La CNMC estima que el 5G provocará la pérdida del 30% del espectro para la TDT

El 5G no está todavía desarrollada pero sus efectos podrían no tardar en apreciarse. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado este jueves un informe sobre el futuro de las telecomunicaciones para hacer hueco a este nuevo servicio, cuyo arranque ha fijado la Comisión Europea para el 30 de junio de 2020.

El principal, según la CNMC, será que la TDT deberá dejar espacio en su espectro radioeléctrico para la llegada del 5G. En concreto, estima que el 30% del utilizado actualmente deberá ser liberado, lo que se traducirá en una “pérdida relevante de la capacidad de transmisión de la TDT”, según el organismo.

Para ello, la comisión propone alternativas para que esta pérdida de espectro no afecte a la actual oferta televisiva. La principal de las propuestas consiste en que los canales que actualmente emiten en SD, calidad estándar, y en HD, alta definición, se queden con esta última, liberando un canal.

Esto, además de racionalizar la red, permitiría mejorar la calidad de imagen ante las previsiones de la paulatina desaparición de la SD. El problema de este cambio reside principalmente en que no todos los televisores que se utilizan actualmente están adaptados para el HD, lo que provocará cambiar de televisión.

No es la primera vez que la TDT se ve afectada por la implantación de una nueva tecnología de telecomunicaciones, puesto que con la 4G ya hubo que reorganizar el sistema. Así, la CNMC remarca que es necesario tomar decisiones relevantes para mejorar su eficiencia en el espectro.

El organismo remarca que los estados miembro deben hacer público el plan y el calendario para la adaptación de espectro antes del 30 de junio de este año.

Por otro lado, el reparto de la red de la futura 5G, cuyos pliegos fueron presentados por el anterior Gobierno hace un mes, ha provocado su primer rechazo público. La red de operadores locales de telecomunicaciones, unidos en AOTEC, ha presentado un recurso ante la CNMC para pedir que se suspenda cautelarmente el proceso.

La asociación considera que las actuales condiciones provocan “barreras de entrada” tanto técnicas como económicas y que incumple con el principio de no discriminación y el fomento de la competencia.