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Impuestos a las multinacionales, a las compañías digitales y al carbono: así quiere financiar Bruselas su plan de recuperación

El presidente francés, Emmanuel Macron; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Andrés Gil

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¿Cómo conseguir dinero sin pedírselo a los países? En primer lugar, emitiendo deuda en los mercados de capitales a través de una institución común: la Comisión Europea. ¿Y cómo pagar esa deuda, a 30 años, con sus intereses? Con un nuevo sistema de fondos propios; es decir, de impuestos comunes.

El problema de Bruselas es que esto no se puede hacer de hoy para mañana, pero como la emisión de deuda tendrá una vigencia de 30 años a partir de 2028, aún queda tiempo para que los gobiernos se pongan de acuerdo y se ratifique en los parlamentos nacionales.

En todo caso, la Comisión Europea ha trazado una propuesta que supone una “reforma fundamental sobre cómo se financia el presupuesto de la UE”. El presupuesto plurianual de la UE se basaba básicamente en el IVA (en torno al 10% del marco financiero plurianual de la UE) y las contribuciones nacionales (el 90% restante).

A partir de aquí, Bruselas busca más dinero dentro de los objetivos estratégicos marcados y relacionados con el cambio climático, la revolución digital y “la fiscalidad justa en un mundo globalizado”.

Estos nuevos recursos propios “podrían ayudar a financiar el reembolso y los intereses de la financiación conseguida en los mercados para Next Generation EU [el programa de recuperación de la UE]. Si se introducen para 2024, las contribuciones de los Estados miembros al marco financiero plurianual 2021-2027 podrían reducirse en comparación con sus aportaciones en 2020”.

Comercio de Emisiones y carbono en frontera

En relación con la estrategia verde ligada a los “esfuerzos de la recuperación”, el Ejecutivo comunitario plantea, además del impuesto a los plásticos de un solo uso, conseguir recursos propios por medio del Sistema de Comercio de Emisiones, “incluyendo su posible extensión a los sectores marítimo y de aviación, así como un mecanismo de ajuste de carbono en las fronteras”.

El sistema de emisiones, ya discutido por los líderes de la UE en el Consejo Europeo de febrero, permitiría a los Estados miembros mantener la misma cantidad de ingresos que recibieron en la reciente subasta de derechos de emisiones. Cualquier ingreso generado por el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones que exceda este máximo iría al presupuesto de la UE. Dicho recurso propio podría generar ingresos para el presupuesto de la UE de aproximadamente 10.000 millones de euros, dependiendo de la evolución del precio del carbono y la extensión del sistema a otros sectores, afirma la Comisión Europea: “Al mismo tiempo, será importante garantizar que las empresas de la UE compitan con empresas no pertenecientes a la UE en igualdad de condiciones”.

“Un mecanismo de ajuste de carbono en frontera”, argumenta el Ejecutivo comunitario, “ayudaría a evitar fugas de carbono, que pueden socavar los esfuerzos de la UE para la transición hacia una sociedad neutral en carbono”.

Así, según los cálculos de Bruselas, “un mecanismo de ajuste de carbono en frontera podría generar ingresos adicionales que oscilan entre los 5.000 y los 14.000 millones de euros, según el alcance y el diseño”.

Multinacionales

“Las empresas que obtienen grandes beneficios del mercado único de la Unión Europea y estén superando la crisis, entre otras cosas gracias al apoyo directo e indirecto de la UE y de los Estados miembros, podrían contribuir a su reconstrucción en la fase de recuperación”, argumenta la Comisión Europea: “Esto podría incluir un recurso propio basado en operaciones de empresas que, según su diseño, podría generar alrededor de 10.000 millones de euros anuales”.

A este respecto, el comisario de Mercado Interior, el francés Thierry Breton –quien llegó a la Comisión Europea tras dejar una multinacional tecnológica, Atos–, dijo a Euractiv que había que ser “muy cauteloso”. “La imaginación no tiene límites”, afirmó Breton.

El comisario de Presupuestos, el austriaco Joseph Hahn, afirmó que las empresas con ingresos de más de 750 millones, que operan en el mercado único, tienen “una base de clientes mayor, una cadena de suministro ininterrumpida, en muchos países la misma moneda y una regulación uniforme. Un impuesto modesto por este acceso es algo que consideramos un trato justo”.

Tasa digital

Es un impuesto que lleva tiempo sobre la mesa. Ha habido países, como Francia, que lo han puesto en marcha, pero terminaron aparcándolo por la reacción del Gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump. Hay otros, como España, que también lo tenían en la agenda. 

La posición mayoritaria en la UE antes de la crisis del coronavirus era buscar una tasa común acordada en organismos multinacionales y que luego fuera aplicada de forma homogénea en los 27. Pero el descalabro económico de la pandemia puede acelerar su entrada en funcionamiento.

“El impuesto digital se basaría en el trabajo de la OCDE sobre impuestos a las empresas de una presencia digital significativa”, afirma la Comisión Europea, que dice apoyar “activamente los debates en la OCDE y el G20” y estar “dispuesta a actuar si no se llega a un acuerdo global”.

“Un impuesto digital aplicado a las empresas con una facturación superior a los 750 millones de euros podría generar hasta 1.300 millones de euros anuales para el presupuesto de la UE”, calcula el Ejecutivo comunitario.

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