La decana de los registradores: “España no puede quedar a la cola en la prevención del blanqueo de capitales”

Rosario Jiménez Rubio (Granada, 1977), decana del Colegio de Registradores de España desde diciembre, recibe a elDiario.es en la moderna sede de la entidad en Madrid, la misma a la que acude a diario desde hace semanas el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que en marzo logró el traslado desde el Registro Mercantil 5 de la capital a su nuevo destino, Bienes Muebles Central I.

En esta entrevista, realizada el martes, Jiménez defiende el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que aprobó el Consejo de Ministros en febrero. La norma está en un momento muy inicial y hay dudas de que llegue a aprobarse, dada la debilidad parlamentaria del Gobierno. Pero ha provocado un nuevo choque con otro colectivo de altos funcionarios, los notarios, que autorizan documentos como escrituras (de hipotecas, sociedades...) y asesoran a las partes (mientras, los registradores califican esos documentos y deciden si se inscriben o no). La norma también suscita el rechazo del Colegio de la Abogacía de Madrid.

El anteproyecto propone un cambio de gran calado: obliga a inscribir las participaciones de una sociedad limitada (las más pequeñas) en el Registro Mercantil, y exige presentar en formato electrónico el registro de socios actualizado. Con ello, todo el tráfico societario deberá pasar por los registros mercantiles. Jiménez defiende la propuesta y cree que España no puede quedar “como caso excepcional” desoyendo las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), dedicado a desarrollar políticas antiblanqueo.

Los notarios dicen que el anteproyecto de ley debilita el sistema antiblanqueo. ¿Lo comparte?

En absoluto. El anteproyecto pone el acento en lo que verdaderamente interesa: que las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitadas puedan ser conocidas por todo el mundo y tener efectos frente a terceros y frente a las administraciones, permitiendo que se inscriban en un registro público, el Registro Mercantil. No solo van a ser conocidas por todos. La Agencia Tributaria, la Seguridad Social y los acreedores van a poder utilizar esa publicidad para conocer y poder embargar las participaciones de aquellos socios con algún tipo de deuda con la Administración pública.

Los notarios dicen que la reforma abre la puerta a que la transmisión de participaciones se haga con documentos privados, sin firma digital y sin intervención notarial, que nadie verifica.

El anteproyecto incluye como forma de documentación el documento electrónico, siempre que reúna los requisitos estandarizados y verificados por el Reglamento Europeo eIDAS. Tiene la autenticidad, verificabilidad y trazabilidad propia de un documento electrónico con firma electrónica avanzada y cualificada, como cualquiera que el ciudadano utiliza para hacer la declaración de la Renta frente a Hacienda o pedir cita ante un centro de salud. 

Muy pocas sociedades de responsabilidad limitada comunican su accionariado en el Registro mercantil. ¿Por qué?

Actualmente, el sistema de transmisión de participaciones sociales en la responsabilidad limitada se anota en el llamado libro registro de socios, que es interno, de uso de cada sociedad. Solo lo legaliza un 8% de las sociedades, que lo traen al Registro Mercantil. La publicidad depende siempre del administrador, de la propia sociedad. La transmisión de participaciones se lleva a cabo a través de escritura pública o documento privado, indistintamente del sistema que actualmente está en vigor.

Consideran que las bases de datos de participaciones de los notarios no son fiables.

Las bases de datos notariales relativas a las transmisiones de participaciones se basan en las actas de manifestaciones que sus titulares efectúan cuando van a la notaría. Esa base de datos se puede utilizar y es útil a la hora de conocer los titulares de participaciones que lo son por documento público notarial. Pero es incompleta porque no recoge el resto: las participaciones sociales que se adquieren en notario extranjero, las que se adquieren por documento privado, que son perfectamente válidas, porque así lo ha dicho el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones; las que se adquieren en subasta pública o las que se adquieren a través de un convenio de divorcio.

Menciona las que se adquieren mediante documento privado. Es el caso famoso de Santos Cerdán y Servinabar.

