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Cuando la empresa no paga las nóminas pero la plantilla debe seguir trabajando

Imagen de archivo de dos obreros. EFE/Javier Cebollada/Archivo

Laura Olías


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Imagínese un empleado que decide no presentarse a su puesto durante varios días, sin explicación alguna a sus jefes. Si no atendiera su principal obligación, trabajar, el empresario podría despedir a esta persona de manera disciplinaria. En cambio, si una empresa no cumple la contraparte básica de todo contrato, pagar el salario por el trabajo realizado, la “solución” para el trabajador no es ni mucho menos igual de inmediata. Para reclamar su sueldo, los tribunales suelen exigir un periodo mínimo de tres meses sin cobrar. En este periodo, el trabajador debe acudir a su puesto para no enfrentarse a situaciones que podrían hacerle perder las nóminas adeudadas e, incluso, perder el derecho a indemnización y hasta el paro.

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“Es algo que no se puede entender”, lamenta Víctor, ya extrabajador de la empresa Mopavid, de Badalona, y que ha sufrido esta situación de impago de salarios. “Entiendo perfectamente que haya que cumplir un contrato como trabajador. Lo que no es normal que un jefe te deje de pagar y te veas así. Que hasta que pasen tres meses no puedas denunciar. Llegas al cuarto mes sin cobrar y ¿cómo vives mientras?”, denuncia.

Víctor, exempleado y representante del comité de empresa en Mopavid, tuvo que afrontar junto a sus 62 compañeros primero varios meses de retrasos en el cobro de las nóminas y, desde julio de este año, el impago de sus salarios. La empresa, de moldes de vidrio, cambió de propietario en 2019. “Al principio las cosas fueron bien, pero con la pandemia empezó el desastre”. Aunque la compañía no paró de funcionar durante la crisis sanitaria, explica el empleado, el nuevo dueño solicitó un ERTE para la plantilla en junio de 2020. “Pronto tuvo que desafectar a la gente del ERTE, porque es que había trabajo”, explica Víctor.

A partir de diciembre de 2020, los trabajadores comenzaron a recibir tarde y de manera escalonada los salarios. “No sabíamos cuándo nos iban a ingresar la nómina, ni si iba a ser completa. A veces te ingresaba 500 euros un día y luego otros 300 y así”, relata el representante de la plantilla. “En julio recibimos la última nómina, que correspondía a junio, y ya no volvimos a cobrar”.

Los trabajadores de Mopavid se vieron entonces en lo que desde la cooperativa Colectivo Ronda consideran una situación legal de “desprotección que sufren los trabajadores y trabajadoras a quien su empresa paga con retrasos o ha dejado de abonar las nóminas”, como denunciaron en redes sociales.

Tres meses para poder denunciar

José Antonio González Espada, abogado laboralista de Colectivo Ronda que defendió a la plantilla de Mopavid, explica que ante una situación de impago de salarios, si la persona afectada no va a trabajar como respuesta se enfrenta a varios riesgos. En primer lugar, a “la posibilidad de que la empresa le sancione: desde una suspensión de empleo y sueldo hasta la posibilidad de un despido disciplinario, que le dejaría en la calle sin ninguna indemnización”, advierte el abogado.

González Espada alerta incluso de otra consecuencia más grave y menos frecuente, pero que existe. Ante la ausencia del trabajador en su puesto, la empresa puede llegar a considerar que el empleado “se ha marchado voluntariamente, lo que le dejaría no solo sin indemnización sino también sin derecho a desempleo”. Esta respuesta, que da cuenta de la mala fe de algunas empresas, se puede recurrir e intentar desmontar en los tribunales, “pero ante el elevado riesgo de la situación nunca recomendamos a los trabajadores que abandonen sus puestos”, explica el laboralista.

“Aunque la contraparte incumpla las obligaciones, uno tiene que cumplir con la suya y después reclamar. No tomarse la justicia por su mano”, argumenta José Antonio González Espada.

