María Jesús Montero no logra convencer a los partidos para aprobar la utilización de los remanentes de los ayuntamientos

El Congreso ha vuelto a escenificar este lunes la soledad del PSOE en su intento de defender el decreto ley para que los Ayuntamientos puedan utilizar 5.000 millones de su superávit a través de préstamos del Estado. Ni siquiera los socios del Ejecutivo, Unidas Podemos, han defendido la posición de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Dependiendo de la virulencia de cada formación política, los diputados en la Comisión de Hacienda en el Congreso, salvo el PSOE, han calificado el Real Decreto desde “chantaje a los ayuntamientos” a “acuerdo vergonzoso” pasando por “un ataque a la autonomía financiera municipal” o “ingeniería normativa que no da soluciones”.

El real decreto consiste en que que los ayuntamientos con ahorros se los presten al Estado, que se lo devolverá en forma de ingresos no financieros para que los puedan invertir en cuestiones relativas a agenda urbana (vivienda, sostenibilidad de las ciudades, etc.), cuidados y cultura. La jugada permitiría a los consistorios disponer de 5.000 millones de euros –del total de 14.000 que tienen ahorrados– entre este año y el que viene, que se reintegrarían por el Estado en 15 años. Pedro Sánchez y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, rubricaron el acuerdo en Moncloa que solo contaba con los votos favorables de los alcaldes socialistas y la abstención del representante de Unidas Podemos en la FEMP, con lo que se rompió el tradicional consenso que imperaba en este organismo.

La responsable de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, ha basado su defensa del decreto, que calificó de “innovador e imaginativo”, en tres líneas. Por un lado, la urgencia de los municipios ante la situación de crisis por el impacto económico de la pandemia. Por otro lado, ha asegurado que “no hay alternativas legales” para utilizar los 14.000 millones de remanentes que tienen los municipios ya que los municipios “no pueden utilizar la totalidad del superávit ya que hay un límite constitucional”, recogido en el artículo 135 de la Constitución y por la Ley de Estabilidad, que aprobó el ministro Cristóbal Montoro durante el pasado Gobierno del PP.

Según la ministra, la fórmula pactada con el FEMP permite inyectar 5.000 millones a los municipios, cuatro veces más de los 1.000 millones que se pueden utilizar con la actual legislación, según marca la Constitución para que no incurran en déficit.

“Este decreto ley recoge un nuevo mecanismo, utilizar remanente sin incurrir en déficit, se plantea de forma voluntaria, el ayuntamiento que quiera puede hacer uso de ese mecanismo, si no quiere prestárselo al Estado no lo tiene que hacer. No tiene sentido utilizar términos como confiscación hurto o robo como han hecho algunos partidos de la oposición, no responde a la realidad de este decreto”, ha señalado la ministra.

Finalmente , la ministra ha señalado que mantener en los bancos los remanentes de tesorería fruto del superávit presupuestario acumulado en estos años cuesta a los ayuntamientos unos 70 millones de euros al año, únicamente en concepto de intereses.

De poco han servido los argumentos de la ministra. Ni siquiera ha servido la promesa de eliminar la regla de gasto, que limita el margen de actuación presupuestaria, el próximo año. “Una vez que lleguemos a los acuerdos con la Unión Europea (UE) estaremos en condiciones. Pero la intención es que se quede sin efecto, también para el 2021, la regla de gasto para los ayuntamientos”, ha apuntado.

Ante la negativa de las formaciones políticas a aprobar el real decreto, la ministra se ha ofrecido a que se tramite por procedimiento de proyecto de ley para que se cambie la fórmula del fondo de 5.000 millones mediante préstamos al Estado, pero que se permita la aprobación de otros aspectos de la norma para solventar la difícil situación financiera de los municipios, que en palabras de la ministra, pueden tener en breve problemas de pago a proveedores.

Contra el real decreto

Los diputados del PP y Vox, Cristina España y Víctor González, respectivamente, tachaban el real decreto de “chantaje a los ayuntamientos” y como vía para maquillar la “pésima gestión” del Ejecutivo frente a la pandemia de la COVID. La diputada del Partido Popular ha llegado a decir que la norma es como si “los padres le quitan la hucha a los hijos”.

El resto de formaciones políticas han rechazado el real decreto y le ha recriminado a la ministra que se escude en la imposibilidad legal de buscar otras soluciones cuando todavía no ha modificado la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que aprobó el PP, ya que hay mayoría en el Congreso para hacerlo y estaba en el programa electoral del PSOE y en el acuerdo de Gobierno que ratificaron con Unidas Podemos.

El diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, ha animado a la ministra a romper “el corsé legal” de la ley del PP y a que haga una lectura de la norma constitucional -“como han hecho en Estados Unidos o Alemania”- para aplicar cláusula de escape que permita a los municipios utilizar sus ahorros. En el mismo sentido, la parlamentaria del PNV, Idoia Sagastizabal, ha subrayado que el real decreto “considera a las entidades locales como menores de edad” y “no tiene en cuenta los regímenes forales” y le ha puntualizado a la ministra que el punto 4 del artículo 135 de la Constitución permite “excepcionar” el déficit de los municipios ante la pandemia. El diputado de ERC, Joan Margall, ha avisado que los municipios con alcalde republicano no cederán sus remanentes al Estado porque es una receta del pasado basada en “recentralización y austeridad”.

Tanto el diputado de Compromis, Joan Baldoví, como la parlamentaria de Ciudadanos, Carmen Martínez, han recriminado a la ministra que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hable de “unidad y diálogo” para salir de la crisis por la pandemia pero luego el PSOE “actúe unilateralmente usando la mayoría con la que cuenta en la FEMP” y el voto de calidad de su presidente, Abel Caballero. El congresista de Junts per Catalunya, Ferran Bel, ha recordado que el Gobierno ha cedido 16.000 millones a las Comunidades Autónomas para luchar contra la COVID, por lo que “se podría hacer lo mismo con los 5.000 millones para los ayuntamientos”.