El Gobierno argentino anula una subida retroactiva del gas por la devaluación

El Gobierno argentino dio hoy marcha atrás con una polémica subida retroactiva del gas para compensar a las distribuidoras por el efecto que tuvo la devaluación del peso, una medida rotundamente rechazada por la oposición y por la que un fiscal había denunciado al secretario de Energía.

Esta decisión del Ejecutivo se produjo en paralelo a una votación en el Senado en la que se aprobó por unanimidad dejar sin efecto el recargo sobre el gas consumido entre abril y septiembre de este año (el invierno austral), que iba a ser abonado en 24 cuotas desde enero de 2019, con un coste medio de entre 90 y 100 pesos (unos 2,30 y 2,60 dólares) más en la factura de cada mes.

Ahora, el Estado argentino pagará a las compañías distribuidoras 20.000 millones de pesos (unos 525 millones de dólares al tipo de cambio actual) en 30 cuotas a partir del próximo octubre.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) resolvió la semana pasada compensar a las empresas por los consumos entre abril y septiembre, un periodo en el que el dólar se disparó un 98,5 % frente al peso, lo que encareció el aprovisionamiento de las distribuidoras de gas, cuyos contratos con las productoras fija el Estado y están vinculados al dólar.

La retroactividad de ese aumento, anunciado junto a otra actualización de las tarifas futuras por la inflación, fue uno de los aspectos más criticados por la oposición, y el principal argumento por el que un fiscal federal denunció penalmente al secretario de Energía del país, Javier Iguacel, por “abuso de autoridad” y “violación a los deberes de funcionario público”.

Según el fiscal, un aumento no puede tener efectos retroactivos, porque los clientes ya han pagado el servicio y “uno de los efectos del pago es la cancelación total”.

Antes de que la medida fuese anulada, Iguacel justificó que las compañías energéticas solo están obligadas a comprar anticipadamente el 50 % del gas que prevén utilizar, mientras que la otra parte puede ser adquirida en el transcurso del invierno, pero la ley establece que con estas adquisiciones las empresas “no pueden perder ni ganar”.

De este modo, si el coste de las compras a las productoras hubiese sido menor, se hubiese reducido el precio al consumidor, pero un coste mayor debía ser repercutido asimismo a los clientes, afirmó el secretario.