Efectivamente. Actualmente, el sistema permite que, tanto se otorgue un documento público como se transmitan en documento privado, la transmisión de participaciones pueda ser ocultada. La única llave que permitiría la transparencia de todas esas transmisiones sería la inscripción constitutiva en el Registro Mercantil. De esta manera aflorarían esas transmisiones, se conocería quiénes son los verdaderos titulares de esas participaciones, por parte de los ciudadanos, las administraciones, pero también los socios, que evitarían la cantidad de pleitos que actualmente existen en cuanto, por ejemplo, a la legalidad de la celebración de las juntas de accionistas en este tipo de sociedades, que siempre crean muchísimo conflicto.

Detrás de todas estas quejas de los notarios, ¿puede haber un interés económico de este colectivo? Su base de datos la gestiona una empresa, Ancert, que factura cifras muy relevantes.

La base de datos notariales es privada. Se alimenta de los datos que efectivamente se contienen en los documentos públicos, fundamentalmente de las escrituras que ellos autorizan. Datos que también son privados. Y además no puede ser conocida por los ciudadanos, porque el único registro es el Registro Público de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España.

¿Y cree que puede haber un interés económico detrás de esta polémica?

Puede haber intereses corporativos, claro, en las quejas en este sentido. Las corporaciones tenemos que orientarnos siempre hacia la colaboración interadministrativa, hacia la crítica constructiva y hacia la mejora del servicio público y del interés público y del interés general.

Este choque con los notarios es otro de una larga lista de fricciones entre estos dos colectivos de altos funcionarios.

Nosotros preferimos no visibilizar un conflicto. Entendemos que lo que hay es una diferencia en la interpretación de las normas. Y en este caso, claramente el anteproyecto no solamente pone el acento en la clave de la transparencia, porque la única llave de la transparencia es la inscripción en el Registro Mercantil, en el registro que puede ser conocido por todos los ciudadanos. Además, se obedece a unas recomendaciones internacionales del organismo internacional GAFI, que ha realizado recientemente, en diciembre, y que pone a España como un caso anómalo frente al resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Y no podemos quedar a la cola ni como caso excepcional en un ámbito tan importante como la transparencia o la prevención de delitos de blanqueo de capitales.

La CNMC valora el anteproyecto por su efecto en la lucha contra la corrupción, pero pide reforzar la interconexión entre registros públicos, incluidas las prohibiciones de contratar por infracciones de la competencia.

Nosotros tenemos una comunicación con todas las instituciones. Nuestro registro es público y está conectado con todas las Administraciones. Las consultas que, por ejemplo, recibimos del registro de titularidades reales de las administraciones superaron el año pasado los 60 millones. En cuanto a la CNMC, compartimos la valoración positiva que realiza del anteproyecto.

Los registradores también tienen un relevante negocio con el acceso a la información del Registro Mercantil, como las cuentas de las empresas. Choca que en otros países como Luxemburgo o Reino Unido esta información sea de libre acceso. ¿Por qué aquí no?

Nosotros tenemos Open Data, un servicio absolutamente gratuito y de libre acceso para todo el mundo. Y existe otro tipo de información sometida a una verificación del propio registrador para evitar que esos datos puedan ser conocidos por cualquiera. Pueden ser conocidos teniendo en consideración el concepto de interés legítimo, de acuerdo a los parámetros del Reglamento Europeo de Protección de Datos. El acceso es público pero no puede ser indiscriminado. Hay intereses en juego: la privacidad de algunos datos. En el ámbito mercantil, con una relajación respecto del Registro de la Propiedad, donde el celo es mayor porque hay gran cantidad de datos sensibles, de datos personales. Pero aun así hay que valorar el interés justificado de la persona que accede.

Luxemburgo, miembro de la UE, tiene una web que permite acceder a todas las cuentas de una sociedad domiciliada allí. Eso no lo tenemos en España.

