Bloqueo político entre los países del euro: ni garantía de depósitos, ni presupuesto ni reforma del mecanismo de rescates

Hace un mes, decían que habían sacado de la “respiración asistida” al fondo europeo de garantía de depósitos (EDIS). Un estado comatoso en el que llevaba un lustro. Decían, también, que en diciembre se tendría una agenda para llevar los debates al ámbito político. Pero nada de nada. La tercera pata de la unión bancaria seguirá coja: la crisis de la gran coalición alemana ha frenado en seco una reforma que parecía desbloqueada por iniciativa del SPD. Y el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, lo ha fiado largo: “Tenemos cinco años para ponerlo en marcha”. Cinco años, más para una iniciativa surgida en 2012-2013. Así, en lugar de una “hoja de ruta política”, el fondo de garantía de depósitos vuelve a los técnicos.

A lo largo de todo el año, parecía que se había dejado encarrilado el refuerzo de competencias del fondo europeo de rescates (MEDE). Decían que se trataba de buscar una fórmula para ayudar a los países sin que saltaran las alarmas de rescate. Pero tampoco: las protestas inusitadas en Italia contra el MEDE están haciendo descarrilar el proceso. El presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, ha hecho malabarismos al hablar de “acuerdo de principio, no final, pendiente de procedimientos internos”. Es decir, la bronca que hay en Italia con el MEDE, que deja para 2020 la decisión final de los líderes de la UE sobre qué hacer, teniendo en cuenta que la reforma debe pasar por la ratificación parlamentaria, como ha recordado el director del MEDE, Klaus Regling. Y en el Parlamento italiano no parece que puedan salir los números.

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona han estado reunidos hasta la madrugada de este jueves sin cerrar ningún acuerdo sobre los asuntos fundamentales que tenían en la agenda: pasarán la pelota a sus jefes, los primeros ministros, que se reunirán en Bruselas dentro de una semana. El Consejo Europeo también tendrá cumbre del euro, y está por ver que los líderes cierren algún acuerdo o despejen los asuntos hasta el verano de 2020.

El Mecanismo Europeo de resolución (MEDE) es el organismo con potestad para rescatar entidades o liquidarlas: el encargado de poner en marcha en los Estados miembros participantes la directiva de recuperación y resolución bancaria, marco legal para la recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios próximas a una situación de inviabilidad.

Y su reforma llevaba un año negociándose y parecía cerrada, hasta las movilizaciones en Italia apoyadas por la Lega, favorable a la reforma mientras ha estado en el Gobierno italiano y que ahora, en la oposición, presiona para el bloqueo. Y está haciendo mella: Italia, con un 135% del PIB de deuda teme que mayores competencias al MEDE traigan consigo una intervención en su economía, fuera de los límites de deuda establecidos en el pacto de estabilidad.

La reforma consistía en un refuerzo de sus competencias para que el fondo europeo de rescates tenga más capacidad de supervisión. Antes de esta situación, los países del euro en problemas podrían tener acceso a una línea preventiva de crédito, con condiciones. Pero en las últimas horas hay países del norte que se están descolgando con más condiciones a cambio de apoyar otras reformas como el EDIS, a lo que se opone España, entre otros. 

Además de aumentar la capacidad de supervisión del MEDE en futuros rescates, la reforma pone a cargo de esta institución un cortafuegos para la Unión Bancaria. Es decir, un fondo de unos 68.000 millones a los que se recurriría en casos de quiebras bancarias que no pueda manejar el Fondo Único de Resolución (FUR).

Si el MEDE está empantanado, el EDIS ni siquiera es capaz de salir de la respiración asistida. El inicio de desbloqueo, propiciado por el ministro alemán de Economía, Olaf Scholz, ha durado apenas semanas: las que han bastado para un cambio de liderazgo en el SPD que agrietan la gran coalición con la CDU/CSU. Y ante una crisis del Gobierno de Merkel, Berlín tira del freno –el Gobierno alemán aún no había ratificado formalmente su apoyo– y la discusión del EDIS no escalará al nivel político ni tendrá una agenda progresiva.

El EDIS, el último pilar que falta para completar la llamada unión bancaria europea, tendría que servir para complementar a las herramientas de cada país para pagar los depósitos de hasta 100.000 euros en caso de quiebra, garantizando así el mismo nivel de protección en toda la eurozona.

En todo caso, Scholz retiró el EDIS a cambio de adoptar otras medidas, no compartidas por el resto de socios comunitarios del sur, para reducir riesgos bancarios, como uniformizar las legislaciones de insolvencia, reducir los préstamos fallidos y que la deuda soberana deje de considerarse un activo libre de riesgo.

Así, entre la debilidad del SPD, la falta de cohesión del Gobierno alemán y las oposiciones del sur a las condiciones de Scholz, hacen que el EDIS no arranque.

En una situación parecida se encuentra el amago de presupuesto de la zona del euro, el BICC, en sus siglas en inglés: aguado por debajo de los 13.000 millones en el borrador de presupuestos para la UE 2021-2027 realizado por la presidencia finlandesa de turno de la UE y criticado por corto por una mayoría de países de la UE, incluida la Comisión Europea.

En octubre, el Eurogrupo pactó que se reservara hasta un 20% de sus fondos a ayudar a los países a enfrentarse a una situación de crisis específica financiando sus reformas e inversiones. El 80% restante sería distribuido entre los 19 en función de su población y teniendo en cuenta el PIB per cápita de cada socio independientemente de su situación económica.

El Presupuesto para la Competitividad y la Convergencia (BICC, por sus siglas en inglés) debe servir para ayudar a los países del euro a poner en marcha reformas estructurales e inversiones que sigan las recomendaciones del Semestre Europeo. Las capitales tendrán que aportar el 25% de los fondos que requiera cada proyecto, pero este porcentaje podrá ser reducido a la mitad en el caso de “circunstancias económicas severas”.

Entonces, se calculaba que este nuevo instrumento presupuestario tendría un tamaño de unos 17.000 millones de euros para todo el periodo entre 2021 y 2027, por lo que la parte dedicada a responder a situaciones de crisis no superará los 3.400 millones. 

Dos meses después, el presupuesto de la zona euro sigue en el cajón.