Los inspectores de Hacienda piden un 'súpervigilante' contra la corrupción
España ya tiene un 'súperregulador' de los mercados, la CNMC (en marcha desde hace un año) y hay quien plantea otro, pero para combatir la corrupción. La organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han propuesto hoy la creación de una Oficina Nacional Antifraude (ONAF) que aglutine, “como máximo responsable y coordinador” en esta materia, la Fiscalía Anticorrupción y la “multitud de órganos con competencias en materia de lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y la corrupción”, entre los que están la UDEF (Policía Nacional), la UCO (Guardia Civil), el SEPBLAC o la ONIF (Agencia Tributaria).
El presidente de IHE, Ramsés Pérez, ha planteado, en un encuentro con la prensa, que ese nuevo órgano dependa directamente del Parlamento y no del Gobierno, y ha defendido que permitiría una mejor coordinación y la agilización de determinados macroprocesos judiciales relacionados con la “lacra” de la corrupción. Aunque ha reconocido que, “probablemente”, sea una propuesta irrealizable por la oposición que presumiblemente encontraría entre los diferentes ministerios (Hacienda, Interior, Economía), ha defendido que “si hay un momento en el que puede salir es este”. “A la opinión pública no le gusta cómo están las cosas y quiere un cambio radical”.
La creación de ese organismo es una de las 34 propuestas de lucha contra la corrupción y la delincuencia económica que han planteado hoy los inspectores durante la apertura del XXIV Congreso anual de la organización, que mañana se clausura en Bilbao, entre las que destacan otras que la asociación ha planteado con anterioridad, como un “plan de comprobación” fiscal de los políticos, por tratarse de un “grupo de riesgo”, o la publicación de las declaraciones de la renta de empresarios y profesionales como “medida de transparencia”. Se trataría de una “vigilancia suave” para que “todos sepamos lo que contribuye cada ciudadano”, ha dicho Pérez.
Entre las propuestas de los inspectores también figuran otras como la atribución a la Agencia Tributaria de competencias para investigar los delitos, fiscales el blanqueo de capitales, contrabando y narcotráfico, así como la creación de una Policía Fiscal que forme parte de la AEAT. También reclaman un “Plan de Comprobación de Personas y Entidades que se hayan acogido a la amnistía fiscal”; reforzar la denuncia pública o “regular el pago a confidentes para supuestos de denuncia de delitos, y no solamente en los casos de contrabando”.
Los inspectores critican “la sensación de impunidad que tiene este tipo de delincuencia” y la “manifiesta insuficiencia” de medios con los que cuentan los órganos fiscalizadores y preventivos, y recuerdan que España ya sólo logra un “aprobadillo raspado” (5,9) en el último ránking de percepción de la corrupción de la ONG Transparencia Internacional.
