De K Street a Mar-a-Lago: los ‘lobbies’ se reajustan a las nuevas riendas del poder ‘trumpista’

Washington DC siempre ha sido la capital internacional de los grupos de presión. El lugar donde se apilan de manera compulsiva. La Puerta del Sol de los privilegiados que buscan mantener sus status quo. O, en su defecto, alcanzar beneficios directos de forma fulgurante y subrepticia. De hecho, los lobbies tienen calle propia en DC, K Street, la arteria urbana en la que se congregan para ejercer su influencia en el establishment americano. Pero no es el único distrito de acceso al lado Oeste de la Casa Blanca, donde se supone que se cuecen a fuego más o menos lento los designios de industrias o movimientos sociales y políticos como el Make America Great Again (MAGA).

Donald Trump ha desplazado, en su segundo mandato, parte de sus plácets de ingreso hacia Mar-a-Lago, su residencia familiar en, una maniobra con la que el dirigente republicano pretende seguir labrándose una imagen alejada —de eso alardea— del viejo orden institucional estadounidense.

Sin embargo, y pese al empeño trumpista por desviar su atención del círculo de Washington, los lobbies americanos, posiblemente los más activos y pudientes del planeta por su capacidad de interceder en la gestación de normas o la puesta en liza de iniciativas oficiales y de trasladar sus intereses más allá de las fronteras de EEUU, viven una etapa de esplendor. A rebufo de la agenda ultraconservadora MAGA.

La reciente reunión con los primeros espadas de las Big Oils sobre el veto exportador al diésel y la exigencia a Europa para que libere sus reservas de gas y gasóleo, esenciales para que opere el mix energético en una etapa de escaso almacenamiento en el Viejo Continente, con un invierno en ciernes y una escalada de precios energéticos surgida de la guerra de Irán instigada por el propio Trump, es un botón de muestra de la efervescencia que han tomado sus incursiones en el núcleo duro del inquilino de la Casa Blanca. Pero no ha sido la única señal de que algo se cuece en la sala de máquinas del ejecutivo americano a menos de un mes de las midterms.

También las Big tech se han aproximado al Despacho Oval. En esta ocasión, a cenar, con luz y taquígrafos. Para reclamar al presidente de la IA y los cripto-activos autorregulación en tiempos convulsos que les conceda inmunidad ante la hostil y archi-normativa Europa, que pretende, a los ojos de los jerarcas de Silicon Valley, alejarles del negocio tecnológico del viejo continente. O de las perversas y vetustas instituciones multilaterales, que instaurar supervisión a los avances de la IA.

En la lista de ilustres comensales, destacaron Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), Greg Brockman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic), Jensen Huang (Nvidia), Alex Karp (Palantir), Jeff Bezos (Amazon) y Elon Musk (X, Tesla, SpaceX).

Ambos cónclaves ocurrieron en apenas 48 horas. Casi sin solución de continuidad. No en balde, la cita con las urnas de noviembre, en la que el Grand Old Party (GOP) de Trump no disfruta del beneplácito de los sondeos y varios de sus gobernadores y legisladores en ambas cámaras temen perder sus cargos, es ya inminente. Y los estrategas del partido admiten que el encarecimiento de los carburantes mengua la capacidad adquisitiva de los hogares y que la persistente inflación relega o condiciona las decisiones de consumo en las familias. 

Si, además, estallara la burbuja bursátil de los valores tecnológicos y sus billonarias inversiones acordadas por sus big tech, el panorama para el inversor minorista en Wall Street sería aún más oscuro y dañaría los intereses de un GOP absorto en la ideología MAGA. 

La vieja economía fósil ataca de nuevo...

La liturgia de estos dos lobbies duró apenas unos días, pero bastó para mostrar cómo funcionan los mercaderes de los grupos de presión en el templo americano. El de la vieja economía fósil se activó a finales de septiembre, con el diésel por encima de 6,50 dólares el galón y con Trump mostrando su intención de prohibir su exportación para frenar el precio doméstico y contener la creciente ira de agricultores, transportistas e industriales.

