España iguala la protección de los usuarios de seguros con la norma europea

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto ley que iguala, con más de año y medio de retraso, la protección de los usuarios de seguros en España con la del resto de Europa, incorpora test de idoneidad de productos, y regula incluso la actividad desarrollada a través de los “comparadores de seguros”.

El Consejo de Ministros ha servido para transponer íntegramente la directiva sobre la distribución de seguros, cuyo plazo venció el 1 de julio de 2018, y parcialmente la directiva sobre fondos de pensiones de empleo, aquellos promovidos por las empresas para sus trabajadores y que ahora irán informando de la pensión estimada que recibirán.

Adicionalmente el real decreto incorpora algunas novedades de la directiva de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en el ámbito de seguros y fondos de pensiones, para contribuir a la difusión de sus políticas de inversión, especialmente cuando son inversores institucionales en empresas cotizadas.

DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS

La nueva normativa, que deberá ser convalidada en el Congreso, afecta a todas las aseguradoras y sus empleados, a más de 72.000 agentes de seguros y a unos 5.000 corredores de seguros, ya estén sujetos a la supervisión nacional como a la autonómica, han explicado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos.

La norma establece cuatro clases de distribuidores de seguros: los mediadores tradicionales, las aseguradoras, los mediadores complementarios (como agencias de viaje o empresas de alquiler de coches) y los comparadores de seguros.

A partir de ahora las propias aseguradoras estarán sujetas a los mismos requisitos de los mediadores tradicionales de seguros, que deberán tener conocimientos profesionales en consonancia con el nivel de complejidad y naturaleza de sus actividades.

También se establecen obligaciones de información al cliente, tanto de los productos en general como del asesoramiento previo, para evitar conflictos de interés, y se refuerza la transparencia sobre el coste del servicio al obligar a comunicar al cliente, antes del contrato, la remuneración recibida por el distribuidor.

Incorpora además normas específicas para los productos de inversión basados en seguros, productos que siendo seguros tienen un importante componente de inversión porque su valor depende, total o parcialmente, de las fluctuaciones de los mercados financieros.

Entre ellos se encuentran los seguros “unit-linked”, seguros vinculados a fondos de inversión, donde lo que se obtiene al final del contrato es el resultado de la inversión de las primas en una cartera de fondos de inversión.

TEST DE IDONEIDAD

La norma obliga a advertir al asegurado de los riesgos de estos productos tras analizar previamente su idoneidad con el fin de garantizar la adecuación del producto al nivel de tolerancia al riesgo y a la capacidad para soportar pérdidas del cliente.

Se introducen en la normativa de seguros los conceptos de rentas vinculadas y combinadas, que hacen alusión a cuando se ofrecen productos de seguros conjuntamente con otros servicios o productos distintos, en cuyo caso el distribuidor de seguros deberá informar si los distintos componentes pueden adquirirse o no por separado.

El texto recoge también requisitos en materia de gobernanza de productos; mayor seguridad en el destino de los fondos de los clientes; reforzamiento de la supervisión; y un nuevo régimen de infracciones y sanciones, con multas más elevadas y que regula los procesos de denuncias anónimas por parte de “soplones”.