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“La opacidad de Star Petroleum es un serio riesgo de corrupción”

Acto de protesta de la ONG Global Witness ante la Comisión Europea en abril de 2012.

Antonio M. Vélez

Emma Vickers es la responsable para Sudán del Sur de Global Witness, la ONG británica que hace año y medio destapó, tras una investigación de siete meses, las conexiones con paraísos fiscales de Star Petroleum, la petrolera del hispano iraní Massoud Zandi. Estos días la compañía ha vuelto a la actualidad por su vinculación con el presidente ejecutivo del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián (socio y administrador hasta diciembre pasado) y el apoyo expreso que recibió del expresidente del Gobierno Felipe González.

Vickers responde por correo electrónico a eldiario.es y resume los riesgos que entrañan las operaciones de una empresa del perfil de Star Petroleum en el país más joven del mundo –se independizó en 2011–, devastado por dos años de guerra civil y con la mitad de su población en riesgo de morir de hambre, según ha denunciado la ONU esta semana.

En octubre de 2014, Global Witness publicó un informe muy crítico sobre las actividades de Star Petroleum en Sudán del Sur. ¿Qué ha pasado desde entonces con el acuerdo que negociaba para lograr una concesión petrolífera en ese país?

No está claro qué ha ocurrido con esas negociaciones, lo que es problemático en sí mismo; de haber progresos significativos, la ley de ese país obliga a hacer pública esa información y hacerla accesible a los ciudadanos. El hecho es que todavía no sabemos lo suficiente sobre la compañía y, lo que es más importante, quiénes son sus propietarios últimos y se benefician de ella. La National Petroleum and Gas Commission, un importante órgano supervisor del sector petrolero en Sudán del Sur, pidió por carta al Ministerio de Petróleo información sobre los propietarios de Star Petroleum. Esta información, si fue proporcionada, no se ha publicado.

Los 'papeles de Panamá' han documentado la relación entre Star Petroleum y varios paraísos fiscales, un aspecto sobre el que Global Witness ya llamó la atención hace año y medio.

Ese informe mostraba que la estructura accionarial de la empresa es opaca. Reflejábamos que las acciones de la compañía están en manos de otras cinco sociedades registradas en jurisdicciones secretas. Eso significa que no hay forma de que los ciudadanos de Sudán del Sur puedan saber qué individuos son los propietarios de la compañía y quiénes se benefician de ella. La opacidad accionarial de Star Petroleum es un problema por dos razones: en primer lugar, Global Witness ha mostrado en repetidas ocasiones que las estructuras corporativas opacas pueden ser una importante herramienta de blanqueo de capitales para delincuentes y corruptos.

En numerosos casos en todo el mundo, el anonimato que proporciona ubicar compañías en lugares como Panamá y las Islas Seychelles ha sido aprovechado para robar dinero a los Estados que debería utilizarse para financiar servicios como la sanidad pública y la educación para los ciudadanos normales. Mientras ellos están sumidos en la pobreza, los poderosos utilizan estos vehículos para enriquecerse.

Star Petroleum debería explicar quién o quiénes están detrás de los activos de la compañía para transmitir seguridad a la población de Sudán del Sur sobre la inexistencia de un conflicto de interés o de una relación de mutuo beneficio entre quienes sacan provecho de la empresa y quienes tienen el poder para adjudicar concesiones petrolíferas. La transparencia demostraría con claridad a los ciudadanos que no tiene nada que ocultar.

En segundo lugar, la opacidad accionarial de Star Petroleum vulnera la ley sursudanesa. La Ley Petrolera de 2012 reconoce el peligro que supone un esquema de este tipo en el sector y por ello reclama que se divulgue la información sobre la propiedad de las compañías que inviertan en los yacimientos petrolíferos del país.

¿Qué riesgos entraña que una compañía de este perfil trate de extraer petróleo en un país en situación de guerra, como Sudán del Sur?

El primero es la opacidad accionarial. No solo porque vulnera la ley sursudanesa; también porque no sabemos quiénes se benefician de la compañía, ni cuál es su relación con el poder político y militar en el país. En resumen, la opacidad de Star Petroleum es un serio riesgo de corrupción. El segundo riesgo es que los acuerdos relacionados con los recursos naturales amenazan la estabilidad del país en este momento tan frágil. Sudán del Sur necesita inversiones de alta calidad canalizadas a través de instituciones fuertes que rompan con la corrupción y la mala gestión del pasado. Simplemente no sabemos lo suficiente sobre Star Petroleum para juzgar si cumplen con esos requisitos. Y el Gobierno de transición todavía no ha establecido instituciones transparentes en las que puedan confiar sus ciudadanos.

Por último, este tipo de acuerdos requieren de un fuerte compromiso con las comunidades locales para asegurar que las actividades de la compañía no dañan ni perturban sus vidas. Casi una cuarta parte de la población de Sudán del Sur, 2,3 millones de personas, se ha visto desplazada y el país afronta una inseguridad alimentaria generalizada. Esta situación implica que ese compromiso con la comunidad no sea posible en amplias zonas del país, y particularmente en la región petrolera del Alto Nilo. Global Witness ha recomendado una moratoria a las adjudicaciones de concesiones bajo esas circunstancias.

¿Cuál es la situación actual del país?

Sudán del Sur se encuentra bajo un Gobierno de transición después de dos años de conflicto brutal. El acuerdo de paz fijaba un ambicioso programa de reformas para la celebración de elecciones en 2018. Es un momento tenso y frágil, en el que los rivales políticos deben encontrar la forma de trabajar juntos, y de forma que beneficie a todos los ciudadanos. Esta es una oportunidad para que los líderes sursudaneses se aparten del estilo de Gobierno practicado desde la declaración de independencia, caracterizado por la corrupción, el mecenazgo político y las rivalidades tóxicas entre las élites, que han minado la estabilidad y la construcción de un Estado democrático.

Sin embargo, ya hay señales de falta de compromiso con la paz. La violencia continúa en todo el país y se han abierto nuevos escenarios de guerra en el sur. Y se han retrasado repetidamente reformas clave, incluyendo el establecimiento de un Gobierno de transición.

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