La ofensiva judicial antipiquetes anima a la CEOE a pedir la restricción del derecho de huelga
Hace dos días se hizo público el borrador de un documento en el que la CEOE recopila para el Ministerio de Economía una serie de peticiones entre las que se encuentra la restricción del derecho de huelga. No es la primera vez que la patronal pide una ley que regule la huelga, pero en este caso su reclamación llega en un momento especialmente delicado: la CEOE lanza este globo sonda en plena ofensiva judicial contra los piquetes. Actualmente hay unos 55 procesos abiertos contra al menos 200 personas, muchas con vinculaciones sindicales, que han participado en piquetes y protestas durante los últimos años.
En el documento, que la patronal ha enviado a sus organizaciones para que hagan sugerencias, proponen que las huelgas sean convocadas si los trabajadores así lo aprueban por mayoría en una votación secreta. “La información sobre la huelga debería prohibirse desde las 24 horas precedentes al inicio de la misma con el fin de evitar situaciones de coacción e, incluso, violencia”, dice también la CEOE. Para el profesor de Derecho del Trabajo Jesús Lahera, ambas propuestas plantean serias dudas sobre su constitucionalidad.
“El sujeto convocante es un sujeto colectivo, y luego son los trabajadores los que individualmente deciden o no hacer huelga. Lo que no se puede hacer es restringir el derecho de los sindicatos a convocar una huelga, algo que está reconocido en la Constitución”, explica Lahera, que recuerda que el decreto de 1977 reconoce a los sindicatos, pero también a comités de empresa, delegados y a los propios trabajadores si así lo deciden por mayoría, como convocantes legítimos de una huelga.
En cuanto a la restricción para informar sobre los paros un día antes, el Tribunal Constitucional ha reconocido en varias ocasiones el papel de los piquetes informativos. “Se estarían atentando no ya contra el ejercicio colectivo de huelga, sino contra el derecho individual. Para ejercer un derecho individual hay que tener la información para hacerlo. Otra cosa es que los piquetes no puedan coaccionar”, señala Lahera, que es partidario de una ley de huelga que aborde asuntos pendientes, como los servicios esenciales, la sustitución de unos trabajadores por otros -“hoy en día no es tan sencillo, se están creando formas de sustitución de manera encubiera”- o las responsabilidades que se pueden derivar de un paro en todos los sentidos.
A raíz de la huelga de basuras de Madrid que tuvo lugar en noviembre pasado, en la que se sustituyó a unos trabajadores con otros con el argumento de que se estaban vulnerando los servicios mínimos, el presidente del Gobierno encargó al Ministerio de Empleo una ley de huelga. Expertos ya alertaron entonces sobre el peligro de recortar un derecho fundamental. El Ministerio, sin embargo, no tiene todavía ningún proyecto avanzado. “Estamos hablando con diferentes actores con calma, no queríamos que fuera una legislación en caliente”, asegura un portavoz, que desgrana otros proyectos más urgentes que el departamento de Fátima Báñez tiene entre manos.
Cárcel para tres trabajadores de Navantia
Uno de los últimos procedimientos abiertos es el de tres trabajadores de Navantia que acaban de recoger el auto que decreta la apertura de juicio oral por unos altercados que tuvieron lugar hace un año y medio: durante una manifestación frente a la sede del PP de San Fernando (Cádiz) para reclamar más carga de trabajo tuvo lugar un tumulto en el que se produjo una carga policial.
La policía detuvo a tres trabajadores, uno de los cuales era el presidente del comité intercentros de Navantia, José Antonio Oliva, de CCOO, que se había acercado a un policía para tratar de negociar cuando los antisdisturbios comenzaron la carga. Los otros dos acusados son también afiliados de CCOO. Para ellos, se solicitan entre 23 meses y tres años de cárcel por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. El abogado de los trabajadores prepara ahora el escrito de defensa. “Vamos a presentar testigos, vídeos, fotos”, dice Oliva.
El sindicato considera que la decisión judicial es desproporcionada y ve en ella “un ejemplo más de la deriva autoritaria que han tomado las actuaciones de los poderes públicos contra los sindicatos”.
