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Ferrovial manipuló durante décadas licitaciones públicas de cientos de millones en España

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial

Antonio M. Vélez

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El polémico traslado de Ferrovial a Países Bajos se ha anunciado mientras el grupo tiene abiertos varios pleitos millonarios en España. Los más cuantiosos son de naturaleza tributaria, por ayudas ilegales de Estado que obtuvo mediante un régimen fiscal de la época de José María Aznar anulado por la UE. Pero varios son también consecuencia de un largo historial de conductas anticompetitivas del que durante décadas ha sido uno de los mayores grupos de obra pública en España.

Ferrovial se ha adjudicado más de 1.000 millones de euros en contratos del Estado solo durante la etapa de Pedro Sánchez, según El País, y cerca de 9.000 millones desde 1991 solo por obras del Ministerio de Fomento. Y una parte de esos contratos multimillonarios los ha obtenido mediante acuerdos ilegales de reparto de ese mercado.

Desde que se creó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace diez años, la compañía ha recibido multas de este organismo por importe de cerca de 58 millones en tres expedientes, aunque el primero de ellos ya ha conseguido tumbarlo en los tribunales por defectos de forma.

La última y más relevante sanción se anunció el pasado 7 de julio. La CNMC multó con 203,6 millones a las seis mayores constructoras españolas “por alterar durante más de 25 años” miles de licitaciones públicas. Entre ellas, infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos o carreteras “cuyo presupuesto total alcanza valores de miles de millones de euros”, según la resolución de Competencia.

Ferrovial recibió por estas conductas monopolísticas una sanción de 38,5 millones, cifra que está cerca del ahorro fiscal que se estima que va a obtener cada año (de hasta 40 millones) con su mudanza a Países Bajos, según cálculos de Banco Sabadell.

La multa a la compañía de la familia Del Pino fue muy inferior a la que había propuesto inicialmente la Dirección de Competencia del organismo, que proponía una sanción de 48,5 millones, solo superada por la que planteaba para Dragados (ACS), para la que pedía 58 millones. Finalmente esta última recibió una multa de 57,1 millones. El resto fue para FCC (40,4 millones), Acciona (29,4 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).

Competencia pidió en este procedimiento (una vez más) que a las infractoras se les prohíba contratar con la Administración, algo que ahora la CNMC quiere hacer de forma directa, sin dejarlo en manos del Ministerio de Hacienda, previo informe de un órgano en el que se sienta la patronal de las constructoras.

Según la CNMC, “desde 1992, las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas”, e “intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos”. Ferrovial fue una de las fundadoras de ese grupo, conocido como G7.

Lo creó en 1992 junto, a entre otras, Agromán, que adquirió años después, y allí permaneció hasta que lo abandonó en abril de 2017, dos semanas después de la marcha de Dragados y Sacyr, las primeras en irse. Entonces, las propias infractoras sabían que su conducta podía ser sancionada por la CNMC, según diversos correos interceptados a la trama en los que sus participantes reconocían que lo que hacían “podría no ser lícito”. “Lo del grupo raya la legalidad de la competencia”, escribía otro participante. 

Competencia inició su investigación tras recabar documentación en una inspección a una filial de ACS por su posible participación en otro cártel. En el caso de Ferrovial, su participación en ese grupo que, semana tras semana y durante décadas, intercambió información sobre licitaciones públicas, “fue intensa”, dice la resolución de la CNMC.

En uno de los correos interceptados, de agosto de 2014, un directivo del grupo de la familia Del Pino escribía: “Empiezo fuerte”, y mostraba su interés en un “obrón” que iba a licitarse un mes después. “La primera en la frente”, añadía.

Campus de la Justicia

Entre los proyectos que se adjudicó Ferrovial tras esos intercambios ilegales de información figuran la urbanización de la Fase 2 del fallido Campus de la Justicia que promovió la Comunidad de Madrid, con un presupuesto de 100,6 millones, diversas obras de ferrocarril en Euskadi, trabajos para el Canal de Isabel II en Madrid o la Confederación Hidrográfica del Tajo y depuradoras de aguas residuales en Galicia, según una “lista no exhaustiva” que recoge la resolución de Competencia y abarca únicamente el periodo comprendido entre 2007 y 2015.

Ferrovial logró que el pasado 9 de diciembre la Audiencia Nacional suspendiera la ejecución de esta sanción, como viene siendo habitual. Y, como también suele hacer en estos casos, no ha provisionado ninguna cantidad porque “la probabilidad de que este litigio se resuelva de forma adversa es baja”, indica en sus últimas cuentas anuales.

La constructora también formó parte de un cártel desmantelado en 2021 que alteraba licitaciones de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Ese grupo estaba formado por 12 empresas y consiguió 71 de las 101 licitaciones que realizó el Ministerio de Fomento para ese servicio entre 2014 y 2018. La CNMC impuso a las infractoras multas de 61,28 millones. También pidió activar esa prohibición de contratar con la Administración que hasta ahora no se ha llevado a término.

Para Ferroser Infraestructuras (filial de Ferrovial), la sanción fue de 5,7 millones, aunque inicialmente, de nuevo, la Dirección de Investigación del organismo había propuesto multas muy superiores para la compañía, de 21,5 millones.

