La orden de Pastor de ‘liberalizar’ un centro de I+D en Málaga provoca una investigación de Bruselas
Iba a ser un colosal proyecto, un Centro de Tecnologías Ferroviarias (CTF) único en Europa y enclavado en un Parque Tecnológico adonde Adif desplazaría una base de I+D+i y, paralelamente, un Anillo Ferroviario de Pruebas y Experimentación en el que los nuevos trenes podrían rodar a más de 500 kilómetros por hora. Iba a ser todo esto en 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la Junta de Andalucía firmaban un convenio.
Un lustro después, se han invertido más de 400 millones (el 80% procedente de fondos Feder de la UE) y lo que hay en la provincia malagueña es una investigación abierta por la Comisión Europea y un complejo puntero terminado a mediados de 2013 e instalado en el limbo.
Al llegar el PP al Gobierno Central cambiaron las tornas. Aunque el proyecto ya preveía la entrada de capital privado, desde 2012 la ministra de Fomento, Ana Pastor, empezó a referirse públicamente y con mayor insistencia a la necesidad de atraer a las empresas en el Anillo Ferroviario de Antequera. “Hay que ir a modelos racionales, las obras faraónicas ya se han terminado”, llegó a decir Pastor en un congreso en Málaga, como si el CTF fuera el aeropuerto de Castellón.
Lo que iba a ser una estructura científica singular de I+D en la alta velocidad impulsada por la inversión estatal pasó a ser un proyecto de Colaboración Público-Privada (CPP). Ahí empezaron las sospechas de Bruselas, de acuerdo con la investigación.
El planteamiento de Fomento se impuso: tras más de un año negociando con varias empresas, el ministerio licitó la construcción y la explotación del Anillo Ferroviario de Antequera en junio de 2013. Pero para consumar la CPP, la naturaleza del proyecto se transformó considerablemente: se creaba el Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria (CEATF), asociado al CTF (que ya funciona: en él operan varias firmas privadas asentadas en un parque tecnológico), y se hizo hincapié en las pruebas de homologación de trenes y material que se llevarían a cabo en el anillo para que éste fuera más atractivo de cara a las compañías.
Dos meses después, en agosto de 2013, la licitación quedaba desierta a pesar de que Fomento había garantizado la “viabilidad” del proyecto. Ningún consorcio se presentó. Todos los aspirantes consideraron que los pliegos de Adif eran inviables: un canon de 110 millones a pagar en 15-20 años y la devolución de las cuantiosas ayudas europeas de no cumplir las condiciones contractuales. Por aquel entonces, Ana Pastor confesó su “sorpresa y decepción”, pero fuentes del sector refutan esta visión.
Desde esa fecha, mediados de 2013, hasta hoy, el CTF cuenta con un puñado de empresas que ya ejercen en el parque tecnológico sin que la actividad principal que justificó su creación haya despegado siquiera. La Colaboración Público-Privada que ordenó la ministra de Fomento se encuentra en vía muerta, lo que ha desencadenado una severa reacción de Bruselas.
Ventaja selectiva
Aunque existen también cuestiones de carácter medioambiental que aún están por dilucidar, las principales dudas de la Comisión Europea apuntan a que, una vez comprobada la falta de viabilidad empresarial de un proyecto que inicialmente iba a tener un carácter público, cualquier ayuda o subvención a las empresas supondría una “ventaja selectiva con respecto a otros centros de ensayo de trenes de alta velocidad en la UE”, especialmente a los que “funcionan sin ayuda estatal”. Algo que no habría sucedido de no haber mediado la orden de Ana Pastor de convertir el Anillo Ferroviario de Antequera en un vehículo público-privado.
“Las previsiones que se manejan actualmente indican que el proyecto será predominantemente deficitario y no está claro que la financiación pública vaya a suponer un estímulo”, indica el expediente abierto por las autoridades comunitarias. Fomento sigue dando vueltas a los pliegos para tratar de presentar un proyecto viable, pero fuentes del ministerio califican este esfuerzo de “utópico”. El PSOE ha pedido la comparecencia de Ana Pastor por mantener varada la infraestructura más importante de cuantas se realizan en Andalucía.
