Justicia suavizará las penas a piquetes por coacciones a la huelga
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que el Gobierno propondrá rebajar las penas por delitos de coacción a la huelga contenidas en la disposición número 315 del Código Penal. Se trata del artículo que está sirviendo para encausar a decenas de personas –algunas ya condenadas, incluso a penas de prisión– por su participación en piquetes y protestas.
Catalá ha admitido que se están produciendo sentencias que contienen penas “desproporcionadas”. CCOO y UGT iniciaron hace meses una campaña contra la criminalización del derecho a huelga en la que solicitaban un cambio sustancial de este artículo del Código Penal.
“El 315 prevé una sanción a las coacciones ejercidas con motivo del derecho de huelga, que tiene unas penas de prisión altas comparadas con el delito de coacciones genérico”, ha dicho Catalá. Por esta razón, Justicia planteará un “ajuste” de esas penas que en la práctica implique una reducción de los años de cárcel. “Hemos constatado que se están produciendo sentencias con penas muy altas, privativas de libertad incluso, que quizá son un poco desproporcionadas en el momento actual”, ha reconocido el ministro.
Catalá ha apuntado que la pena máxima por este delito podría quedar en 18 meses de cárcel o bien saldarse con una multa económica. Actualmente, el 315 determina penas de hasta tres años de prisión para las personas que, “actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”, así como para los que limiten o impidan el derecho de huelga.
Sin embargo, en los últimos meses este artículo se ha empleado para encausar a decenas de personas que han participado en piquetes. Actualmente hay al menos 300 personas inmersas en este tipo de procesos. El más llamativo es el de los ocho trabajadores de Airbus para los que la Fiscalía pide ocho años y medio de cárcel a cada uno por unos incidentes que tuvieron lugar durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
El Gobierno propondrá este cambio a través de una enmienda al nuevo Código Penal. Catalá ha señalado que espera que el cambio sea bien acogido. Precisamente, PSOE e IU reclamaron hace meses una modificación en el artículo 315 para evitar este tipo de penas.
Por otro lado, seis personas ya condenadas están a la espera de que el Gobierno acepte o rechace su indulto para evitar la prisión. El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió a estudiarlo tras reunirse con los líderes de CCOO y UGT.