Aquí cumplimos la ley. Tenemos no solamente el reglamento de protección de datos, sino abundante jurisprudencia en ese sentido. Hay datos que se pueden ofrecer y hay que extremar las cautelas para no invadir los derechos de terceros. De hecho, una de las quejas más significativas al anteproyecto es que abriría la veda de lo que llaman la privacidad. Pero no hay que confundir privacidad con transparencia. Son diferentes. El derecho a la privacidad, que hay que controlar y verificar, se maneja por la Ley de Protección de Datos, por el reglamento, la jurisprudencia del TJUE, por eso está el profesional que tiene que hacerlo. Y la transparencia es absolutamente necesaria para que aflore el dinero negro, con lo que supone dentro del PIB de la Unión Europea y de España, y que va in crescendo.

El año pasado entró en vigor el registro único de alquiler turístico. ¿Qué tal está funcionando?

La UE mostró su preocupación hace tiempo por la proliferación de alojamientos turísticos, a veces sin excesivo control. Para permitirles la posibilidad de publicarse en las plataformas online, se dictó un reglamento que en España adoptó el Ministerio de Vivienda de forma pionera y que atribuía a los registradores de la propiedad esta obligación de conceder un número de registro a cada alojamiento. Tras trabajar intensamente durante el verano pasado, otorgamos prácticamente 400.000 números de alojamiento turístico. Posteriormente, la normativa establece la obligación de cada uno de los anfitriones de informar a través de unos modelos estandarizados de la actividad realizada en los últimos meses. Estos modelos se han depositado en los registros de la propiedad. En el mes de febrero se han incorporado 320.000 aproximadamente. Los números de alojamiento cuyo depósito no se ha efectuado, quedan fuera, no podrán seguir publicitándose dentro de las plataformas online.

¿El efecto es inmediato para esos 80.000 que se quedan fuera? 

Se ha comunicado a estos números de alojamiento y ya no pueden volver a publicarse en plataformas online. Sí en cualquier otro medio de difusión. Publicitarse, anunciar su servicio y por supuesto, seguir activos. Incluso pueden reactivar su número de alojamiento turístico. 

¿Cuáles son las razones para no cumplir los requisitos?

Los registradores han tenido que calificar la veracidad de las manifestaciones de los usos turísticos y no turísticos que se han ido declarando; que los arrendamientos o los alojamientos obedecían a fincas realmente existentes; que se publicitaban por aquella persona que tenía derecho a hacerlo como propietario o representante; que no existían prohibiciones dentro de la comunidad de propietarios; que no se trataba de viviendas de protección oficial; y que se cumplía la normativa exigida por cada comunidad autónoma. Por ejemplo, las preceptivas licencias de actividad.

Ustedes conocen de primera mano el funcionamiento del mercado inmobiliario. La vivienda es el gran problema de los españoles. ¿Qué recetas se les ocurren para tratar de reconducir esta situación?

Es un problema muy complejo, no solo en España, también afecta al resto de la UE. Existe un proyecto, European Affordable Housing [de la Comisión Europea], que trata de abordarlo de manera global y sería, creo, la mejor opción. No solamente en España, a través de un Pacto de Estado donde todos los grupos políticos cedieran en beneficio del interés común, aportando medidas que verdaderamente tuvieran efectividad, sino también a nivel europeo. Desde este punto, el Colegio de Registradores está colaborando intensamente con el Ministerio de Vivienda para ofrecer los datos que les permitan un adecuado planeamiento del problema, una buena gestión en materia de vivienda y la posibilidad de abordarlo desde una perspectiva rigurosa, técnica y jurídica. 

Hay cierta tradición de registradores que se han pasado la política. Rajoy, evidentemente, también Beatriz Corredor y otros ministros. ¿No le ha tentado la política?

A mí me interesa mucho el servicio público. Tengo una vocación como funcionaria y dedicada al servicio público. Me interesa mucho el interés general. Puede ser que por eso, en esta línea sí que he tenido actividad corporativa, siempre dentro de la corporación. Nunca en ningún partido político ni militando. Pero siempre he procurado aportar mi granito de arena en beneficio de la comunidad. Ahí sí me encuentro muy identificada con todos estos compañeros.