Los ejecutivos de las supermajors acudieron a velar por sus negocios internacionales. Le dijeron a Chris Wright, el zar de la Energía de Trump, que la idea de su jefe era descabellada porque toda intervención en los flujos energéticos globales traería más inflación a EEUU. Lo hicieron en boca de Darren Woods, CEO de ExxonMobil. Del encuentro salió la petición a Europa de que liberara sus stocks de gas y diésel, que finalmente aceptó en el G-7 a instancias de Francia. Pese a los reproches de analistas que ven en la medida más presión sobre las cuentas europeas al tener que prorrogar subsidios a la energía en una época de retorno a la austeridad y con primas de riesgo al acecho por exceso de endeudamiento. Irónica y especialmente contra el bono francés.

Pero “los lobistas son la mejor fuente de información que el dinero puede comprar”, como decía el difunto senador John McCain, adalid republicano, nada connivente con Trump. En Político ya describían los primeros movimientos del lobby fósil a comienzos de septiembre en un elocuente reportaje titulado All Hand On Deck: las manos sobre la mesa. Después de que el presidente acusara a ExxonMobil y Chevron de ganar demasiado dinero y ordenara investigar abusos de precios.

El nerviosismo del sector tenía una nítida base monetaria. Las exportaciones estadounidenses de crudo habían aumentado cerca de un 30% interanual, hasta unos 3,5 millones de barriles por día y las de productos refinados, incluido el diésel, en un 20%, por encima de 8 millones diarios.

El American Petroleum Institute —el lobby por antonomasia de la Big Oil— y las firmas dueñas de las refinerías insistieron en que cerrar esta válvula reduciría producción, alteraría el equilibrio entre combustibles y acabaría encareciendo los precios domésticos. La Casa Blanca sostuvo que no preparaba restricciones, pero la campaña preventiva ilustra hasta qué punto la industria trata de influir antes de que una opción política llegue siquiera a formalizarse.

La presión empresarial coincidió con el sentimiento republicano. Su senador Chuck Grassley y otros representantes de estados agrícolas reclamaron medidas para frenar el precio del diésel. Con advertencias de que el partido podía pagar la crisis en las urnas. La exigencia a los aliados europeos de hacer uso de sus reservas era el punto de encuentro entre dos grupos de interés próximos al GOP. Agricultores, industriales y familias que demandan carburantes a costes bajos y petroleras y plantas de refino dispuestas a no dejar de recibir su cuota exterior del negocio.

Por mucho que los expertos se afanen en situar el foco en la realidad. Como Bill Farren-Price, de Oxford Institute for Energy Studies, quien alerta de que generar un shock energético mediante una guerra en Oriente Próximo perjudica al consumidor estadounidense, a la economía mundial y al crecimiento de largo plazo de los propios mercados de petróleo y gas.

Pero la Big Oil dispone de una maquinaria permanente para hacerse escuchar. El gasto declarado en lobby de su industria alcanzó los 32 millones de dólares entre julio y septiembre pasados con American Petroleum Institute, Koch Industries, ExxonMobil y Chevron como protagonistas.

... y cede sus bártulos de influencia a la IA

La segunda señal de alarma de que los lobbies han estado en plena efervescencia este verano y lo estarán este otoño procede de la IA y su “moralmente vinculante” autorregulación que exige el tecno-feudalismo de Silicon Valley, según afirma Trump. Frente a la barbarie del normativismo público. Este pacto apela a controles internos, auditorías externas y vigilancia desde los propios consejos de administración. Sin sanciones ni mecanismos de cumplimiento por exigencia legal. La fórmula –aducen defensores y detractores– permite a la Casa Blanca decir que responde así a la creciente preocupación social por los riesgos de la IA sin imponer a Silicon Valley un marco federal que frene su voracidad innovadora.

