de dólares) en octubre, el primer saldo positivo tras cinco meses de resultados negativos.

El mes pasado, el gobierno central y los gobiernos regionales registraron un déficit de 366 millones de reales (unos 110 millones de dólares) y 787 millones de reales (alrededor de 238,4 millones de dólares), respectivamente, mientras que las empresas estatales tuvieron un superávit de 245 millones de reales (unos 74,2 millones de dólares).

El déficit acumulado hasta noviembre es compatible con la meta que se impuso el Gobierno de terminar 2017 con un saldo negativo en las cuentas públicas de 163.100 millones de reales (unos 49.424 millones de dólares).

De cumplirse esa meta, Brasil, cuyo déficit en 2016 fue de 155.700 millones de reales (unos 47.181 millones de dólares), el mayor en su historia, completará cuatro años con un saldo negativo récord consecutivo.

Para intentar cumplir su meta fiscal este año, el Gobierno se ha visto obligado a realizar varios recortes en los presupuestos del Estado y ha llevado a cabo un duro plan de austeridad para sanear las cuentas públicas del país.

Entre las medidas aprobadas por el Congreso se encuentra una enmienda constitucional que impide que los gastos públicos sean superiores a la tasa de inflación del año anterior y el Ejecutivo lucha ahora por sacar adelante una polémica reforma del sistema de pensiones y jubilaciones.