Pagar por retrasar el ajuste

El pasado 20 de marzo, menos de un mes después del ataque de EEUU e Israel contra Irán del 28 de febrero, el gobierno español aprobó un Real Decreto-Ley (RDL), con un “plan integral” de respuesta a dicha crisis. El paquete, aprobado con una rapidez inusitada en comparación con otras crisis, constaba de 80 medidas, algunas de “escudo social”, para proteger a la población más vulnerable, otras de apoyo a los sectores económicos más afectados, otras, las menos, dirigidas a favorecer el ahorro energético y otras para impulsar las energías renovables y la electrificación.

Pero las más discutidas, y de mayor coste fiscal, fueron las rebajas fiscales para abaratar los carburantes (gasóleo y gasolina) y las rebajas de impuestos sobre la electricidad (IVA, impuesto especial e impuesto sobre el valor de la producción, IVPEE). Aunque las segundas tenían un pase, dentro de la filosofía general de apoyo a la electrificación de la economía, las primeras, las rebajas de los carburantes, no tenían razón de ser económica, porque suponían una contradicción con la electrificación y con el deseo de favorecer el ahorro de energía fósil, dado que se impedía que los consumidores recibieran la señal de precios, y no protegía a los consumidores más vulnerables, que, en general, utilizan el transporte público.

La única justificación a estas rebajas fiscales era política. El deseo de agradar a Junts para conseguir su convalidación en el Congreso, y por la presión del PP, que recomienda bajadas generalizadas de los impuestos cuando están en la oposición, pese a que la Comisión Europea nos ha llamado repetidamente la atención por nuestra baja fiscalidad de la energía fósil, incluso antes de las rebajas del RDL de marzo.

Pero si las medidas fueron sorprendentes y contradictorias, desde un punto de vista económico, la salida de las mismas ha desconcertado a todos los economistas. En efecto, tal y como estaba previsto, el pasado 1 de junio, hace un mes, el gobierno recuperó los impuestos sobre la electricidad, dado que la luz había subido menos del 15% que indicaba el decreto (de hecho, el precio de la electricidad cayó durante el mes de mayo). A casi nadie le pareció mal la recuperación de estos impuestos, más allá de los que defendemos que los impuestos sobre la electricidad deberían ser lo más bajos posible, dentro de lo razonable. En este sentido, una buena noticia del nuevo RDL es que planea la eliminación progresiva del IVPEE, instaurado por el Gobierno de Rajoy en 2012, lo que ayudará a rebajar el precio estructural de la electricidad.

Pero lo llamativo es que, tal y como explicitaba el viejo RDL, durante junio ha coexistido esa recuperación de impuestos sobre la electricidad con el mantenimiento de la rebaja fiscal sobre los carburantes (gasóleo y gasolina), que no vencía hasta el 1 de julio. Es decir, justo lo contrario de la filosofía de favorecer la electrificación frente a los combustibles fósiles. Y, lo que es peor, llegada esta fecha, no ha habido una recuperación de la fiscalidad anterior a la crisis. Es verdad que el IVA de los carburantes ha vuelto al 21%, pero se reduce el impuesto especial sobre hidrocarburos en 15 céntimos por litro en julio, y se establece un esquema gradual de retirada de la subvención: 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. Todo esto con una cláusula de salvaguarda que señala que, si el precio del petróleo volviera a dispararse, se retomarían las rebajas fiscales originales. Es decir, se convierte en estructural lo que era un despropósito coyuntural.

En cualquier caso, lo que más sorprende de esta “salida gradual” ocurre cuando el precio del crudo se encuentra en la actualidad en niveles muy parecidos a los que había antes de la crisis de Irán. Así, el barril de Brent, nuestra referencia europea, se sitúa hoy en 72 dólares el barril, que, es más o menos, el precio que alcanzó la semana antes de los ataques sobre Irán. Es verdad que el coste del refino se ha disparado como consecuencia de los ataques sobre las infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico y el prolongado bloqueo del Estrecho de Ormuz. Pero ello no justifica la prolongación de unas ayudas costosas cuando la causa primaria de la crisis, el precio del petróleo, ya ha vuelto a sus niveles anteriores al conflicto.

¿Y cuál ha sido el coste de estas rebajas fiscales? Las del RDL de marzo se estimaron en unos 3.500 millones de euros. Las del segundo paquete se estiman en unos 1.200 millones adicionales, acumulando los 3 meses en lo que va estar, en principio, vigente. ¿Cómo ha reaccionado el precio de los combustibles a todas estas medidas? En el Gráfico presento, a doble escala, el índice de precios de la gasolina de 95 octanos (para el gasóleo el gráfico es similar) en España y EEUU.

Así ha evolucionado el precio de la gasolina en España y Estados Unidos desde febrero

Índice de evolución del precio de la gasolina 95 en España y EE.UU.

Fuente: Gobierno de España y FRED

En las 3 semanas transcurridas desde el ataque sobre Irán al primer RDL de marzo, la gasolina subió más de un 20%. Pero con las medidas y la evolución del precio del petróleo, el impacto sobre el precio final ya se había hecho nulo a finales de abril. Es decir, el consumidor no había recibido ninguna señal de precios, ni ningún incentivo para ahorrar o para electrificarse.

Pero es que, dada la evolución del Brent cuando se percibió que el final del conflicto ya estaba cerca, el precio de la gasolina se situó incluso por debajo del que había antes del conflicto. Y todo ello por una “subvención” pagada por los contribuyentes. Con la recuperación parcial de los impuestos, el litro la gasolina ha subido unos 9 céntimos, pero apenas está un 4% por encima del nivel precrisis. Y el gasóleo lo ha hecho incluso menos, unos 5 céntimos el litro.

Si se hubieran recuperado todos los impuestos, la gasolina estaría en 1,64 euros el litro, un 11% por encima del nivel de febrero. Pero ya habría terminado el ajuste y el coste fiscal asociado al mismo. Ahora tendremos unos “escalones” en el precio de los carburantes hasta octubre de 2026. Y eso significa que la tasa de inflación anual del IPC se verá afectada hasta octubre de 2027, que es cuando se producirá el “efecto-salida”.

En EEUU han apostado por otro modelo: dejar que los consumidores reciban todo el impacto del coste de la energía y reduzcan su consumo. Sin coste fiscal. Y el impacto sobre el IPC quizás haya sido mayor, pero ha terminado en mayo y, a partir de ese mes, se empezará a notar la reducción de las tasas mensuales y, en un año, de las tasas anuales. En España, por el contrario, hemos optado por demorar el ajuste. Y pagar por ello.