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Europa busca su industria perdida

El canciller alemán, Olaf Scholz (i), el presidente francés, Emmanuel Macron (c), y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asisten al Consejo de la UE en Bruselas en octubre.

Andrés Gil

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Las raíces de la Unión Europea están manchadas de hulla y zinc. La actual UE tiene su origen en la Comunidad del Carbón y el Acero, hace siete décadas, una alianza comercial para sembrar la paz entre dos enemigos brutales, Alemania y Francia, que habían protagonizado dos Guerras Mundiales sucesivas.

Pero el paisaje europeo de 2023 no es el de 1951, y tanto la pandemia como la guerra de Ucrania y el reciente dopaje de Joe Biden a su economía nacional por la vía de la ley para la reducción de la inflación (IRA) están desnudando carencias de la globalizada economía europea frente a los subsidios acelerados de casi 400.000 millones de euros para la economía verde al otro lado del Atlántico.

No sólo no se fabricaban en Europea ibuprofenos y mascarillas al inicio de la COVID-19; no sólo el principal motor económico de la UE, Alemania, tenía una dependencia energética total de Vladímir Putin hace 12 meses; es que parte de la inflación que empezó a sufrir Europa hace año y medio tenía mucho que ver con los cuellos de botella en China, por ejemplo.

La globalizada economía europea está mostrando una serie de debilidades que se han acelerado con la posibilidad de una guerra comercial con EEUU o con el riesgo a que el mercado interior europeo salte por los aires por las desiguales capacidades nacionales para inyectar ayudas, todo ello en un contexto de severos controles comunitarios para cada euro que se concede a una empresa frente a la rapidez con la que fluye el dinero en EEUU desde la Casa Blanca.

El movimiento puede parecer defensivo, proteccionista, pero cada vez más voces en la UE piden relanzar el tejido industrial europeo de acuerdo con los dos ejes estratégicos: transición verde y transición digital. Y para hablar de eso, también, ha estado esta semana el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, en España.

“Algunos Estados tendrían bolsillos más grandes para ayudar a sus empresas, incluso aunque se trate solo de excepciones temporales”, ha dicho este lunes Breton a El País: “Y serían susceptibles de distorsionar la competencia. Solo un marco que especifique para qué empresas, qué sector, bajo qué forma, en materia de subvenciones a la inversión o de funcionamiento, durante cuánto tiempo… permitirá responder a este riesgo, porque será una normativa idéntica para todos. Pero si solo se abren las reglas de competencia sin más exigencias, el riesgo sería superior”. ¿Y cuánto recursos harán falta? “A grandes rasgos, y teniendo en cuenta la experiencia americana, se acercará a un 2% del PIB comunitario, o sea unos 300.000 o 350.000 millones de euros, pero solo en esta industria específica, de producción industrial para equipos de energía limpia. Estas cifras son una aproximación, una orden de magnitud”, responde Breton.

En este sentido, la vicepresidenta de Competencia, Margrethe Vestager, ha escrito a los Gobiernos de la UE con sus preocupaciones, según publica este lunes Politico. Un aumento masivo de las subvenciones amenaza con una “fragmentación del mercado interior” y “probables carreras de subvenciones perjudiciales con terceros países y dentro de la UE y posibles efectos negativos sobre la cohesión dentro de la Unión Europea”, advierte Vestager. La carta de Vestager llega después de que se informara de que Alemania y Francia estén haciendo estallar el régimen de ayudas estatales de la UE, conocido en su día como el sistema más estricto y eficaz del mundo para evitar que los gobiernos inyecten dinero de los contribuyentes en las empresas en lugar de fomentar la competencia. Ambos países concentran casi el 80% de las subvenciones concedidas al amparo de un Marco Temporal de Crisis puesto en marcha por primera vez durante la pandemia de la COVID, pero prorrogado tantas veces que ya no es realmente temporal.

De los 672.000 millones de euros en planes de subvenciones nacionales aprobados por Bruselas en virtud de las normas de emergencia, “el 53% de las ayudas estatales aprobadas ha sido notificado por Alemania, mientras que Francia representa alrededor del 24%”, dice Vestager a los ministros en la carta. Sin embargo, no todas las subvenciones aprobadas se han gastado, y Vestager dice que su equipo está ahora “supervisando cómo estos presupuestos... se traducen en gasto real”. Vestager evidencia que los planes de subvenciones de Alemania y Francia eclipsan el dinero destinado por todos los demás gobiernos de la UE.

Cumbre en Bruselas

En tres semanas habrá una una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas para coordinar la respuesta a las políticas proteccionistas estadounidenses y cómo relanzar la política industrial europea. En este sentido, el canciller alemán, Olaf Scholz, pedirá a la Unión Europea que cree nuevos instrumentos de financiación conjunta para ayudar a los Estados miembros a competir contra el aumento de las subvenciones estadounidenses a la tecnología verde, según ha publicado esta semana Bloomberg.

De acuerdo con Bloomberg, Scholz quiere que se reformen las actuales normas sobre ayudas estatales de la UE y que se destinen más fondos a igualar el impulso de las ayudas verdes de Estados Unidos. El movimiento de los socialdemócratas alemanes se produce en medio de un creciente escepticismo en Bruselas y otras capitales europeas sobre la posibilidad de que la administración Biden introduzca cambios significativos en su plan de inversiones ecológicas por valor de 370.000 millones de euros. Los 27 sostienen que la ley estadounidense discrimina injustamente a las empresas europeas y amenaza con atraer a las industrias ecológicas al otro lado del Atlántico.  

En este contexto de guerra comercial con EEUU, España envió este lunes un documento a Bruselas en el que reclama facilitar el acceso a los planes de recuperación. Los trámites para acceder a los fondos es uno de los caballos de batalla de la industria, que tiene todas sus expectativas de crecimiento puestas en los planes de recuperación aprobados por la UE a finales de 2020 y que supondrán una inyección millonaria de inversiones. “Una adaptación temporal de las normas sobre ayudas estatales para permitir el rápido despliegue de inversiones en el marco de los Planes Nacionales de Recuperación es el mejor instrumento para hacer frente a los desafíos estructurales de la industria europea y, al mismo tiempo, evitar la amenaza a la igualdad de condiciones que implica una relajación general de los requisitos de las ayudas estatales”, defiende el Gobierno español.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía este jueves ante inversores en el lujoso hotel Mandarin de Madrid: “Quiero mandar un mensaje rotundo de compromiso con la industria de Europa y de nuestro país. Vamos a ampliar nuestra autonomía estratégica. No podemos ser naíf tras la pandemia. Por ello, el eje central en el segundo semestre de este año será construir esa autonomía, que no volvamos a sufrir como durante la pandemia”.

Sánchez, así, se ha marcado como uno de los elementos clave de la presidencia española del Consejo de la UE la autonomía estratégica industrial europea, algo que también comunicó al comisario Breton y la comisaria de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, 48 horas antes.

La presidencia española llegará en el segundo semestre de 2023. Pero, hasta entonces, los líderes de la UE tendrán que dar respuesta a la ley para la reducción de la inflación, tendrán que debatir sobre las propuestas de la Comisión Europea y, también, deberán tomar decisiones sobre si se pone en marcha o no un nuevo fondo europeo. Europa, así, busca su industria perdida.

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