2020, el año de los ERTE y la ley de teletrabajo, pero que deja pendiente la reforma laboral

El año en que el coronavirus interrumpió nuestras vidas, 2020, ha venido cargado de novedades laborales. En enero, la hoja de ruta del nuevo Gobierno de coalición y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anticipaba entre las prioridades el desmontaje de la reforma laboral del PP y una legislación contra los falsos autónomos, pero la pandemia alteró los planes y ambas cuestiones han quedado pendientes. La agenda legislativa del Ministerio no paró, pero se centró en aprobar medidas para frenar la pérdida de empleo por la COVID-19, como los ya populares ERTE, la ley de teletrabajo y cambios para una protección social más amplia, como nuevos subsidios para personas que perdieron sus ingresos durante la crisis.

La revisión de la política laboral de 2020 requiere dividir dos etapas: la prepandemia y la posterior a la irrupción del coronavirus. Con la llegada de Yolanda Díaz en enero al Ministerio de Trabajo, la abogada laboralista anunció su intención de “correr” y renovar muchas cuestiones de la legislación laboral. El Gobierno de coalición marcó sus primeros pasos con medidas laborales: el aumento del 0,9% de las pensiones, en línea con la previsión de inflación, la subida de al menos el 2% del sueldo de los funcionarios y el acuerdo con los sindicatos y las patronales para aumentar el salario mínimo inteprofesional hasta los 950 euros mensuales.

Adiós al despido por bajas médicas

Díaz situó como prioridad desmontar la reforma laboral del PP de 2012. Aunque generaba (y genera) diferencias en el propio seno del Gobierno sobre su alcance y tiempos, el nuevo equipo del Ministerio de Trabajo inició sus trabajos con la mirada puesta en la derogación en varias fases de la normativa laboral de Mariano Rajoy, comenzando por revertir varios de sus aspectos “más lesivos”.

El Ministerio llegó a derogar solo un elemento, el “despido por bajas médicas”, que ya existía antes de la legislación de 2012, pero que el PP facilitó. El también llamado “despido por absentismo” no había sido muy protagonista hasta el momento, pero que cobró una gran importancia por una sentencia del Constitucional que avalaba su uso por parte de las empresas. La derrota en los tribunales de Montse Sánchez, una teleoperadora despedida por sus faltas a trabajo por una hernia discal, acabó en una victoria legislativa, ya que se eliminó esa modalidad de despido procedente.

La ministra Yolanda Díaz situó la derogación del despido por bajas médicas como el primer paso en el desmontaje de la reforma laboral, que se sometió a la negociación de los sindicatos y la patronal, y anticipó otra legislación que pretendía sacar adelante con “celeridad”: una ley contra los falsos autónomos, con la mirada puesta en las plataformas digitales como Glovo y Deliveroo. Pero, entonces, llegó la pandemia.

El año de los ERTE

Si 'confinamiento' fue la palabra del año para la FundéuRAE, en el ámbito laboral puede que 'ERTE' le arrebatara el primer puesto. Antes del coronavirus, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) no eran un elemento muy utilizado en España, al contrario que mecanismos similares en otros países como Alemania. En la pandemia hemos sido testigos de cómo en los medios se titulaba con fórmulas como “ERE temporales”, para intentar trasladar este concepto desconocido para la mayoría, a que la sigla fuera una constante en las conversaciones de los ciudadanos.

La mayor protección social de las bajas por coronavirus y la nueva regulación de los ERTE con ventajas para empresas y trabajadores fueron las primeras medidas acordadas por el Gobierno en materia laboral. El mecanismo de regulación temporal del empleo permitió “hibernar” temporalmente el empleo de hasta 3,4 millones de trabajadores en el peor momento, lo que todas las voces coinciden en que ha evitado una gran destrucción de empleo.

Subsidios y paro más flexible para los autónomos

Aun así, la pandemia supuso una drástica pérdida de puestos de trabajo en el primer momento, de casi un millón de trabajadores, de los que aún quedan algo más de 350.000 empleos por recuperar. Otra línea de acción del Ejecutivo en materia laboral ha sido reforzar la protección social de las personas que se quedaban sin trabajo en estos meses tan complejos, en los que la población estaba confinada y sin apenas opciones de encontrar un nuevo puesto de trabajo.

Se aprobaron subsidios extraordinarios de desempleo para trabajadores temporales, empleadas del hogar, fijos discontinuos (muy presentes en la hostelería y el turismo), protección para las personas despedidas en su periodo de prueba y las que habían optado por cambiar de trabajo en el inicio de la pandemia, etc. El último subsidio aprobado fue el destinado a los parados que agotaron sus prestaciones de desempleo durante el primero estado de alarma, que se puede solicitar hasta el 25 de enero.

Para los trabajadores por cuenta propia, se flexibilizó el llamado 'paro de los autónomos', la prestación de cese de actividad, que se ha ido modificando a lo largo de los meses hasta derivar en diferentes ayudas para autónomos que han cesado su negocio por la pandemia o que ha reducido mucho su actividad. Estas ayudas para autónomos, al igual que el último mecanismo pactado de ERTE, mantienen su vigencia hasta el próximo 31 de enero. El Gobierno negociará este mes qué continuidad dará a estas medidas.

