Sánchez anuncia medidas de apoyo a trabajadores y de liquidez para empresas para el próximo Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado este sábado un real decreto ley que regula el estado de alarma en España por la epidemia del coronavirus, con importantes restricciones a la movilidad de los ciudadanos. El presidente del Gobierno ha anunciado tras la reunión que el Ejecutivo aprobará en el próximo Consejo un segundo paquete económico, con medidas de apoyo a los trabajadores y las empresas. El anuncio llega tras numerosas informaciones que apuntaban a un fuerte debate en el Consejo de Ministros sobre cuándo y cómo aplicar las medidas económicas.

Pedro Sánchez ha introducido las principales líneas de actuación económicas del próximo Consejo de Ministros antes de profundizar en los detalles del decreto del estado de alarma. El presidente ha explicado que habrá “cuatro grupos de medidas”. En primer lugar, iniciativas de apoyo a los trabajadores, entre los que ha mencionado expresamente a los autónomos, también a las familias y los colectivos “más vulnerables” de la población afectados por la epidemia.

En segundo lugar, Sánchez ha aludido a la “flexibilización” de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), para “evitar los despidos” definitivos en el mercado de trabajo.

A continuación, medidas de “apoyo a actividad económica y a las empresas para garantizar la liquidez”, para que puedan superar el parón económico ligado a la contención del virus. Y, por último, Sánchez ha afirmado que se invertirá en el “apoyo a la investigación y a la vacuna del coronavirus”.

El presidente del Gobierno ha apuntado que impacto económico de esta crisis sanitaria va a ser de “envergadura”, con “mucha gente damnificada por las medidas”. El Ejecutivo va a hacer “todo lo que esté en nuestra mano para amortiguar los efectos de esta crisis”, ha asegurado Sánchez.

Las ayudas y cambios sobre la mesa

De las palabras de Pedro Sánchez y las reclamaciones difundidas estos días por los sindicatos y patronal, así como las organizaciones de autónomos, se pueden detectar varias ayudas y medidas que están sobre la mesa del Ejecutivo de cara al próximo Consejo de Ministros.

Del lado de los trabajadores, los sindicatos y organizaciones de autónomos reclaman que se garanticen los ingresos de la población en este momento de parón económico, en el que muchos asalariados pierden su empleo y los autónomos se quedan de la noche a la mañana con ingresos cero. Entre las medidas exigidas, que las suspensiones temporales de los contratos (ERTE) permitan cobrar el paro sin consumir los derechos generados en prestación por desempleo. Sindicatos y patronal han pactado incluso que se permita cobrar paro a trabajadores que aún no han generado derecho a paro, dada esta situación excepcional. En cuanto a los autónomos, que se garantice la prestación por cese de actividad.

Además, está pendiente de aprobación la nueva prestación para que las personas que no tengan acceso al teletrabajo puedan cuidar a sus hijos durante esta crisis sanitaria, que adelantó el ministro José Luis Escrivá. Hay muchas dudas al respecto: desde su cuantía, quiénes podrán percibirlo y si también cubrirá el cuidado de personas mayores dependientes, entre otras.

Respecto a las empresas y autónomos, las peticiones de los afectados apuntan básicamente hacia las moratorias fiscales, así como bonificaciones en las cotizaciones que empleadores y trabajadores por cuenta propia pagan a la Seguridad Social. También reclaman ayudas y créditos ventajosos que permitan a las compañías tener liquidez en estos momentos críticos. La clave, apuntan en estos días desde las organizaciones de autónomos y patronales, pasa por mantener a flote a las empresas durante ese periodo excepcional, para garantizar su supervivencia cuando se recupere la normalidad en la actividad económica.

Medidas laborales que se hacen esperar

Estas medidas laborales más destacadas no se han incluido todavía en los primeros paquetes aprobados por el Consejo de Ministros, pese a ser anunciadas por el Gobierno. Esto ha generado malestar en los sindicatos, apuntan fuentes de las centrales mayoritarias. “No caben más demoras. Hay que actuar protegiendo a las personas. Y hay que hacerlo ya”, han insistido UGT y CCOO en un comunicado conjunto este sábado por la noche tras conocer que no salían adelante hoy ninguna de sus propuestas.

El martes, en la reunión ordinaria de los miembros del Ejecutivo, se aprobó un real decreto por el que toda ausencia de trabajadores por contagio o cuarentena preventiva debida al coronavirus se considera como una baja asimilada a un accidente de trabajo. La otorga más protección a los trabajadores respecto al criterio inicial de la Seguridad Social, que lo consideró baja por enfermedad común: la prestación es del 75% de la base reguladora desde el primer día siguiente a la baja, en lugar del 60% a partir del cuarto día. Además, las bajas por accidente profesional descargan del coste a los empresarios, ya que corre a cargo de la Seguridad Social desde el primer día.

Ese mismo martes se anunció un Consejo de Ministros extraordinario para el jueves, en el que los agentes sociales esperaban un real decreto laboral y de protección social. Entre otros motivos, por las propias palabras del presidente Sánchez en la noche del martes, que situaban las iniciativas de protección de los trabajadores como el primer de cuatro pilares de actuación de su plan de choque contra la epidemia. También, por el anuncio de la nueva prestación por parte de Escrivá.

Pero llegó el jueves y no salieron adelante ninguna de ellas. Mientras estaba aún reunido el Consejo de Ministros, los sindicatos y la patronal publicaron un comunicado conjunto con las medidas laborales que ambas partes consideran “urgente” implementar. Entre ellas y como prioridad, que se agilicen los ERTE (ERE temporales) para evitar la destrucción definitiva de puestos de trabajo y que los expedientes no consuman el paro de los trabajadores. Fuentes de Trabajo habían afirmado en los días previos que el Gobierno estaba negociando con los agentes sociales la respuesta a la epidemia y que había “bastante consenso”.

El Consejo extraordinario del jueves sí aprobó un primer plan económico para paliar los efectos del coronavirus, con otras medidas. El Gobierno autorizó 3.800 millones para gasto sanitario y aplazó 30.000 millones de euros en impuestos a pymes y autónomos, que el Ejecutivo calcula que aporta una liquidez de 14.000 millones al sistema económico. A nivel laboral, el decreto incluyó bonificaciones para los trabajadores indefinidos no fijos del sector turístico.