El Gobierno vende la lucha contra la brecha salarial con un plan estratégico sin dotación presupuestaria
Desde el “no nos metamos en eso” de Mariano Rajoy sobre la brecha salarial en las empresas, el Gobierno y, especialmente, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, han insistido en muchos discursos en su compromiso con la lucha contra la discriminación entre hombres y mujeres en el mundo laboral. Este viernes, la aprobación en el Consejo de Ministros del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020 volvía a poner en primer plano la igualdad. Este plan no cuenta con una dotación específica en los Presupuestos para 2018, según han explicado fuentes del Ministerio de Empleo a eldiario.es, aunque consideran que puede funcionar con la financiación de la Inspección.
El Ejecutivo subraya que “será prioritario actuar en el ámbito de discriminación por género”, con campañas específicas en este sentido, y que se potenciará la lucha contra la brecha. Sin embargo, las actuaciones previstas en los Presupuestos Generales para 2018 son las mismas que las de 2017 y 2016.
Además, la estrategia bianual se propone “reforzar” el control de la contratación temporal injustificada, de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos; un “mayor control” de las horas trabajadas y del tiempo de trabajo; un refuerzo de actuaciones en relación con subcontratas y empresas multiservicio, la puesta en marcha de nuevas unidades de Inspección especializadas en prevención de riesgos laborales, la supervisión de la economía de plataformas y actuaciones específicas en relación con falsos autónomos, becarios y prácticas no laborales y formación para el empleo.
Sin una partida presupuestaria específica
Dentro del presupuesto de gastos del Ministerio de Empleo de las cuentas presentadas para este año, la asignación para la Inspección y control de Seguridad y Protección Social es superior a la de 2017: unos 2,4 millones más hasta llegar a los 126,4 millones de euros. El presupuesto es casi el mismo que hace una década, cuando el total era 124,6 millones.
Fuentes del Ministerio de Empleo consultadas por este medio afirman que en los Presupuestos de 2018 no hay una partida específica para el Plan Estratégico, ni para el Organismo Estatal cuyos estatutos se han aprobado también este viernes con tres años de retraso, aunque aseguran que puede funcionar con los recursos asignados a la Inspección. La falta de “una dotación presupuestaria suficiente” es una de las principales preocupaciones para el Sindicato de Inspectores de Trabajo de cada al desarrollo del Organismo Estatal y el Plan Estratégico.
Los sindicatos CCOO y UGT llevan años insistiendo en la necesidad de aumentar los recursos de personal de la Inspección de Empleo que, entre otras cosas, permita incrementar el número de actuaciones en las empresas que sirvan como un freno para los abusos laborales.
En 2016 –último año para el que los datos son públicos–, hubo 5.976 actuaciones para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, tras las que se impusieron 81 infracciones con las que se recaudó 524.155 euros. Si nos fijamos en las actuaciones específicas sobre brecha salarial, solo 3 empresas de las 408 investigadas fueron sancionadas por discriminación. Sin embargo, la brecha salarial está ahí: los hombres ganan, de media, un 23,2% más que las mujeres.
“Reforzar” y “priorizar” sin aumentar las inspecciones
Varias de las áreas que el Gobierno quiere “reforzar” y presume de “priorizar” cuentan en los Presupuestos Generales con las mismas previsiones de actuación. El alcance de la labor de “control de las condiciones de trabajo y lucha contra la desigualdad tanto por razón de género” es el mismo que los dos años anteriores: 15.000 personas inspeccionadas previstas.
Lo mismo ocurre con la “vigilancia del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales” –con el mismo número de visitas (80.000) de “labor preventiva mediante en los centros de trabajo” que en 2016 y 2017–, así como con el “control del cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social”. El primer caso es significativo dado el preocupante aumento de la siniestralidad: suben las muertes en el trabajo (1,2% en 2017) así como los accidentes (5%).
En cambio, Empleo sí prevé aumentar el número de contratos investigados por la Inspección en su “control de las modalidades de contratación y de empleo estable”: 395.000 respecto a los 350.000 de 2017. También estima que habrá una mayor conversión de contratos temporales en indefinidos, respecto a lo que presupuestó el pasado año: 60.000 frente a 50.000.
Desde UGT, Ana María Corral, lamenta que el plan no cuente con recursos específicos asignados: “Es habitual en los planes del Gobierno, pero no deja de ser criticable. Si no das dotación presupuestaria, para eso no hagas un plan”. En Comisiones Obreras añaden que “cuando se priorizan actuaciones con el mismo presupuesto y el mismo personal, se priorizan unas para dejar de hacer otras”, explica Lola Santillana.
En la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) les preocupa más que muchas de las medidas del Plan estratégico son ya una realidad en la Inspección y que se destacan competencias que ya tiene asignadas. Su portavoz Fermín Yébenes considera que, para tener más efectividad en la lucha contra la brecha salarial, no son necesarias un mayor número de actuaciones sino que se requiere sobre todo que las trabajadoras y los sindicatos denuncien más. “Para los inspectores, sin una denuncia, es muy difícil encontrarnos un caso claro y preciso de discriminación laboral”, explica.
