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UGT pide responsabilidades al Gobierno por la inconstitucionalidad de la amnistía

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UGT pide responsabilidades al Gobierno por la inconstitucionalidad de la amnistía

UGT pide responsabilidades al Gobierno por la inconstitucionalidad de la amnistía

UGT ha valorado el fallo del Tribunal Constitucional por el que se declara la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en el año 2012, y ha exigido al Ejecutivo que "asuma responsabilidades".

En un comunicado, UGT ha hecho referencia a los argumentos que esgrimió el Constitucional, tales como que la citada amnistía "supuso la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".

Esto "no puede pasar por la vida política de nuestro país sin consecuencias. El Gobierno debe asumir responsabilidades", ha dejado claro el sindicato, ya que, a su juicio, el Gobierno adoptó de forma libre y consciente la decisión de aprobar aquella amnistía.

El 'Programa especial de regulación de activos ocultos' que el Gobierno utilizó para denominar eufemísticamente a esta amnistía fiscal "fue una iniciativa profundamente injusta", que generó agravios comparativos porque se dio ventajas a los defraudadores en perjuicio de los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales.

"El mensaje a los contribuyentes honrados, al conjunto de los ciudadanos, es nefasto, y asesta un duro golpe a la conciencia tributaria colectiva", ha añadido, porque "las políticas fiscales de este Gobierno han estado orientadas a proteger a la elite y a los poderosos".

UGT ha considerado, además, que es el momento de tomar decisiones encaminadas a fortalecer los entes públicos que tienen encomendadas las funciones de investigar y atajar el fraude fiscal, dotándolos de recursos humanos, técnicos y económicos que les permitan llevar a cabo su cometido de manera eficaz.

Pese a todo esto, el sindicato que lidera Pepe Álvarez lamenta que hayan transcurrido cinco años desde la aprobación de la amnistía y la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que ha permitido la prescripción de los delitos fiscales que podrían haberse perseguido.

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