El futuro del 'tarifazo' de gas en Argentina, en manos de la Corte Suprema

Los reclamos de usuarios y organizaciones ante la Justicia por el 'tarifazo' de gas, implementado por el Gobierno argentino en abril pasado, han escalado hasta llegar a la Corte Suprema del país, que ha pedido informes al Ejecutivo antes de decidir si toma el caso.

Las presentaciones judiciales han tenido buena aceptación en los tribunales de primera y de segunda instancia, como el fallo de la Cámara Federal de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, que suspendió los aumentos.

Para evitar que sigan propagándose los distintos reclamos judiciales, el Gobierno aspira a que la Corte Suprema decida si los incrementos puede aplicarse o no, por lo que ha apelado el fallo adverso de la Cámara Federal mientras pone un tope a las subidas.

“Las respuestas del Gobierno no están acorde a derecho”, dijo a Efe Osvaldo Bassado, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc).

“Lamentablemente, lo que ha manifestado el Gobierno no está de acuerdo a lo que establece la causa de la Cámara Federal de La Plata, que ordenó la nulidad de todas las resoluciones, por lo tanto no puede basar en esas resoluciones las modificaciones que se acaban de dictar”, explicó.

Antes de avanzar, la Corte Suprema pidió al Ejecutivo detallar si en la subida del precio de la tarifa se consideraron los ingresos de cada usuario y los principios de “gradualidad y progresividad”, entre otras cuestiones sociales y económicas solicitadas por el tribunal este martes.

Está previsto que el Supremo argentino anuncie si toma el caso el próximo mes, luego de que finalice el receso invernal del Poder Judicial.

“La Corte tiene que bajar, democratizarse y bajar a ayudar a los consumidores”, reclamó Bassano.

Por las críticas, el Gobierno modificó la base sobre la que fueron calculados los aumentos: en lugar de tomar como referencia los precios establecidos en abril para el metro cúbico de gas, se tendrá en cuenta el total de la factura recibida por el usuario en el mismo período del año pasado y la subida no podrá ser mayor al 400 % para los usuarios residenciales y al 500 % en los comerciales.

Para el titular de la Adduc, lo que debe hacer el Ejecutivo argentino es, ante todo, una audiencia pública, uno de los requisitos para llevar adelante una modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos.

La audiencia pública es “previa a cualquier incremento”, recordó Bassano, a raíz de la decisión del Gobierno de Macri de postergarla para el próximo octubre, bajo la excusa de que no han realizado aún una modificación integral de las tarifas.

“Parecen nenes caprichosos”, consideró el titular de la Adduc, para quien es “muy peligrosa la situación social” que se ha generado por los reclamos.

Precisamente, por el 'tarifazo' de los últimos meses, aplicado no solo sobre los precios del gas sino también en los del servicio eléctrico y los del transporte público, está convocado para esta tarde un 'cacerolazo' como forma de protesta.

Los incrementos, sostienen desde el Gobierno, son necesarios para recuperar los costos de generación, producción, transporte y distribución de los servicios, en especial en el caso del área metropolitana de Buenos Aires, donde los precios estuvieron fuertemente subsidiados durante las gestiones kirchneristas.

En medio de la polémica, el Gobierno modificó el mes pasado algunas de esas subidas: habrá una devolución a los clubes de barrio por lo que han pagado en servicio eléctrico, se anunciaron rebajas en el precio del gas para los usuarios residenciales de la sureña Patagonia y los subsidios para el transporte público fuera de Buenos Aires aumentaron un 37 %.

Además, por el momento, el Gobierno también ha prometido que no habrá nuevas subidas en los servicios públicos durante el resto del año.