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Las reclamaciones contra Técnicas Reunidas en el exterior se duplican hasta 1.553 millones

El presidente de Técnicas Reunidas, Juan Lladó.

Antonio M. Vélez

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El importe de las reclamaciones contra Técnicas Reunidas fuera de España de clientes y proveedores se duplicó en 2023 hasta superar los 1.500 millones de euros, según las últimas cuentas anuales remitidas por el grupo de ingeniería a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC).

En concreto, el importe de las disputas judiciales y arbitrales con clientes y proveedores del grupo de ingeniería ha pasado en un año de 764 millones a 1.553 millones, por diversos litigios en Argelia, Arabia Saudí, Reino Unido y Finlandia.

La explicación está fundamentalmente en Argelia y, en mucha menor medida, en Arabia Saudí. La cifra supone un tercio de las ventas que espera alcanzar Técnicas Reunidas en 2024, del orden de 4.500 millones, frente a los 4.135 millones de 2023, un ejercicio en el que la compañía, que en 2022 fue rescatada por el Estado con 340 millones a través del fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), salió de pérdidas y registró un beneficio neto de 59,7 millones, tras los números rojos de 34,5 millones de 2022.

En el caso de Argelia, la cantidad se ha disparado hasta 858 millones, frente a los 200 millones que le reclamaban a cierre de 2022, en el marco de una disputa por la construcción de una planta allí. La compañía española inició un arbitraje en mayo de 2022 tras la ejecución de unos 80 millones en avales por parte de GTG (consorcio de Sonatrach y Neptune Energy), “coincidiendo con la tensión diplomática entre España y Argelia y a pesar de que la aceptación provisional de la planta se había realizado dos años atrás”.

La ejecución de esos avales se realizó tras el inesperado giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara y Marruecos. Se trata de la mayor reclamación abierta por Argelia contra una empresa española desde ese episodio, que tensó al máximo las relaciones bilaterales con el primer proveedor de gas de nuestro país.

Sobre este asunto, el Gobierno asegura en una reciente respuesta parlamentaria que “las autoridades españolas y de la Comisión Europea están trabajando en una respuesta conjunta” ante “las decisiones de las autoridades argelinas sobre el comercio bilateral y sobre la actividad de las empresas españolas”. Exteriores trabaja en Argel para intentar “que las medidas adoptadas por el Gobierno argelino tengan el menor impacto posible”.

En Arabia Saudí, tradicionalmente uno de los principales mercados del grupo que fundó el exministro José Lladó Fernández-Urrutia, fallecido hace unas semanas, las reclamaciones contra Técnicas Reunidas se han más que duplicado, hasta 230 millones. Allí el grupo ya tenía desde septiembre de 2021 un arbitraje abierto por un subcontratista, Bemco, que le reclama “costes adicionales de 118 millones de dólares debido a supuestos incumplimientos del subcontrato”.

En octubre pasado, otro subcontratista, PCMC, promovió otra reclamación por importe de 132 millones de dólares también por supuestos incumplimientos. La española los rechaza y solicitará en el procedimiento que la otra parte sea condenada a abonarle costes por incumplimientos “así como las penalidades por retraso”.

En Finlandia, Técnicas Reunidas arrastra desde 2021 otro litigio planteado por KPP, un consorcio de Nestlé, Borealis y Veolia, por retrasos en la construcción de una central eléctrica allí. KPP interpuso arbitraje exigiendo las penalidades estipuladas en el contrato (40 millones de euros, ya satisfechos mediante la ejecución de avales), y una compensación de otros 165 millones por costes adicionales y daños derivados de la resolución del contrato. Técnicas Reunidas ha interpuesto contrarreclamaciones de 150 millones solicitando indemnizaciones por la terminación infundada del contrato y por modificaciones.

El grupo ya tiene provisionado este litigio en Finlandia, al igual que el que le enfrenta a MGT Teeside, una entidad creada por los fondos Macquarie y PKA, por un proyecto adjudicado en Reino Unido a un consorcio de Técnicas Reunidas y Samsung C&T que fue cancelado en mayo de 2021 “en un momento en el que la construcción se encontraba con un avance superior al 99%”.

La ejecución de los avales se utilizó para financiar la finalización de la obra y los importes pendientes de pagar al consorcio e inmediatamente, la española y su socio iniciaron un procedimiento arbitral, “alegando que la cancelación del contrato fue ilegítima y exigiendo la restitución de los montos sustraídos por los avales ejecutados, el abono por los trabajos finalizados aún no certificados y una compensación por las repercusiones económicas del covid-19”.

Actualmente, las demandas de la española y la coreana suman 195 millones de libras esterlinas. MGT “exige 223 millones de libras esterlinas, habiendo ya percibido 118 millones mediante la ejecución de avales”.

Además de estos litigios, Técnicas Reunidas tiene sobre la mesa “una serie de litigios menores principalmente con subcontratistas” correspondientes a proyectos en Malasia, Noruega, Finlandia, Arabia y Kuwait. “De acuerdo con los informes internos y periciales de terceros independientes que se actualizan semestralmente, no se esperan desenlaces negativos, por lo que no se han dotado provisiones”. La compañía ha declinado comentar este asunto.

Pese al fuerte incremento de los litigios fuera de España, el importe solicitado en concepto de reclamaciones que el grupo reconoce en sus cuentas en la cuenta de “clientes y cuentas a cobrar” ha descendido de forma acusada en 2023, al situarse al cierre de ese ejercicio en 1.032 millones, frente a los 1.584 millones de 2022 y los casi 2.000 millones de 2021. El 82,3% de esa cifra correspondía a Oriente Medio, el 11,8% al área geográfica del Mediterráneo, Europa y Asia, y el 6% a América.

En España, Técnicas Reunidas ya tiene resuelto a su favor el multimillonario litigio que tenía abierto con la Agencia Tributaria por el tratamiento de las uniones temporales de empresas en el exterior. A cierre de 2023, el grupo tenía todavía depositados avales por inspecciones de la Administración Tributaria por importe de 157,8 millones (130,4 millones de cuota y 27,5 millones de intereses de demora).

Impacto de Ucrania

La compañía reconoce en documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el conflicto bélico en Ucrania ha impactado “con fuerza” en sus operaciones. Primero, porque las sanciones de la UE y otros organismos propiciaron la cancelación de un proyecto en Moscú con Gazprom de 234 millones que ya se había iniciado con “un grado de avance del 4,75%”.

Y también porque la invasión “ha afectado de forma significativa a la estabilidad de los mercados, especialmente en áreas próximas a las del conflicto”, con disrupciones importantes en toda la cadena de suministro de la industria de ingeniería y construcción en el sector energético y “una significativa inestabilidad de las ofertas de los proveedores y falta de disponibilidad de los recursos”. En este caso, el impacto ha sido de unos 50 millones, que se ha descontado del beneficio estimado final de los proyectos que se reconocen por grado de avance. 

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