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El Gobierno flexibiliza aún más el mercado de las agencias privadas de empleo

Las agencias de colocación, que colaboran con los servicios públicos de empleo, ya no necesitarán una autorización administrativa previa para empezar a funcionar

Empleo amplía la lista de actividades que pueden llevar a cabo las ETT

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La ministra de Empleo, Fátima Báñez. EFE

El mercado de las agencias privadas de empleo se flexibiliza aún más: el Gobierno ha aprobado cambios en su regulación que en la práctica suponen más margen de maniobra para las empresas de trabajo temporal y las agencias de colocación.

A partir de ahora, las agencias de colocación no necesitarán una autorización administrativa previa para empezar a funcionar. Bastará con que hagan una "declaración responsable" que tendrá validez en todo el territorio nacional. Es decir, que una empresa podrá, por ejemplo, empezar a intermediar ofertas de empleo (y, por tanto, a manejar material sensible como son los datos personales) sin necesidad de que ninguna autoridad controle a priori cuál y cómo será su actividad. "El control se hará a posteriori", dicen fuente de Empleo.

Las agencias de colocación son entidades públicas o privadas que pueden colaborar con los servicios públicos de empleo para realizar laborales de intermediación laboral. Algunas ETT son también agencias de colocación, pero no todas. Precisamente, hace apenas unos días Empleo resolvía el concurso que elegía ochenta agencias de colocación para colaborar con los servicios públicos de empleo y que podrán recibir los incentivos económicos que el Ministerio ofrecerá por recolocar a parados e, incluso, por delatar si incurren en irregularidades.

En el caso de las empresas de trabajo temporal (ETT) sí seguirán necesitando la autorización administrativa previa, pero tendrá eficacia en todo el territorio nacional y no caducará. Hasta ahora necesitaban una autorización en cada territorio en el que quisieran funcionar.

Además, Empleo amplía la lista de atribuciones de estas empresas: ahora podrán también ofrecer actividades de formación para la cualificación profesional, consultoría, y asesoramiento en recursos humanos. El Gobierno marca cuál debe ser la plantilla mínima de las ETT: doce trabajadores por cada mil trabajadores puestos a disposición y, como mínimo, tres trabajadores a tiempo completo para poder funcionar como tal.

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