El “prohibido despedir”

Otra de las novedades legislativas de la pandemia fue la prohibición de los despidos objetivos por la COVID-19 que aprobó el Gobierno en marzo. El Ejecutivo ha justificado el veto de los despidos objetivos por la gran cantidad de fondos públicos que ha facilitado a las empresas para que suspendan o reduzcan su actividad mediante los ERTE, que permiten hibernar el empleo y no expulsar a más trabajadores al paro.

Por otro lado, las empresas que se acogen a ERTE tienen una cláusula de mantenimiento del empleo de seis meses. Trabajo exige que las empresas que no cumplan con este requisito devuelvan todas las exoneraciones en la cotización de las que se beneficiaron en el ERTE.

Todos a casa: el permiso retribuido recuperable

La medida aprobada más innovadora fue, posiblemente, el permiso retribuido recuperable que aprobó el Gobierno en el momento de más restricciones frente al virus. El Ejecutivo acordó la paralización de toda actividad no esencial durante dos semanas, para reducir al máximo la movilidad de los ciudadanos y reducir los contagios. La medida iba acompañada de la regulación de un permiso retribuido recuperable, por el que los empleados que no pudieran trabajar por la suspensión de la actividad recibirían su nómina a cambio de compensar las horas no trabajadas más adelante.

El año que disparó el teletrabajo

Con los ERTE, el teletrabajo es otra de las medidas laborales más populares de este 2020. Apenas implantado antes de la pandemia, el coronavirus forzó a muchas empresas a mandar a sus empleados a trabajar desde casa para continuar con su actividad. Durante meses, el Gobierno reguló que el teletrabajo era una medida “preferente” a los ERTE y era una de las medidas más recomendadas por el Ministerio de Sanidad para frenar los contagios.

Tras la primera ola de la pandemia, algunas empresas revirtieron el teletrabajo y mandaron a sus plantillas a las oficinas, que tienen que cumplir nuevos protocolos de seguridad frente a la COVID-19. Otras muchas han mantenido el trabajo a distancia, o fórmulas mixtas. Ahora, las compañías deben de cumplir con la nueva legislación de teletrabajo aprobada en septiembre, después de que el Ministerio de Trabajo alcanzara un acuerdo con empresarios y sindicatos. El teletrabajo se considera una medida voluntaria para empleado y empresa y esta última debe asumir todos los costes del trabajo a distancia.

En el sector público, el Ministerio de Función Pública también acordó con los sindicatos la regulación de teletrabajo para todos los empleados públicos.

Derechos de conciliación para cuidar

Aunque el Gobierno anunció en varias ocasiones una prestación de la Seguridad Social para los progenitores que se tuvieran que quedar a cuidar a sus hijos en este contexto de pandemia, finalmente no salió adelante la medida. El Ejecutivo ha aprobado, para esta circunstancia excepcional, el llamado Plan MeCuida: el derecho a la adaptación y la reducción de jornada (hasta del 100%) de los asalariados para que cuiden a sus familiares dependientes. Es “un derecho individual” de cada uno de los progenitores o cuidadores.

Aquí se puede consultar la letra pequeña de estos derechos de conciliación, que sindicatos y algunos colectivos consideran insuficientes, por ejemplo para las familias monoparentales (encabezadas sobre todo por mujeres), que en la mayoría de casos no pueden reducir el tiempo de trabajo y, por tanto, su sueldo y no tienen con quien compartir cuidados.

Reglamentos de igualdad

No toda la normativa laboral ha estado ceñida al coronavirus. El Gobierno aprobó los dos reglamentos sobre igualdad laboral que pactó con los sindicatos CCOO y UGT para evitar la desigualdad de género en el mercado de trabajo y que dedican especial atención a combatir la brecha salarial. El Ejecutivo daba seis meses a las empresas para que se adaptaran a la normativa e implementaran sus registros salariales por sexos, exigible a todas las compañías independientemente de su tamaño, y que pretenden combatir la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres.

Protección ante agentes cancerígenos

El fin de año deja también una mejora en la protección de los trabajadores frente a la exposición de sustancias cancerígenas. El Gobierno de coalición ha acordado la trasposición de la Directiva europea sobre agentes cancerígenos y mutágenos, que España adapta con retraso, y que finalmente no aumenta la exposición permitida a sustancias como el polvo de sílice cristalina. Era una de las incógnitas de la trasposición de esta normativa, después de que el anterior Ejecutivo del Pedro Sánchez se inclinara por permitir una mayor exposición a estas sustancias nocivas, que no ha salido adelante con el Ministerio de Trabajo actual.

Otra novedad de legislación europea: la ratificación de la Carta Social Europea y la aprobación del protocolo que permite a los agentes sociales denunciar a España ante Europa por el incumplimiento de estos derechos sociales.