La Constituyente apela al diálogo para resolver los problemas de la economía venezolana

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela replantea la fórmula del diálogo para intentar de nuevo arreglar los problemas de la economía que el Gobierno de Nicolás Maduro ha prometido solucionar durante los últimos tres años, y que mantienen hoy al país en el peor momento de su historia.

El diálogo con los sectores productivos ya fue probado antes por la llamada revolución bolivariana, que defiende que esta crisis no es inherente al modelo socialista que intentan aplicar en el país desde hace 18 años, sino de la dependencia de la renta petrolera y de una guerra económica emprendida por sectores contrarios.

Al menos en dos ocasiones el Gobierno venezolano ha sentado a los empresarios y productores en la mesa para crear mecanismos que permitieran reflotar la economía, pero que se disolvieron sin que el país consiguiera mayores logros.

Venezuela no había experimentado antes una crisis económica como la que vive actualmente, con el deterioro del sistema de salud y de la distribución de los productos más básicos para la alimentación y las medicinas, además del agravamiento de los problemas de inseguridad, que mantienen a esta nación en cabeza de los indicadores negativos de la región latinoamericana.

Ahora, a diferencia de los años anteriores, la situación venezolana es todavía más cuesta arriba con las sanciones impuestas por la Casa Blanca contra parte de los mecanismos de financiación del Estado, con la prohibición de operaciones con bonos de la deuda pública venezolana y de la empresa estatal petrolera PDVSA.

Venezuela depende casi totalmente de los ingresos petroleros, e importa prácticamente todo lo que consume, por lo que los bajos precios del petróleo han exacerbado la crisis venezolana.

Hoy los más de 500 constituyentes que conforman el órgano con suprapoderes en el Estado dictaron un “decreto de convocatoria al diálogo nacional constituyente para la economía productiva y diversificada”, indicó la Secretaría tras la votación, aprobada por unanimidad.

Los asambleístas, todos oficialistas, sostienen que el país ha estado “caracterizado por dependencia casi exclusiva de la explotación y comercialización del petróleo, relegando la promoción y consolidación del aparato productivo diverso”, señala el acuerdo.

Con esto los partidarios del Gobierno que forman la Asamblea Nacional Constituyente abrieron una invitación a los “empresarios y trabajadores de la economía comunal y del Estado” para debatir propuestas sobre un nuevo modelo económico.

Este es un nuevo intento por reanimar las relaciones con el sector privado nacional, buena parte en manos de críticos del Gobierno, de las políticas económicas, el modelo socialista, los rigurosos controles de precios y el control absoluto de las divisas.

Los constituyentes aseguraron que con esta convocatoria acudirán representantes de los sectores comercial, industrial, financiero, farmacéutico, agroalimentario, hidrocarburos, petroquímica, minería, turismo, forestal, construcción, telecomunicaciones e informática de todo el país.

Recientemente la jefa de la Constituyente, la excanciller Delcy Rodríguez, reconoció que Venezuela no tiene cómo pagar alimentos y medicamentos que se encuentran en embarcaciones en las costas, y culpó de ello al decreto que firmó el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Como parte de las medidas para afrontar también este escenario, ha propuesto el apoyo de economías emergentes como los BRICS, formados por Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica, para abrirse a nuevas formas de financiación.

El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, abordó también el tema de la crisis venezolana e instó al papa Francisco a que solicite la apertura de un “canal humanitario” para el ingreso de medicinas y alimentos a su país, y pida el cese de la “persecución política” y el respeto a los derechos humanos.

En una carta, el parlamentario le pide hacer “un llamado urgente a la apertura de un canal humanitario, (...) al cese de la persecución política y (...) al respeto de los derechos humanos”, porque “cada día que pasa es una vida menos”.

“Nuestro país vive una crisis humanitaria sin precedentes y de grandes dimensiones. Asociaciones no gubernamentales se han encargado de evaluar su profundidad y estudios recientes revelan que (...) cada semana cuatro niños mueren por desnutrición, el índice de escasez de medicinas supera noventa por ciento (90%)”, dice el documento.