Defensa e Interior ocultan al Tribunal de Cuentas 331 contratos adjudicados en 2015 por 396 millones

Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz y Pedro Morenés, un acto en Cogolludo (Guadalajara) en 2012.

Cinco ministerios (Exteriores, Defensa, Educación, Interior y Presidencia) han incumplido su obligación de remitir al Tribunal de Cuentas un total de 344 contratos adjudicados en 2015 por un importe de 403 millones de euros, "a pesar de que dichos contratos eran de remisión obligatoria", según un informe publicado este miércoles por el órgano fiscalizador. Los más incumplidores han sido Defensa (230 adjudicaciones por 295,7 millones) e Interior (89 contratos por 87 millones).

Esos dos departamentos, dirigidos en el momento de adjudicarse los contratos, respectivamente, por Pedro Morenés y Jorge Fernández Díaz, suman 331 expedientes por importe de 396 millones que no se enviaron al Tribunal de Cuentas y que suponen el 98,3% del importe económico de las adjudicaciones sobre las que el organismo no ha recibido información.

Esta omisión es una de las principales "deficiencias" que destaca en sus conclusiones el informe que el organismo acaba de remitir a las Cortes y que fiscaliza las adjudicaciones realizadas en 2015 por los seis ministerios del Área Político-Administrativa del Estado: Exteriores, Defensa; Educación, Cultura y Deporte; Interior, Justicia y Presidencia.

En el caso de Defensa, la Dirección General de Asuntos Económicos y la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército del Aire no remitieron ni un contrato. Esta última dirección argumentó en sus alegaciones el pasado 28 de diciembre que el incumplimiento "se debe a un problema informático" y que, "una vez solucionada" esa incidencia, se remitirá esa documentación. Pedro Morenés se remitió desde Washington, donde es embajador, a las alegaciones de su antiguo Ministerio. El actual titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, y su antecesor, Fernández Díaz, no "han formulado contestación alguna".

Defensa remitió 565 contratos por un importe de 1.047 millones, de los que el Tribunal fiscalizó seis por un importe de 618 millones, el 59% del total. De los contratos que remitió este Ministerio, el 56% del total se envió fuera del plazo de tres meses desde la fecha de formalización de la adjudicación. También fue el Ministerio más incumplidor en este apartado.

Interior remitió 84 contratos por importe de 240,8 millones, de los que se fiscalizaron 20 por importe equivalente al 86% (208 millones). El informe destaca el caso de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: "No ha remitido ninguno de los 81 contratos que figuraban en su relación certificada aunque todos ellos eran de remisión obligatoria. Por el contrario, sí que ha remitido 11 contratos que no figuraban en dicha relación".

Otras irregularidades

En síntesis, el documento destaca que un "número relevante" de los contratos analizados se tramitaron sin una memoria económica que justificase su presupuesto fijado, como exige la ley. Tampoco se aportaron informes técnicos de valoración de las ofertas presentadas, lo que impide comprobar si se cumplieron los pliegos de cláusulas administrativas. En un número "significativo" de expedientes, no se concretaban, o se hizo de manera errónea, los medios de acreditación de la solvencia para los licitadores.

En cuanto a la Ley de Igualdad, la institución lamenta que, con carácter general, las entidades fiscalizadas no hicieron uso de la previsión legal de dar preferencia a las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad o bien condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Por eso, llama a una "aplicación efectiva y regular de las previsiones" de la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 "tendentes a promover dicha igualdad a través de la contratación, sin perjuicio de su carácter potestativo".

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