El Gobierno da el primer paso para ratificar la Carta Social Europea que garantiza derechos como la dignidad en el trabajo

Imagen de archivo de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

El Consejo de Ministros de este martes da el primer paso para la ratificación de la Carta Social Europea revisada. La ministra de Trabajo ya anunció que el Gobierno pretendía suscribir "antes de final de año". Pendiente desde el año 1996, el Gobierno de coalición acuerda remitir la ratificación al Congreso de los Diputados con la intención de que las Cortes respalden la adhesión de España a este marco de derechos sociales y económicos, que garantizan en Europa derechos como a la vivienda y a la dignidad en el trabajo, entre otros. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que se solicita a las Cortes la tramitación "por el procedimiento de urgencia".

Horas extra, preavisos insuficientes y vacaciones sin garantizar: los incumplimientos de España con la Carta Social Europea

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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebra el paso dado este martes por el Ejecutivo en un artículo en elDiario.es. "La garantía internacional de estos derechos, las prerrogativas de los débiles como decíamos al inicio, supone la consolidación de nuestro Estado Social, poniendo fin a la autoexclusión de España del texto más importante de todos los que en Europa garantizan los derechos sociales", destaca Díaz.

Desde el Ministerio de Trabajo explican que el Consejo de Ministros ha iniciado también los trámites para la adhesión al Protocolo de Reclamaciones Colectivas, que permite a los agentes sociales (organizaciones sindicales y empresariales) y a las ONG denunciar en Europa al Estado, en este caso España, por incumplir las garantías sociales reconocidas en la Carta.

La Carta Social Europea, abierta a la firma en Turín el 18 de octubre de 1961, garantiza los derechos sociales y económicos fundamentales de los ciudadanos europeos y fue ratificada por España el 6 de mayo de 1980. La Carta fue actualizada y ampliada en 1996 (accesible aquí en PDF), pero España no ratificó su revisión. Entre los derechos que se sumaron en 1996 figuran a la protección en caso de despido, a la dignidad en el trabajo, a la igualdad de oportunidades de los trabajadores con responsabilidades familiares y a la protección contra la pobreza y la exclusión social, entre otros.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaban a este medio que, aunque España cumple muchos de estos derechos en la actualidad, el objetivo del Gobierno de coalición es asegurarlos para el futuro, "esté quien esté en el Gobierno". "Ahora que España ratifica la Carta Social revisada, no solo estará incorporando un nuevo convenio europeo: estará mostrando ante la comunidad internacional, y ante la ciudadanía española de hoy y mañana, que los derechos sociales y el bienestar de las personas son espacios ganados para una democracia mejor en los que ya no es posible retroceder", destaca Yolanda Díaz en su artículo. 

El pasado Ejecutivo de Pedro Sánchez inició esta ratificación, pero finalmente quedó sin ser aprobada por el Congreso al adelantarse el fin de la legislatura y disolverse las Cortes, ha recordado la portavoz María Jesús Montero. En la actualidad, "se hace más imperiora la necesidad de que España tenga ratificados estos instrumentos", ha defendido la ministra Montero, que "abogan por una protección de los colectivos sociales más vulnerables".

Según apuntó la ministra de Trabajo en el Senado, el proceso de ratificación lo está dirigiendo el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la participación de Trabajo, Economía y Derechos Sociales, entre otros equipos. "La tramitación no es sencilla", indicó Yolanda Díaz en la Cámara Alta, de un mínimo de "seis meses".

Denuncias ante la UE

El Gobierno de coalición ha dado en esta ocasión también su visto bueno a la adhesión de España al Protocolo de Reclamaciones Colectivas, "tan importante como la Carta", destacó la ministra Díaz en su anuncio en el Senado. En Trabajo explican que esta adhesión sigue un cauce diferente a la ratificación de la Carta, pero que el Ejecutivo "ha iniciado los trámites" para su aplicación "a la mayor brevedad posible".

Se trata de un mecanismo que permite que los agentes sociales y ONG puedan denunciar a uno o varios Estados por incumplimientos de la Carta Social Europea ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Este organismo es el garante del cumplimiento de los derechos plasmados en la Carta y que en el último informe sobre España, del año pasado, consideró que España incumplía varios de sus preceptos, como por las horas extra no compensadas y preavisos insuficientes en caso de despido, entre otros.

Así, cuando se complete el procedimiento de adhesión según está previsto, las organizaciones sociales podrán plantear reclamaciones ante el Comité europeo si constata incumplimientos de España.

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