El principal acusado de Ausbanc pide suspender el juicio por partir de un “montaje policial” de Villarejo y el BBVA

Luis Pineda, el principal acusado en el procedimiento abierto contra la falsa asociación de consumidores Ausbanc, ha pedido este miércoles que se anule la causa abierta contra él y otros nueve acusados por derivar de un “montaje policial” encarnado por el BBVA y el comisario jubilado José Villarejo, que está en prisión preventiva desde hace más de dos años acusado de liderar la organización criminal que se investiga en la Operación Tándem.

Durante el trámite de cuestiones previas de la vista oral fijada en la Audiencia Nacional, la defensa de Pineda ha asegurado que Villarejo y el BBVA están detrás de la denuncia que dio origen a este procedimiento. Es más, ha asegurado que ese documento, al que se ha referido como “falsa denuncia anónima”, está en uno de los ordenadores incautados en el domicilio del comisario y que así lo puede probar.

El BBVA, que denunció a Pineda por extorsión, decidió el pasado verano no seguir adelante con la acusación al considerar que puede ser una “distracción innecesaria que dificulte el proceso”, según El País. La entidad ha copado en los últimos meses muchos titulares como consecuencia de la investigación que tiene abierta en la Audiencia Nacional por haber contratado los servicios de Villarejo. De hecho, el banco recurrió supuestamente al policía para acabar con el supuesto chantaje al que le sometía la entidad de Pineda y habría pagado a a sus empresas más de cinco millones de euros entre enero de 2012 y abril de 2017.

Miguel Durán, abogado de Pineda, ha atribuido un papel “determinante” al policía y a sus contactos en el Cuerpo en el intento de la entidad financiera de “neutralizar” a Pineda por su supuesta actividad contra las prácticas bancarias abusivas. “Villarejo montó el operativo con el BBVA y, con el concurso favorable de la UDEF, metieron la presión necesaria a la Fiscalía para que hiciera suya la denuncia y se pusiera en marcha la operación judicial”, ha dicho Durán, que ha remarcado que la entidad se sirvió de “estructuras policiales y parapoliciales” para poner en marcha el procedimiento.

A su juicio, estas circunstancias chocan con las “mínimas exigencias del Estado de derecho” y deben tener como consecuencia la “nulidad plena” de la causa. En caso de que el tribunal no acepte esta petición -que preside la magistrada Ángela Murillo-, Durán ha solicitado que al menos se suspenda la vista hasta que se levante el secreto de sumario sobre la pieza relativa al BBVA en el caso Villarejo. “El tribunal trabajará en vano si se demuestra que Villarejo es la salsa de todo este guiso”, ha señalado el letrado.

La defensa de Bernad, ejercida por el letrado José María Bueno Manzanares, también ha aludido durante su intervención a esas sombras de connivencia entre el comisario ahora encarcelado y la Policía. Ha reclamado que el tribunal pida un exhorto al instructor del caso Villarejo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, para que diga si consta que la denuncia que dio origen a esta causa está en uno de los ordenadores personales incautados a Villarejo y si se hizo “por petición” del BBVA.

Pineda se sienta en el banquillo de los acusados como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de Ausbanc. La Fiscalía considera que con esa organización amenazaba a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles si no aceptaban sus peticiones económicas, que se materializaban a través de pagos desorbitados en concepto de publicidad en unas revistas que casi nadie leía. También les exigía dinero por retirar querellas. Solicita para él 119 años de prisión y una multa de 10,3 millones de euros por los delitos de extorsión, estafa, blanqueo, organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública.

Su principal colaborador era Bernad, que promovía a través de Manos Limpias las actuaciones en los tribunales con las que Pineda reforzaba sus supuestas coacciones. Se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel por los delitos de organización criminal y estafa. Por los mismos delitos está implicada en la causa la abogada Virginia López Negrete, que llevó la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos en nombre del pseudosindicato. La letrada tenía un puesto clave en la trama porque dirigía las citadas actuaciones penales. En el banquillo se sientan también otros siete altos cargos de Ausbanc.

La investigación policial cifró en 39 millones de euros los ingresos que logró Pineda a través del chantaje a los bancos que practicó durante diez años. También recibió 5,99 millones en subvenciones entre 2004 y 2014, mientras que su tercera fuente de ingresos eran las cuotas de sus usuarios.