El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó en este caso los 530 millones de euros: el 63% de lo destinado por Fomento a conservación de carreteras del Estado en ese periodo. Esto “da idea del impacto y alcance de este cártel”, según destacó entonces la CNMC. 

Según el organismo, gracias a estos acuerdos ilegales, “Ferroser fue adjudicataria de un total de 5 licitaciones por un importe total de 53.174.879,19 euros (IVA excluido), lo que representa el 10,01% del total del valor adjudicado a las empresas del cártel”, y sin que la empresa pudiera aportar “una explicación alternativa plausible a la existencia del cártel que justifique su forma de presentar las ofertas”.

En este caso, la liebre saltó tras un chivatazo. Una denuncia anónima recibida en octubre de 2017 “con muchos detalles contrastables y más de 200 páginas, y ”en la que se describían de forma precisa conductas que generaban indicios de la existencia de infracción“. Después de otra denuncia anónima recibida ya en 2019, uno de los documentos clave fue recabado tras una inspección en las sedes de las empresas en diciembre de 2019: una convocatoria para celebrar una reunión en un café situado en la Plaza de Ramales, en el Madrid de los Austrias. 

La convocatoria, se lee en la resolución, “se realiza mediante correo electrónico dirigido al gerente comercial de Ferrovial Servicios”, entre otros directivos. El asunto que constaba en esas convocatorias era aparentemente inocente: “Tomar un café”, “adoptar posturas comunes” o verse “para tomar un café y contarnos nuestras penas y alegrías”, se lee en la resolución de la CNMC.

Ferrovial trató de tumbar las inspecciones realizadas en sus oficinas los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2019 sin éxito, en un recurso que destapó que las posibles conductas prohibidas se remontaban hasta “al menos, 2014”, como finalmente determinó la CNMC.

El cártel de la basura

Ferrovial también fue sancionada por la CNMC en 2015 en el conocido como “cártel de la basura”. Medio centenar de empresas de recogida de residuos o limpieza viaria, entre ellas, filiales de las principales constructoras españolas y una de sus patronales, recibieron una multa histórica de 98,2 millones. De esa cifra, 13,6 millones correspondieron a Cespa, antigua filial de Ferrovial que adquirió en 2003. Según la CNMC, Cespa participó en ese cártel al menos desde 2000. 

En este caso, las sanciones fueron anuladas a principios de 2018 por la Audiencia Nacional. Pero no porque no hubiera conductas ilícitas, sino por un error en la instrucción. La CNMC, el organismo que el Gobierno del PP creó en 2013 al fusionar los antiguos reguladores, y que heredó ese expediente de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), se equivocó e instruyó el caso como una “infracción única y continuada” de todas las compañías. Fue incapaz de probar suficientemente la interconexión entre esas conductas, según determinaron los jueces. 

La CNMC intentó remediar el desastre y anunció la reapertura del expediente en 2018 para las conductas no prescritas. Pero acabó archivándolo, tras confirmar el Supremo el criterio de la Audiencia y reconocer a las empresas, Ferrovial entre ellas, el derecho a no ser enjuiciadas dos veces por los mismos hechos.

En la resolución de 2015 se recogían varios correos electrónicos incriminatorios para la entonces filial del grupo de la familia del Pino que confirmaban cómo había llegado a un “pacto de no agresión” con FCC para repartirse clientes. Uno de ellos era especialmente ilustrativo. Un empleado del grupo indicaba que “hay pactos con FCC y HERA”, otra empresa del sector, que “no nos podemos saltar a nuestro antojo”. 

“Son unos acuerdos en cuanto a repartirse las operaciones que van saliendo. Tanto CESPA como FCC Y HERA les damos el mismo precio a todo posible cliente que lo solicite (Ambas Direcciones cruzan la información) sin rebajas de ningún tipo”.

“El problema es que cuando nos toca llevarnos la operación a nosotros, va FCC le baja el precio al cliente y se la lleva dejándonos con un palmo de narices. Y claro, no les podemos recriminar nada porque tenemos que llevarnos bien con ellos no sea que se enfaden y no nos dejen entrar en sus vertederos o nos declaren la guerra”, decía ese correo.

En otro mail, un integrante del cártel lamentaba que había perdido un cliente en favor de Ferrovial: “Cespa argumenta que se despistó uno de sus comerciales y ofertó”. Otro mail de Cespa hablaba de “problemas con Puleva”, uno de sus clientes. “Los precios tan bajos de Saica”, también sancionada, “van a destrozar nuestra oferta”, lamentaba, cuando “en Andalucía Oriental, la relación es cordial y colaboramos de forma estrecha”. 

Cespa, que ya en 2010 fue sancionada por la extinta CNC con dos millones por manipular el mercado de gestión de residuos sanitarios, salió hace un par de años del perímetro de Ferrovial. Se la vendió en 2021 al grupo alemán Schwarz, dueño de los supermercados Lidl, por algo más de 1.000 millones, con plusvalías de 330 millones.

Cespa era uno de los líderes en España de un sector, el de la gestión de residuos, por el que ahora la constructora de los Del Pino está siendo investigada en Polonia por una trama de presunta corrupción para adjudicarse contratos de recogida de basuras en Varsovia. Por ahora hay más de una docena de detenidos. Entre ellos, tres directivos del grupo y un exministro de Hacienda de ese país. 

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