El ERE en una empresa de mobiliario urbano subleva a varios ayuntamientos
Es probable que el nombre de Cemusa apenas le suene. Si hablamos de los espacios publicitarios que salpican las calles de muchas ciudades españolas, la cosa cambia. La empresa, dedicada a mobiliario urbano y publicidad exterior y que fue comprada por el grupo francés JC Decaux a FCC el pasado noviembre, quiere ejecutar un ERE para el 85% de su plantilla, a pesar de que mantendrá todos sus contratos. Varios ayuntamientos que tienen contratas con la empresa han aprobado en sus plenos declaraciones de apoyo a los trabajadores y estudian alternativas al servicio de Cemusa.
La empresa cuenta con una plantilla de 309 trabajadores repartidos en 19 delegaciones por toda España. Sus dueños desde noviembre, JC Decaux, han planteado despidos para 245 empleados por causas económicas, organizativas, y de producción. Cemusa se dedica a explotar espacios para la publicidad: paga a los ayuntamientos un canon y ponen mobiliario urbano que limpian y mantienen y donde exhiben publicidad. Las agencias pagan a Cemusa por colocar en esos espacios sus anuncios. La caída de la inversión publicitaria y los canones a veces elevados han hecho a la empresa entrar en pérdidas.
La presidenta del comité de empresa, Arantxa García, de Comisiones Obreras, confirma que la actividad está en números rojos pero no comparte lo planteado por el grupo: “En lugar de renegociar los canones o de renunciar a contratos deficitarios deciden mantener toda su actividad y hacer todo el ajuste en la plantilla”.
Para mantener esa actividad, el grupo ha mostrado su intención de subcontratar a algunas de sus filiales. Es decir, otros trabajadores tendrán que llevar a cabo parte del servicio. El comité de empresa sospecha que con peores condiciones laborales. De momento, JC Decaux ha ofrecido 65 recolocaciones pero en algunos casos en categorías inferiores. “Los oficiales de primera serían oficiales de segunda”, explica García. Además, las personas que se queden en la empresa tendrían que pedir primero la baja voluntaria. “Nos mantienen la antigüedad pero es un riesgo, porque si a esas personas las despiden al poco tiempo no tendrían derecho a paro”.
Desde Cemusa subrayan que la empresa está “gravemente afectada por una situación económico y financiera muy negativa”, que les ha supuesto pérdidas de más de 200 millones de euros desde 2012 y que ha necesitado varias inyecciones de fondos. Denuncian que el “elevado importe” de los cánones de muchos ayuntamientos les ha impedido rentabilizar contratos y asegura que su objetivo es mantener “el máximo empleo posible”. Aunque dice que garantizará el servicio a sus clientes, no detalla de qué forma lo hará.
Los ayuntamientos piden explicaciones
La empresa tiene contratos con decenas de ayuntamientos, por ejemplo, Madrid, Sevilla, Málaga, Cádiz, Valencia, Bilbao, San Sebastián, Salamanca, Avilés o el Área Metropolitana de Barcelona. Varios de ellos han aprobado ya resoluciones de apoyo a los trabajadores y estudian alternativas si Cemusa sigue con sus planes.
En el caso de Málaga, el Ayuntamiento ha dejado claro que si la empresa mantiene el ERE no realizará más contrataciones con Cemusa “por la vulneración de los derechos de los trabajadores”, aunque aclara que tendrá que consultar con su equipo jurídico. El consistorio andaluz se ha mostrado dispuesto a realizar todas las gestiones necesarias para “garantizar la continuidad de los trabajadores en la empresa” y preservar sus condiciones laborales y el mantenimiento adecuado de su mobiliario urbano.
En Cádiz, el pleno ha mostrado su “repulsa ante la vulneración de los derechos laborales” de la plantilla y ha instado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento a estudiar la posibilidad de que los trabajadores puedan ser absorbidos en el consistorio como cooperativa o bien mediante un plan de remunicipalización del servicio.
El Ayuntamiento de Valencia ha mostrado públicamente su “solidaridad” con las trabajadoras y ha pedido una reunión con la dirección de JC Decaux “para que informe de la situación en la que quedaría la empresa y cómo van a hacer frente a los contratos que tienen firmados y en vigor”.
Jérez y Sevilla también han aprobado declaraciones similares.
