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Calviño ve “absurdo y contraproducente abrir el debate” de la derogación de la reforma laboral en plena crisis del coronavirus

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Andrés Gil

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“Absurdo, contraproducente” y campo para la “inseguridad jurídica”. Así ha tachado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el acuerdo firmado el miércoles entre los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para acometer la “derogación íntegra” de la reforma laboral del Partido Popular de 2012. Una reforma que figura en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, aunque sin el calificativo de “íntegra”.

Y ha añadido Calviño, a quien se le atribuye intervenir el miércoles por la noche para que el PSOE rectificara lo suscrito y enviara una nota anulando ese punto que hacía mención a la “integridad” de la norma, y quedaba redactado de la siguiente manera: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos”.

Así, Calviño ha afirmado: “Las medidas que hemos ido adoptando el Gobierno han sido dialogadas y consensuadas con los agentes sociales, validadas por el Parlamento y, para el futuro, esa filosofía no cambia”. Y, como ha reiterado la patronal CEOE, en ningún caso aceptarían una derogación de toda la reforma laboral de 2012 del PP.

En un acto del Cercle d'Economia, en el que ha participado también el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Domborvskis, Calviño ha sido preguntada sobre “las noticias publicadas en torno a una derogación íntegra” que, decía un miembro de la entidad empresarial: “No compartimos”.

“El punto de partida tiene que ser la constatación de la realidad en la que nos encontramos”, ha respondido Calviño: “Nos enfrentamos a la mayor recesión de nuestra historia como consecuencia de una pandemia que ya arrastra más de 27.000 muertos. Estamos en estado de alarma, con limitaciones de actividad y movilidad, con un impacto previsto de caída del PIB en 2020 superior al 9%, un impacto muy significativo en el empleo”.

“Y con esa realidad sobre la mesa”, ha proseguido la vicepresidenta económica, “sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos”.

Calviño ha asegurado: “Una vez que estamos controlando la enfermedad, el Gobierno tiene clara cuál ha de ser nuestra prioridad: recuperar la actividad económica, apoyar a las empresas y a los trabajadores”. Y ha añadido: “Quiero agradecer una vez más públicamente a los empresarios el compromiso y el esfuerzo que también ellos están haciendo en este momento. Las empresas tienen que jugar, como acabo de decir, un papel clave en la recuperación y cuentan con el apoyo de este gobierno. Por supuesto que se pueden hacer cambios en el ámbito laboral, pero siempre con un objetivo claro impulsar el empleo y la actividad, al tiempo que se protege a los trabajadores”.

La vicepresidenta ha defendido que “las medidas” que ha ido adoptando el Gobierno “han sido dialogadas y consensuadas con los agentes sociales, validadas por el Parlamento y, para el futuro, esa filosofía no cambia”.

“Cualquier modificación en este ámbito se hará de forma dialogada con los agentes sociales”, ha concluido.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, sin embargo, este jueves afirmaba por la mañana: “Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda (lo firmado obliga). En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, la investidura y el Gobierno de coalición no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral. (...) En el acuerdo que se firma ayer entre los máximos responsables de los tres partidos –PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu– ese es el acuerdo. Después cada partido podrá decir lo que quiera. Pero los documentos firmados, en el acuerdo entre tres grupos parlamentarios ese es el acuerdo”.

En un texto inicial del acuerdo se señalaba en el primer punto que la derogación se realizaría “de manera íntegra” y “antes de la finalización de las medidas extraordinarias por la COVID-19”. En el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que recoge el desmontaje de la reforma laboral, se hacía mención específica a varios de los elementos considerados “más lesivos” de la norma, como acabar con la supremacía de los convenios colectivos de empresa sobre los sectoriales.

Con estas palabras se ha expresado este jueves el vicepresidente segundo del Gobierno, que en una entrevista en Catalunya Ràdio ha tratado de zanjar la polémica en torno al acuerdo alcanzado este miércoles por PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para derogar la reforma laboral.

Por su parte, las patronales de empresarios han mostrado su oposición al acuerdo de PSOE y Unidas Podemos con Bildu para derogar la reforma laboral de 2012. CEOE y Cepyme han suspendido el diálogo con el Gobierno de coalición tras el pacto, que garantiza el apoyo de Bildu a la última de las prórrogas del estado de alarma, y que “supone un desprecio indignante al diálogo social, al que dinamita”, según recogen en un comunicado difundido a primera hora de la mañana.

“El dialogo social está en suspenso”, confirman fuentes patronales a eldiario.es, como ha adelantado El País. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no asistirá esta tarde a una reunión prevista con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. “Había una reunión de trabajo con CEOE y se ha aplazado”, indican fuentes de la Seguridad Social. Escrivá está ultimando las negociaciones para aprobar la semana que viene el Ingreso Mínimo Vital para familias con muy escasos recursos, que ven con recelo los empresarios.

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