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Las ayudas directas a pymes y autónomos podrán cubrir deudas y pagos hasta el 30 de septiembre

Imagen de archivo de una terraza vacía en Torrelavega. EFE/Pedro Puente

Laura Olías

15 de septiembre de 2021 10:14 h

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la ampliación de la cobertura de las ayudas directas para pymes y autónomos que aprobó este martes el Consejo de Ministros. Las ayudas, de un total de 7.000 millones de euros a repartir entre las distintas Comunidades Autónomas, estaban quedándose sin ejecutar en muchas regiones. El Ejecutivo ha aprobado dos modificaciones con la intención de aumentar los beneficiarios: podrán destinarse a deudas y pagos pendientes hasta el 30 de septiembre, en lugar de hasta el 31 de mayo, y también se habilita que cubran “pérdidas contables”.

Los cambios han quedado reflejados en el real decreto-ley de medidas urgentes para mitigar la subida del precio de la luz. En primer lugar, amplía en cuatro meses el plazo de cobertura de las ayudas, que gestionan las Comunidades Autónomas.

En concreto, el decreto ahora establece: “Las ayudas directas recibidas por los autónomos y empresas considerados elegibles tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a satisfacer la deuda y a realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos siempre y cuando éstos se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021”.

En segundo lugar, el Gobierno ha aclarado los gastos que se pueden cubrir con estos fondos, a la vez que ha fijado unas prioridades a la hora de cubrir esos gastos.

El decreto antes establecía que en primer lugar, el dinero recibido debía cubrir “los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público”.

Ahora, el texto legal recoge: “En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores y otros acreedores no financieros, por orden de antigüedad; si procede, en segundo lugar, se reducirá la deuda con acreedores financieros, primando la reducción de la deuda con aval público. Por último, se podrá destinar el remanente de la ayuda a compensar los costes fijos incurridos, que incluyen las pérdidas contables propias de la actividad empresarial que no hayan sido ya cubiertas con estas u otras ayudas”.

Las pérdidas contables representan una disminución de una parte de los bienes y derechos de la empresa y también se aplica a los resultados negativos en los balances de cuestas. Es decir, los números rojos cuando los ingresos son inferiores a los gastos.

“Independientemente de la estructura financiera, las pérdidas reflejan la reducción en el patrimonio neto de las empresas, de manera que la aplicación de las ayudas a su compensación, una vez cubiertas las obligaciones y deudas generadas, es coherente con el objetivo de reforzar la solvencia empresarial con el fin de favorecer la recuperación económica, la inversión y la creación de empleo”, recoge el decreto.

Los autónomos lo consideran insuficiente

Las organizaciones de autónomos ATA y UPTA se pronunciaron este martes sobre la ampliación de las ayudas, que consideran insuficiente para que llegue a muchos negocios y profesionales que se han visto perjudicados debido a la pandemia.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, destacó por ejemplo que las ayudas no llegarán a los profesionales que han visto caer drásticamente sus ingresos sin incurrir en gastos. “Un guía turístico, un fotógrafo, un fisioterapeuta, un profesor, periodista, traductor”, ponía como ejemplo. La organización de autónomos de la CEOE pide que las ayudas puedan concederse simplemente demostrando una fuerte caída de ingresos.

Hay que recordar que estas ayudas directas están destinadas a garantizar la “solvencia empresarial” y que el Gobierno ha aprobado para la crisis por la pandemia otra ayuda para garantizar ingresos a los autónomos afectados en sus negocios, el llamado 'paro' de los autónomos o prestación por cese de actividad.

Por su parte el presidente de UPTA, Eduardo Abad, defendió este martes en una entrevista la necesidad de “darle una vuelta completa” al decreto sobre las ayudas. En la organización de autónomos consideran que estos fondos deberían poder destinarse a cubrir deudas con la Seguridad Social y Hacienda, y también comparten que puedan destinarse a los negocios que simplemente demuestren una reducción de su facturación fuerte (“del 50%”), sin la necesidad de que hayan tenido que endeudarse o dejar pagos pendientes de pago.

En UATAE son más positivos y celebran la ampliación de los criterios. María José Landaburu, secretaria general de la organización, considera especialmente importante que “se puedan imputar pérdidas contables”, ya que “el espíritu de las ayudas era ese, amortiguar el golpe sobre la facturación”.

Ahora tienen que actuar las Comunidades

El Gobierno ha anunciado los cambios en el decreto de ayudas directas para que las Comunidades Autónomas que tengan fondos sin ejecutar puedan reabrir las convocatorias. Ahora, la pelota vuelve a estar en su tejado. La organización de autónomos UATAE ha reclamado a las Comunidades que “recojan el guante” con un “compromiso claro” de reabrir convocatorias para “hacer realidad esta oportunidad de llegar a quien lo está necesitando”.

María José Landaburu ha defendido que “la falta de reflejos inicial y la burocracia posterior no pueden suponer que no lleguen y se queden en un limbo” en un momento en que la recuperación económica necesita todavía “apoyo y estímulo” para terminar de consolidarse.

El Ministerio de Economía no ha facilitado datos al respecto, pero las organizaciones de autónomos advertían en julio de que el 60% de los 7.000 millones de presupuesto estaban sin ejecutar, según sus estimaciones. UPTA matiza no obstante que hay enormes diferencias entre territorios. Andalucía afirmó a comienzos de septiembre que estaba gestionando ayudas por “más de 200 millones”, muy lejos de su presupuesto asignado es de 1.100 millones de euros. En cambio, Castilla-La Mancha, asegura que han recibido solicitudes incluso por un valor por encima de los fondos recibidos.

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