El consejo de administración de ACS cobra 23,5 millones entre enero y junio por un bonus a su consejero delegado
El consejo de administración de la constructora ACS recibió en el primer semestre de este año una retribución global de 23,548 millones de euros, lo que supone un 44,7% más con respecto al mismo periodo de 2018.
El año pasado, la constructora que preside Florentino Pérez fue la segunda empresa del Ibex 35 que más pagó a sus administradores (27,96 millones), solo superada por Banco Santander (28,91 millones). Este año, va camino de superar esa cifra.
El incremento “se produce por las retribuciones variables a largo plazo obtenidas por el Presidente ejecutivo de Cimic y CEO de Hochtief”, Marcelino Fernández Verdes, “como consecuencia fundamentalmente de la ejecución final de sus derechos sobre la revalorización de las acciones de Cimic a los que tenía derecho desde su nombramiento en 2014 como Presidente y Consejero Delegado de la misma”, según explica ACS en las cuentas semestrales que ha remitido esta tarde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Ese bonus hizo que la partida de “sistemas de retribución basados en instrumentos financieros” del consejo de ACS se disparase de 4,6 millones a 11,622 millones.
Fernández Verdes, que en 2017 ya fue el ejecutivo mejor pagado de España, es consejero delegado de ACS desde mayo de ese año y preside Hochtief desde abril de 2012. Entre marzo de 2014 y octubre de 2016, fue consejero delegado de Cimic, de la que fue nombrado presidente ejecutivo en junio de 2014.
Entre enero y junio, ACS obtuvo un beneficio neto de 523 millones, un 17,1% más, gracias a la contribución de su participación en Abertis y la evolución de su negocio constructor internacional. Sus ingresos crecieron un 5,8%, hasta 18.817 millones, de los que el 84% se generaron en el exterior, y su beneficio bruto de explotación (Ebitda) alcanzó 1.621 millones, un 15,1% más.
Estados Unidos se mantiene como primer mercado del grupo, con el 40,9% de estos ingresos, por delante de Australia, que contribuyó con otro 18,8%. España supuso el 15,9%, ligeramente por encima del 13,9% de un año antes.
En el primer semestre, ACS acometió inversiones por un total de 1.008 millones, de las que la mitad, unos 609 millones, se canalizaron a través de su división industrial, fundamentalmente en proyectos de energías renovables en España.
Reclamación por el Castor
En sus cuentas semestrales, la compañía se refiere a la reciente decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de reclamar a su filial Escal UGS (promotora del fallido almacén de gas Castor) lo abonado por los consumidores de gas desde que se aprobó la indemnización por la hibernación de la infraestructura hasta que el Tribunal Constitucional anuló el mecanismo para articular esa compensación.
ACS, a la que le toca devolver 209,7 millones, señala que “dicha resolución va a ser recurrida por Escal UGS, S.L. ante la Audiencia Nacional en los próximos días. En línea con la opinión de sus abogados externos, el Grupo considera que tiene derecho legal al cobro de las cantidades reclamadas por la CNMC, que ya fueron cobraras en su día, con independencia de que el mecanismo que se utilizó por la Administración, se haya considerado actualmente que no era el adecuado”.
Respecto a las multas de 51 millones que le impuso la CNMC en marzo pasado y que convirtieron a la constructora en líder en sanciones de ese organismo por amañar contratos, ACS indica que “cada una de las filiales mencionadas ha presentado durante el mes de mayo de 2019 recurso contencioso-administrativo contra la resolución ante la Audiencia Nacional, solicitando la suspensión cautelar del pago de las sanciones”.
“A la fecha de aprobación de los presentes estados financieros semestrales resumidos consolidados, la Audiencia Nacional ha suspendido el pago de las multas impuestas a Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. (27 millones de euros) condicionándolo a la presentación de aval o garantía de pago, con respecto al resto de filiales, la Audiencia Nacional debería pronunciarse en los próximos meses. El Grupo, con el apoyo de sus asesores jurídicos considera que existen argumentos sólidos que permitan conseguir la nulidad de la resolución”.
