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Alemania y Holanda mantienen el veto a la reforma del mercado de la luz que defienden España y Francia

El presidente español, Pedro Sánchez (i), saluda a la canciller saliente alemana, Angela Merkel, durante la foto de familia de la cumbre de líderes de G20 que se desarrolla durante el fin de semana en Roma. EFE/ Pool Moncloa/Borja Puig De La Bellacasa

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —

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“Poner en peligro la seguridad del suministro”; “incrementar los costes de la integración de la generación de energía renovable variable a largo plazo”; y “socavar la integración del mercado eléctrico europeo”. Son algunos de los temores que aducen nueve países en una carta difundida este miércoles, en vísperas de una reunión en Bruselas de ministros de Energía de la Unión Europea para abordar, precisamente, el alza de los precios de la luz y las medidas para abordarlo.

Así, el club de los nuevos frugales de la energía, ricos y del norte, se oponen a las reformas que piden Francia, España y el sur para reformar el mercado de la energía para atajar el alza de los precios de la energía, un mercado que se caracteriza por que el precio de la última energía, el más alto, marca el precio de todas las demás. En la actualidad, el precio disparado del gas es el que marca el precio de energías como la hidráulica o las renovables, mucho más baratas.

Pues bien, Países Bajos, Alemania –a la que el acuerdo del nuevo gobierno de Olaf Scholz no parece afectar–, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Estonia, Lituania, Finlandia e Irlanda reaccionan a las llamadas a la acción urgente de Gobiernos como el de Pedro Sánchez, que pidió “audacia y contundencia” a la Unión Europea, y que ha impulsado que se hable de energía en las cumbres europeas como la del próximo 16-17 de diciembre.

Lo que ocurre, como dijo resignado Pedro Sánchez en el último Consejo Europeo de octubre, “los tiempos de Bruselas” son los que son: las cosas llevan su ritmo, tienen sus procesos y, sobre todo, requieren de un acuerdo entre 27 países que tienen diferentes intereses –pronucleares, progasísticos, prorrenovables– y sus problemas: el sur se está mostrando más vulnerable con los precios de la luz, por ejemplo. Y, por eso, el Gobierno español ha presionado en todos los ámbitos para introducir en la agenda europea el debate sobre el mercado eléctrico.

Este miércoles por la noche, España, Francia e Italia han difundido otro documento de posición, una “declaración conjunta que insta a la rápida implementación de propuestas para hacer frente a los fuertes picos en los precios de la energía” Y añaden: “El diseño actual del mercado no está preparado para el futuro, por lo que es necesario comenzar sin demora una profunda evaluación de la idoneidad y el funcionamiento del mercado interior de la electricidad”.

Y ha logrado colar en la agenda el análisis de la compra conjunta de gas y las reservas estratégicas, así como la evaluación de los ETS, el mercado de CO2. Eso sí, lo que no está consiguiendo lograr el Gobierno español son esas medidas “audaces y contundentes” que pedía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sus socios comunitarios.

Pero, claro, la reforma del mercado de la energía tampoco es algo que se pueda hacer en semanas, como reconoce ahora el Gobierno español: la última reforma es de 2019 y llevó varios años pactarla, además de que luego todo tiene un proceso legislativo laborioso, entre Comisión, Parlamento Europeo y Consejo.

Además de que se aborde el problema y se discutan las medidas planteadas por el Gobierno español, entre otros, lo que también se ha logrado es una comunicación de la Comisión Europea que recopila las medidas al alcance de los Estados, calificada por “incongruente” por la vicepresidenta Teresa Ribera.

Y es precisamente esa comunicación de la Comisión Europea, esa toolbox, la que defienden Alemania, Holanda y sus aliados ricos del norte: “Reiteramos la importancia de la caja de herramientas que la Comisión Europea presentó a los Estados miembros para abordar el aumento de precios dentro del marco europeo actual para el clima y la energía. Estamos de acuerdo con la Comisión Europea en que, a corto plazo, la subida de precios puede abordarse mejor mediante acciones nacionales temporales y específicas de los Estados miembros, cuando proceda, para proteger a los consumidores y empresas vulnerables”.

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