¿Qué pueden hacer entonces los trabajadores afectados por impagos? “Una opción es poner una demanda de extinción de contrato por un incumplimiento de obligaciones de la empresa, como es obviamente el pago de los salarios. Normalmente, aunque es algo que no está escrito por ley, el criterio que suelen seguir los tribunales es que se considera que existe derecho a solicitar la extinción una vez se dejan de cobrar tres nóminas”, explica el laboralista de Colectivo Ronda. Tres meses sin cobrar que, en realidad, suelen ser más.

El “viacrucis judicial”

“La gente tiene que aguantar esos tres meses sin cobrar, que ya es un drama, pero luego además se enfrentan a un procedimiento judicial”, recuerda González Espada. Los trabajadores afectados tiene que presentar la demanda y “eso solo no arregla nada”. Hay que ir a juicio y, por tanto, esperar que este se celebre y a la sentencia del juzgado, en algunas ciudades con un gran colapso. “Durante todo este tiempo el trabajador tiene que seguir trabajando, sin que le paguen, hasta que llegue la sentencia. Hasta llegar a este punto, las personas afectadas pueden estar muchos meses sin cobrar”, advierte José Antonio González Espada.

El abogado advierte de que la legislación laboral en este caso es “muy desigual”, con una posición muy vulnerable de los trabajadores. “Si el trabajador está acusado de incumplimiento grave, la empresa despide y se extingue el contrato de inmediato. Luego el trabajador podría recurrir si no está de acuerdo, pero eso sucede después. En cambio, si la empresa no paga los salarios, el trabajador tiene que pasar un viacrucis judicial, estar meses sin cobrar... Es una desigualdad muy grande en las consecuencias o en la posibilidad de actuar ante un incumplimiento de la otra parte”, valora el laboralista.

Por ello, en el caso de Mopavid, los trabajadores se movilizaron para evitar este escenario. “Con el asesoramiento de CCOO, convocamos una huelga para presionar, la empresa dijo que nos iba a pagar, pero finalmente no lo hizo”, afirma Víctor. Con el respaldo legal de Colectivo Ronda, finalmente se consiguió que Mopavid abriera un expediente de despido colectivo (ERE) para despedir a la plantilla y que, al menos, pudiera tener derecho a pago y reclamar los salarios dejados de percibir y las indemnización al Fogasa.

“Al menos los trabajadores evitaron el viacrucis judicial y estar más meses sin cobrar nada, aunque se marchan con una indemnización más baja”, explica su abogado. “Es un pacto del hambre, como yo lo llamo. Perder el empleo era ya algo inevitable, porque la fábrica iba a cerrar, así que se ha conseguido no alargar más esta situación de los trabajadores”, apunta González Espada.

Víctor, que está despedido como sus compañeros desde el 17 de octubre, ya ha podido tramitar la prestación por desempleo. Ahora vive en casa de su madre, “con mis 40 años y una sensación de impotencia enorme”, afirma, pero no tuvo otra opción al quedarse sin ingresos. Entre sus compañeros ha habido muchos contextos de gran dificultad: “Gente con impagos, que se le quedaba la cuenta a cero, a quienes les pasaban la hipoteca y estaban en saldos negativos...”.  

En Colectivo Ronda reclaman no conformarse con este escenario y exigen al Gobierno un cambio legal para evitar estas situaciones. “El impago de salarios es frecuente en situaciones de crisis, no es un caso aislado. En Mopavid eran trabajadores movilizados, con comité de empresa, al contrario de lo que sucede en muchas otras compañías. Y, por mucho que estén organizados, es una situación de drama económico para las familias”, subraya José Antonio González Espada. Sin asesoramiento o sin posibilidad de estar sin ingresar un sueldo en sus hogares, en otros casos los empleados se marchan con una mano delante y otra detrás a la búsqueda de un nuevo empleo. Sin que la empresa les pague lo que les debe.

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