Tras esta entente cordiale se ha desplegado toda una maquinaria de influencia. El lobby de la IA, el nuevo K Street tecnológico, ha desembolsado 112 millones de dólares a sus firmas de presión en el primer semestre de 2026; más de la mitad —unos 60 millones— en los meses estivales, su récord trimestral, según datos de Bloomberg Government que cita a Meta Microsoft, Anthropic y Nvidia como sus principales clientes. 

De momento, busca virar el rumbo del relato regulatorio desde un supuesto intervencionismo estatal —cuánto pueden los poderes públicos vigilar a las tecnológicas y a su IA— hasta situarlo en un punto de gravedad nunca visto: quién debe escribir las reglas y verificar su cumplimiento. Tom Wheeler, del Center for Technology Innovation de Brookings y antiguo presidente de la Federal Communications Commission (FCC), el regulador del mercado de las telecomunicaciones americano, avisa de que el pacto permite a las compañías diseñar sus propios controles, elegir a sus evaluadores y decidir si sus procedimientos resultan efectivos sin obligación de entregar resultados a una autoridad pública ni de imposición externa a cualquier medida correctoras.

Es decir, que las compañías se convierten simultáneamente en legislador, inspector y árbitro. En un momento en el que el propio Congreso americano empieza a explorar vías distintas, con una serie de iniciativas bipartidistas para establecer responsabilidades civiles y penales por posibles daños provocados por la IA.

Marcus Bokkerink, expresidente de la británica Competition and Markets Authority, va incluso más allá al alertar de que “no corresponde a las empresas que fabrican productos designar a sus propios evaluadores” y, en una clara alusión a las bigtechs americanas, critica que “unos pocos gigantes no deben diseñar reglas de juego que podrían terminar consolidando sus posiciones de dominio y dificultando la entrada de nuevos competidores más pequeños”.

Un bumerán de presiones

Pero el petróleo y la IA no son los únicos focos de influencia latente en EEUU. OpenLobby, una plataforma de datos que rastrea el menudeo de los lobbies, cifra en 2.740 millones de dólares en facturas declaradas por estas prácticas con más de 12.600 lobistas activos entre enero y junio. Camino de otro récord anual como en 2025. Desde movimientos para influir en la confección de los presupuestos a otros dirigidos a dibujar el futuro mapa impositivo, la porción privada de la Sanidad y un amplio abanico de sectores. Todos, con mayor o menores arsenales monetarios.

Farmacéuticas, firmas manufactureras y de comercio, de las industrias militar, financiera o de la distribución, alimentación, agrícolas, automovilísticas, transporte, telecos, inmobiliarias o entes profesionales compiten por un más rápido acceso a una Casa Blanca capaz de alterar aranceles, contratos públicos, leyes o decisiones ejecutivas. En busca de metas y desafíos concretos.

En esta arquitectura, K Street continúa ejerciendo su poder. Hace uso del viejo modus operandi de influir desde despachos jurídicos, asociaciones empresariales, comités del Congreso, agencias o funcionarios y reguladores. Ballard Partners, firma fundada por Brian Ballard, histórico aliado de Trump, ha declarado más de 30 millones de dólares de ingresos por lobby federal en cada uno de los dos primeros trimestres de 2026, líder del sector. Mientras firmas de colaboradores del universo trumpista captan cada vez más porciones del pastel. A cambio de conocimiento en Public Affairs. Aunque, sobre todo, por usar sus tentáculos con el círculo íntimo del presidente.

En este contexto, Mar-a-Lago añade una dimensión distinta. La residencia de Trump en Florida funciona simultáneamente como espacio privado, negocio y escenario político. Organizaciones dedicadas a visar conflictos de interés han documentado decenas de actos de grupos políticos y empresariales en ella. “Cuando la diplomacia se vincula a la marca personal del presidente como si perteneciera a una administración concreta, EEUU acaba erosionando su credibilidad” alerta Stephen Wertheim, de Carnegie Endowment, sobre las procesiones a Mar-a-Lago antes de alejar cualquier vínculo con Camp David, residencia federal y sede de acuerdos diplomáticos de alto nivel durante más de medio siglo, al que quieren equiparar los acólitos de la versión Trump 2.0.